El 'premio' por retrasar la jubilación ronda los 20.000 euros de media

El importe medio del cheque en forma de pago único que está abonando actualmente la Seguridad Social por demorar la jubilación más allá de la edad legal ronda los 20.000 euros. Así lo aseguraba esta semana el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo.

Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, Arroyo explicaba que este cheque está siendo solicitado mayoritariamente por pensionistas con rentas bajas, lo que puede deberse, ha dicho, a que optan por cobrar de golpe el beneficio de retrasar su jubilación para, por ejemplo, no tener que pedir un crédito a una entidad financiera.

La primera pata de la reforma de pensiones, en vigor desde el pasado mes de enero, ofrece a los trabajadores que retrasen su jubilación la posibilidad de mejorar su pensión mes a mes o cobrar todo ese beneficio en un pago único, una opción que Seguridad Social decidió ofrecer tras encuestar a personas próximas a la edad de jubilación.

Arroyo señala que este incentivo en forma de pago extraordinario está resultando atractivo para perfiles más variados de pensionistas y, aunque su importe medio alcanza los 20.000 euros, la Seguridad Social ha llegado a pagar en algún caso más de 100.000 euros a trabajadores que demoraron su retiro más de diez años.

"No es lo mismo que te suban 50 euros cada año la pensión de jubilación que te den de golpe 8.000 euros. Pensamos que este elemento hará que se opte más por esta posibilidad de retrasar la jubilación, aunque lo fundamental ha sido la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa en la negociación colectiva", explica.

El secretario de Estado apunta que la proporción de pensionistas que demoran la jubilación y eligen el cheque único ha crecido "rápidamente" y suponen ya prácticamente la mitad de los que tienen derecho a este incentivo por retirarse más tarde del mercado laboral. Pese a ello, avanza que el Ministerio lanzará "en breve" campañas informativas para impulsar esta medida.

Este impulso a la demora de la jubilación es uno de los efectos de la primera pata de la reforma de pensiones y se notará en mayor medida el próximo año, según Arroyo. No obstante, insiste en que "los grandes impactos de la reforma" se verán a largo plazo.

"La reforma del sistema de pensiones tiene un efecto muy a largo plazo y es muy difícil ver sus efectos en el corto plazo. Cuando están bien diseñadas no tienen impacto en el corto plazo, de lo contrario es que se han hecho en un ataque de pánico. Tienen que tener un impacto gradual y amplios periodos transitorios para dar estabilidad y que los trabajadores sepan a qué atenerse", argumenta.

 

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo

Subir las pensiones con el IPC

Arroyo también defiende la medida 'estrella' de la reforma de pensiones: su revalorización con el IPC, y añade que, en el actual contexto inflacionista, sería "inaceptable" que no se le subieran las pensiones a las personas mayores conforme a la inflación porque es cuando lo más necesitan.

"Es imposible no hacer esa subida. Lo contrario supone que los perjudicados por una situación externa que no es culpa de ellos sean los pensionistas", considera Arroyo, que denuncia que a veces "se interpreten" las palabras del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, con titulares que él "no ha escuchado ni leído" en sus discursos.

En todo caso, advierte de que "no se puede condicionar el diseño de la reforma de pensiones a cómo esté la inflación en un momento dado" y que esto debe observarse con "luces largas", pues el pico actual de la inflación es "coyuntural" y el Banco de España también lo prevé así.

"Hemos tenido suerte de que esta reforma se haya aprobado antes del pico de inflación que tenemos. Si este pico se hubiera producido sin esta reforma, hubiera sido difícil negociar esto (la subida de las pensiones). Veremos en qué queda la inflación media, pero las previsiones apuntan a un 6% ó un 7% de media", afirma.

El secretario de Estado reconoce que trasladar las recomendaciones del Pacto de Toledo a la reforma de pensiones ha tenido y tiene su dificultad por el "cierto grado de vaguedad", por otra parte "lógico", de las propias recomendaciones.

En cuanto a las consideraciones de Bruselas sobre la reforma de pensiones, Arroyo asegura que "la evaluación" sobre la reforma "no puede ser más positiva".

 

Autónomos

En relación a la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para que el colectivo cotice en función de sus ingresos reales, Arroyo explica que se sigue negociando con los agentes sociales y las organizaciones de autónomos "con la idea de que esto entre en vigor en 2023 y esté culminada esa cotización por ingresos reales en nueve años".

El secretario de Estado admite que ésta es una reforma "particularmente compleja" porque se necesita "unificar" los procesos técnicos y administrativos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. "Eso tiene una complejidad técnica enorme", subraya.

Asimismo, apunta que también está "limitando mucho" el diseño de este nuevo sistema de cotización el hecho de que "hay muchos autónomos que declaran ingresos muy bajos", y deja claro que la idea es que el colectivo cotice en función de sus rendimientos netos, es decir, de lo que ganan, no de lo que ingresan.

"Es una negociación muy compleja, pero avanza a buen ritmo y vamos a cumplir los objetivos que nos habíamos fijado. Tenemos una ventana de oportunidad y los implicados estamos dispuestos a utilizarla", afirma.

Preguntado porque se vaya a exigir a los autónomos una declaración sobre su previsión de ingresos, el secretario de Estado dice que para que el autónomo que gane menos pague menos, "tiene que haber una comunicación", una previsión de ingresos, que podrá modificar hasta seis veces al año para poder ajustar lo que cotiza a lo que estima que ingresará.

Finalizado el ejercicio fiscal, Arroyo explica que se hará un cruce entre lo cotizado y lo declarado a Hacienda para ver si se ha cotizado de más o de menos. En el primer caso, se le devolverá lo que ha pagado de más y en el segundo, se tendrá que abonar la diferencia. "Para el autónomo esto debería ser sencillo, porque no es muy distinto a lo que hace cuando declaran el IVA", indica.

Arroyo afirma además que no es intención del Gobierno que los autónomos tengan que hacer más papeleo, por lo que el Ministerio está desarrollando aplicaciones para que puedan hacer esa previsión de ingresos sin tener que recurrir, por ejemplo, a un gestor administrativo. "Pero tiene que haber ese aumento de la información, es necesario, porque es consustancial al sistema", señala.

El secretario de Estado defiende que, si hubiera estado en vigor esta reforma durante la crisis del Covid, los trabajadores autónomos "hubieran pagado menos" en cotizaciones por la bajada de sus ingresos. "Esta reforma es muy buena para cuando haya esas crisis", concluye..