Los afectados por el 'dieselgate' tienen derecho a reclamar una indemnización a los fabricantes de automóviles equipados con dispositivos de manipulación de emisiones. Así lo ha ratificado este jueves el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Athanasios Rantos.
El letrado ha explicado en sus conclusiones –publicadas este jueves y que no son vinculantes de cara a la futura sentencia-– que los Estados miembro son responsables de definir los métodos de cálculo de dicha indemnización, que debe ser "adecuada al perjuicio sufrido".
En sus conclusiones el Abogado General ha señalado que el Derecho de la Unión "obliga" a los Estados miembro a establecer que el comprador "tiene derecho a reclamar una indemnización al fabricante de vehículos" si está equipado con un dispositivo de desactivación "prohibido" y, ha añadido, que los países UE deben establecer "sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias".
Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz
El caso viene a raíz de una denuncia de un comprador de un modelo de Mercedes-Benz de ocasión equipado con un sistema de recirculación de los gases de escape provisto de una ventana térmica que presentó una demanda contra el fabricante ante el Tribunal Regional de lo Civil y lo Penal de Ravensburg (Alemania).
La ventana térmica permite reducir el porcentaje de recirculación de los gases de escape cuando las temperaturas exteriores son más bajas, lo que provoca un aumento de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), por tanto, según el tribunal alemán, esta ventana térmica constituye un dispositivo de desactivación de emisiones prohibido.
En este marco, el tribunal de Ravensburg ha dirigido la pregunta al Tribunal de Justicia de la UE para determinar si se puede reclamar al vendedor aunque no haya constancia de que actuó con dolo y cómo calcular esa compensación.
En su dictamen, Rantos ha valorado que la normativa de la Unión relativa a la homologación defiende los intereses del comprador particular del vehículo, ya que mediante el certificado de conformidad CE el fabricante garantiza que cumple con las exigencias del Derecho de la Unión.
