Consumir siendo mayor en 2026: edadismo silencioso en el acceso a servicios

En España puede llegar un momento en el que abrir una cuenta bancaria, pedir cita médica o realizar una gestión básica se vuelva más difícil que nunca. No porque la persona haya perdido derechos. Sino porque el sistema empieza, sencillamente, a dejar de pensar en ella.

Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha destinada a recordar que quienes adquieren bienes o utilizan servicios deben hacerlo en condiciones de seguridad, transparencia e igualdad.

Sin embargo, en una sociedad que envejece aceleradamente, empieza a hacerse visible un fenómeno que rara vez aparece en estos debates: el edadismo en el consumo.

En los últimos años, buena parte de los servicios esenciales han experimentado un intenso proceso de digitalización. La relación con las entidades financieras, el acceso a servicios administrativos, la contratación de productos o incluso la solicitud de citas médicas dependen cada vez más de aplicaciones móviles, portales electrónicos o sistemas automatizados de atención.

La digitalización ofrece ventajas indudables, pero plantea una cuestión que ya no puede ignorarse: cuando la tecnología se convierte en la única puerta de acceso, quienes no dominan esas herramientas quedan automáticamente en desventaja. Y esa desventaja afecta especialmente a las personas mayores.

Lo que comienza como una brecha tecnológica termina funcionando, en la práctica, como una forma silenciosa de discriminación por razón de edad en el acceso a bienes y servicios básicos.

Este fenómeno resulta especialmente visible en el ámbito bancario. El cierre de oficinas y la reducción de la atención presencial han transformado profundamente la relación entre las entidades financieras y sus clientes. Para muchas personas mayores, operaciones tan elementales como retirar efectivo, resolver incidencias o realizar determinadas gestiones exigen hoy enfrentarse a cajeros cada vez más complejos, aplicaciones móviles o sistemas telefónicos automatizados.

Algo parecido comienza a suceder también en el ámbito sanitario. En numerosas comunidades autónomas, pedir cita médica exige manejar aplicaciones digitales, navegar por portales electrónicos o superar sistemas de atención automatizados. Para miles de personas mayores, algo tan básico como solicitar una consulta médica puede convertirse en una gestión frustrante que termina dependiendo de terceros.

Cuando estas dinámicas se consolidan, el problema deja de ser tecnológico. Empieza a ser jurídico.

La Constitución española ofrece un marco claro para abordar esta cuestión. El artículo 10 sitúa la dignidad de la persona como fundamento del orden político y social. El artículo 14 consagra el principio de igualdad. El artículo 50 obliga a los poderes públicos a garantizar el bienestar de las personas mayores. Y el artículo 51 establece que los poderes públicos deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos.

Cuando el acceso a servicios esenciales comienza a volverse progresivamente más difícil para una parte de la población por razón de edad, la cuestión deja de ser una simple consecuencia de la innovación tecnológica. Empieza a revelar un fallo estructural en la forma en que organizamos el acceso a derechos básicos en una sociedad que envejece.

España, además, se encuentra ante una transformación demográfica profunda. Las personas mayores constituyen ya uno de los grupos de consumidores más numerosos y con mayor peso económico. Ignorar sus necesidades no es solo una injusticia social. Es también una grave miopía económica.

El progreso tecnológico no puede convertirse en una excusa para dejar atrás a quienes construyeron esta sociedad. Si acceder a tu dinero, a tu médico o a servicios básicos se vuelve más difícil con la edad, el problema no es la tecnología. El problema es el edadismo.

Y frente a ello, cada vez somos más los juristas que entendemos que esta realidad no puede seguir normalizándose. Porque cuando la organización de los servicios acaba excluyendo a una parte de la ciudadanía por razón de edad, el Derecho no puede limitarse a observar. Debe actuar.

Quienes creemos en la dignidad, la igualdad y la protección efectiva de las personas mayores tenemos claro que este será uno de los grandes debates jurídicos de los próximos años. Y a los juristas sensibles a esta realidad, nos encontrarán en esa batalla.