Se entiende por envejecimiento la proporción de personas mayores de una edad x (generalmente x = 65 años) respecto a la población total, mientras que la longevidad se mide por el número de personas mayores de esa edad x.

Pues bien, en el índice de envejecimiento no influye la mortalidad anterior al momento en el que se realiza la medida, mientras que en la longevidad el peso de la mortalidad pasada y presente es decisivo.

El 1 de enero de 2018 el porcentaje de personas de 65 años y más era el 19,2%, ligeramente por debajo del conjunto de la UE (28 países) que era del 19,7%. Conviene recordar aquí que en 1974 esa proporción era de 10,4%.

Con los 80 años cumplidos había en España y en esa fecha el 6,2%, el mismo porcentaje que en Alemania y sólo por debajo de Italia (7,0%). Otro indicador significativo de la estructura por edades es la edad mediana (la mitad de la población tiene más de esa edad y la otra mitad tiene menos edad que esa mediana). En enero de 2018 era de 43,6 años, sólo por debajo de Italia (46,3 años) y de Alemania (46,0 años).

En esa fecha (1 de enero de 2018) España contaba con una población de 46.658.447 habitantes (40.459.614 nacidos en España y 6.198.833 nacidos en el extranjero). Para más detalle, conviene expresar que los nacidos en el extranjero y residentes en España tenían en la fecha que se cita un índice de envejecimiento mucho menor, el 8,1%, lo cual evidencia el papel “moderador” que sobre el envejecimiento ejerce la inmigración. Sin embargo, los distintos modelos prospectivos que a menudo se publican muestran que las migraciones difícilmente pueden revertir el proceso de envejecimiento que se está produciendo en España y en Europa.

Respecto a la longevidad, basta constatar que el 1 de enero de 2018 había en España caso dos millones (1.975.000) de personas con 80 años y más.

La distribución por edades de la población residente en España está muy lejos de ser homogénea a nivel territorial: la media de edad en Asturias (48,05 años) se coloca más de ocho años por encima de la media española. La siguen Castilla y León con 47,35, Galicia con 47,01 y el País Vasco con 45,17. Desvíos que tienen su expresión financiera en el problema de las pensiones.

El envejecimiento y las fuertes migraciones interiores han llevado a la desertización en buena parte de España, un fenómeno de difícil reversión. Además, en los últimos años esa pérdida de población ha alcanzado también a las ciudades intermedias. En otras palabras: la despoblación de los pequeños pueblos y se ha instalado en muchas ciudades. Tal proceso se ha hecho notar en provincias como Asturias, Jaén o Albacete. Allí, de 2008 a 2018 han perdido habitantes nueve de sus 10 mayores municipios. En cinco provincias de Castilla y León ocho de las 10 mayores localidades han menguado también en esa década. La España que no tiene costa, a excepción de Madrid, se ha dejado por el camino un cuarto de millón de habitantes en la última década.

A pesar de tener mar, El Ferrol ha perdido en esa década el 5,6% de la población, pero Zamora ha perdido más: el 6,3%. Oviedo el 2,9%, Palencia el 3,9, Ponferrada el 3,8%, Segovia el 4,5%... Un desgaste difícil de combatir.

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