La obediencia debida es una figura jurídica que exime de responsabilidad penal a un subordinado por cumplir una orden dictada por un superior jerárquico, dentro del ámbito militar o de la función pública. Se aplica solo si la orden es legítima, formalmente válida y no constituye un delito manifiesto.

Para que se considere válida esta eximente se requiere la existencia de subordinación entre quien emite la orden y quien la recibe, que el superior tenga facultad de dar la orden y el subordinado el deber de ejecutarla dentro de la ley, y que dicha orden no sea contraria a la ley ni manifiestamente ilícita. 

Esta es la teoría mundialmente aceptada, pero de dificilísima aplicación práctica porque, por regla general, quien tiene poder para dar esas órdenes antes ha retorcido el ordenamiento jurídico para protegerse ante cualquier actuación a futuro que pudiera incriminarle.

El ejemplo más actual es el de Venezuela, que en el artículo 25 de su Constitución Bolivariana dice textualmente: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o lo ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que sirvan de excusas órdenes superiores”. Es evidente que esas buenas intenciones quedaron en papel mojado y el poder cayó en una dictadura que llevó a la ruina a uno de los países más ricos en petróleo del mundo.

Pero el caso más conocido fue el Juicio de Núremberg (1945-1946) con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en el que “los militares y oficiales de las SS nazis procesados intentaron excusarse afirmando que no tenían libertad para desobedecer órdenes y que hacerlo habría tenido consecuencias graves, incluida la pena de muerte, alegato que el Tribunal rechazó con contundencia: seguir órdenes ilegales no exime de responsabilidad a quien las ejecuta”. Carlos Sarmiento Sosa en El Nacional del 25-01-2025. 

En España, desde que es presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se nos ha mentido y cambiado la ley a su gusto para autodefenderse y comprar los votos de la ultraizquierda e independentistas, proteger a su familia, a dos consecutivos secretarios generales de su Partido y a un total de más de cien imputados de sus, hasta el momento de saltar la noticia, más íntimos colaboradores, a fin de perpetuarse en el poder por los mismos años que estuvo el régimen franquista.

El último escándalo habido ha sido la invasión de la ciudad de Ceuta por parte de, en teoría, civiles marroquíes y subsaharianos de religión musulmana, la única de todas las existentes que pretende imponer su ideario estancado en el medievo, la sharía, que en la sura V1-22.20 dice: “Estos son dos enemigos (los creyentes y los no creyente, del islam): Combatirles acerca de su Señor. A quienes sean infieles, se les confeccionará un vestido de fuego; desde su cabeza se les verterá agua hirviendo”.

La inmigración descontrolada en España y en Europa no es un hecho de derechas ni de izquierdas, es una realidad de supervivencia. En Europa hay más de cincuenta millones de musulmanes que en una guerra de guerrillas, o de “guerra híbrida” como utilizan los sanchistas para blanquear la situación de conquista sin utilizar armas de fuego, dispuestos a morir por su fe, supondría la muerte de la civilización occidental tal como la conocemos.

Pedro Sánchez y sus asesores, en acertado comentario del politólogo Francisco J. Alonso Rodríguez, “cuando un engaño es modesto o la comete un ciudadano común, la condena es inmediata, tajante y explícita. Se le aplican etiquetas severas y el castigo social o penal no se hace esperar. Sin embargo, cuando la trampa alcanza dimensiones masivas, involucra sumas astronómicas o surge desde las altas esferas políticas, financieras e institucionales, la percepción se altera drásticamente”. Esta es la realidad de la España actual, que sigue manteniendo un Gobierno que en ningún país democrático hubieran consentido los electores, fango y podredumbre alrededor del punto central del círculo presidencial.

Pese a todo ello, algo no debe ir tan bien como nos quieren hacer creer. El sindicato Comisiones Obreras, callados y sin el menor atisbo de reivindicación alguna desde que el sanchismo ocupa el poder a pesar del exagerado incremento de la cesta de la compra, del gas y de la electricidad, ha salido ahora proponiendo un fin de semana de tres días al mes y un incremento salarial del 7% para las plantillas de las entidades bancarias. Esta es una gota en el inmenso mar del sanchismo, pero indicativa de por dónde van a ir los temas de algaradas callejeras si Pedro Sánchez pierde algún día el poder.

El tema de mayor calado en estos momentos es la llamada “ley de nietos” que la exdirectora general de Seguridad Jurídica, Sofia Puente, modificó unilateralmente para ampliar las nacionalizaciones a cualquier persona que lo solicite, cambiando el sentido del voto del pueblo representado en el Parlamento, en contra de lo expresamente rechazado en la tramitación parlamentaria de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, tanto en el Congreso como en el Senado, y contraviene, sin apoyo legal, el Art. 22.2.f) del Código Civil, que regula la concesión de la nacionalidad española por residencia de un año, “a los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles”. 

Los datos estimados por los historiadores más reconocidos en la materia (Dolores Pla Brugat, Javier Rubio, Clara Lida, Vicente Llorens y Jorge Domingo Cuadriello), aun admitiendo una desviación estadística, fijan en cincuenta mil los exiliados reales, cifras muy alejadas de las que ahora se barajan que rebasan los dos millones de personas, a los que se les está concediendo la nacionalidad sin comprobación de ningún tipo ni requisito.

Ante la paralización de la ley por parte del Tribunal Supremo, Sumar ha presentado el pasado 16-09-2026 una enmienda al proyecto de ley orgánica de reforma de la ley de Educación, que no tiene conexión con el contenido de la citada ley, lo que en la jerga parlamentaria se conoce como "enmienda intrusa", por la que plantea modificar un apartado de la ley de Memoria Democrática para conceder el derecho a voto a los descendientes de los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955 por cualquier causa, incluidas las de carácter "económico", y por ello incide en que a todos se les ha de presumir sin más requisitos la condición de exiliados.

El uso de esta ley deja mucho que desear, es más, tiene aspecto de haber retrocedido casi dos siglos, a la caricatura de Tomás Padró Pedret publicada en la revista satírica La Flaca en el año 1872 en Barcelona, en la que se plasma la compra de votos, el uso de matones, el "pucherazo" y la resurrección de muertos en el censo electoral, utilizada por la prensa republicana en el siglo XX y que ahora cobra actualidad porque a través de una ley acomodada a los intereses políticos y personales del régimen sanchista se va a modificar el censo electoral para poder mantenerse en la Moncloa como un Maduro cualquiera.

El otro asunto de rabiosa actualidad son los llegados de forma ilegal a nuestro país, muchos de ellos como frontera de paso a Europa. En contra de todo el mundo, incluida la Unión Europea —la Eurocámara ha aprobado (con el voto en contra de la internacional socialista europea) una resolución que exige a Marruecos que respete de forma incondicional la soberanía y la integridad del territorio español y que España asuma sus responsabilidades en materia de control fronterizo y retornos tras la entrada masiva de inmigrantes— el sanchismo se empeña en dar acogida a todo el que llega, sin ninguna prevención ni cautela, especialmente los llamados "menas" (algunos de ellos tienen la misma minoría de edad que yo). Por reagrupamiento familiar, en poco tiempo, pueden multiplicarse por cinco. Evidentemente entre ellos hay personas honradas y trabajadoras que si se les pidiera la documentación correspondiente estarían mejor atendidas e incorporadas a nuestra cultura. 

Pero muchísimos de ellos han llegado a vivir gratis, a tener una sanidad gratis y a cometer muchos más delitos que los nativos. Son invasores que pretenden vivir a costa de los impuestos de los ciudadanos que se levantan todos los días a las seis de la mañana para ir a trabajar. Aquí es bienvenido todo aquel que aporta honradez y valor añadido, que respeta el uso, la costumbre y las leyes del país que los acoge. Pero que hay que perseguir y penar a quién transgrede esos límites, con más contundencia de lo que ahora se hace porque como sigamos por el camino que llevamos van a ser los ciudadanos los que apliquen su propia ley de autodefensa.

Los datos que siguen a continuación son los oficiales que facilita el INE. El porcentaje de extranjeros sobre el total de la población es del 14,93% y el porcentaje de delitos inscritos cometidos por ese colectivo es del 29,77%, sin tener en cuenta los nacionalizados españoles. Nuestros políticos y las tertulias de opinión sincronizada pueden decir lo que quieran, los miembros del Gobierno atacar a los magistrados y a la independencia del Poder Judicial e insistir en que hay "golpismo" del Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez, pero los números desdicen sus palabras.

A fin del año 2025 la población total era de 49.570.725 personas, total de extranjeros el 14,61% y los nacidos fuera de España el 20,18%.

El total de población en España es de 49.801.559 personas a final del segundo semestre del año 2026, de los que el total de extranjeros es el 14,93% y el total de los nacidos fuera de España (incluidos nacionalizados) alcanza el 20,67%.

Cuando el pueblo eche del poder a Pedro Sánchez de Tetuán, España va a ser un erial en quiebra para quien sea el que coja el testigo.