«No se debe permitir que los inmigrantes vivan de las ayudas sociales», proclaman los carteles propagandísticos de Chega, el partido de extrema derecha de André Ventura, esparcidos por todo Portugal. El eslogan es contundente, emocional y —esto es lo verdaderamente relevante— radicalmente falso. Un estudio reciente del Observatorio Portugués de Migración demuestra exactamente lo contrario: los trabajadores extranjeros no solo no viven de las ayudas, sino que son quienes están financiando las pensiones de los portugueses de mayor edad. Es la gran paradoja demográfica de un país envejecido que necesita desesperadamente a quienes pretende señalar como culpables de sus males. Y es una paradoja que España debería estudiar con atención, porque el espejo portugués refleja, una vez más, nuestro propio futuro.

Las cifras son elocuentes y merecen ser leídas despacio. En 2025, aproximadamente 1,1 millones de extranjeros cotizaron en la Seguridad Social portuguesa porque trabajaban legalmente en el país. Esto supone un aumento del 447% respecto a 2015. Sus aportaciones al sistema han crecido un 763% en el mismo periodo, hasta alcanzar los 4.200 millones de euros anuales, lo que representa el 14% del total de las cotizaciones. Pero el dato más revelador es el saldo neto: la diferencia entre lo que los asegurados extranjeros ingresan y lo que reciben del sistema ascendió en 2025 a 3.300 millones de euros de superávit. Ese dinero —3.300 millones de euros, convíene repetirlo— se destina principalmente a pagar pensiones, prestaciones de desempleo y bajas por enfermedad de los portugueses nativos de mayor edad. Dicho sin eufemismos: los inmigrantes están pagando la jubilación de quienes votan contra ellos.

Portugal es hoy uno de los países más envejecidos de la Unión Europea. Los extranjeros representan ya el 14% de su población —cerca de 1,5 millones de personas—, y su presencia no es un fenómeno marginal sino estructural. Como explica el sociólogo Elisio Estanque, experto en la materia, «la Seguridad Social debe pagar cada vez más pensiones y también han aumentado considerablemente los costes sanitarios. Los extranjeros ayudan significativamente a paliar estos problemas». No se trata de una opinión: se trata de aritmética básica. Sin los trabajadores inmigrantes, sectores enteros de la economía —el turismo, que representa el 20% del PIB; la agricultura de exportación; la restauración; la construcción— tendrían que cerrar. Y el agujero en las cuentas de la Seguridad Social sería sencillamente inasumible.

La situación tiene un componente sanitario que afecta directamente a los mayores. El Livro Branco da Enfermagem, presentado el 16 de mayo en el VII Congreso de Enfermeros de Portugal, revela que al Servicio Nacional de Salud (SNS) le faltan 13.733 enfermeros. Portugal tiene 7,6 enfermeros por cada mil habitantes, por debajo de la media de la OCDE. Más de 1,5 millones de portugueses carecen de médico de familia asignado. El gasto del SNS en medicamentos alcanzó un récord de 4.417 millones de euros en 2025, un aumento superior al 60% desde 2020. Y hay un dato que hiela la sangre: en enero de 2026, unas 2.800 personas —en su mayoría ancianos— permanecían ingresadas en hospitales no por necesidad médica, sino porque no tenían adonde ir. Son las llamadas «altas sociales»: pacientes con alta clínica que no tienen familia disponible, ni plaza en residencia, ni apoyo domiciliario. Ocupan camas caras, se exponen a infecciones hospitalarias e impiden la entrada de otros enfermos. Es el retrato más descarnado de un Estado social en crisis.

La comparación con España resulta inevitable y aleccionadora. Mientras el Gobierno portugués de Montenegro se ha ido alineando progresivamente con las posiciones antiinmigración de Chega —endureciendo las leyes migratorias e intentando limitar la estancia de los trabajadores extranjeros, idealmente a seis meses—, España ha mantenido un discurso oficial que reconoce la inmigración como parte de la solución a sus desafíos demográficos. No es casual que, según reporta la Folha de São Paulo, un número creciente de brasileños esté dejando Portugal para instalarse en España, atraídos por mejores condiciones económicas y un clima político menos hostil. La consecuencia práctica para los jubilados portugueses es directa: cada inmigrante que se va es un cotizante menos que financia su pensión. El populismo antiinmigratorio no es solo moralmente cuestionable; es financieramente suicida para quienes ya están jubilados.

El sociólogo Estanque advierte de que las propuestas de la ultraderecha, a la que el Gobierno se ha alineado de forma creciente, «son inhumanas, nefastas y no ofrecen ninguna solución a los problemas del país». Intentar limitar la duración de la estancia de los extranjeros solo crea nuevas dificultades: «aumenta aún más la predisposición a ser explotados, porque los inmigrantes querrán ganar la mayor cantidad de dinero posible durante su estancia». El resultado es más vulnerabilidad, más economía sumergida y menos cotizaciones al sistema. Exactamente lo contrario de lo que necesita un país cuya Seguridad Social depende, literalmente, de esos trabajadores para pagar las pensiones del mes siguiente.

Hay algo profundamente perturbador en esta ecuación. Portugal tiene hoy una población en la que los mayores de 65 años superan ampliamente a los menores de 15. Su tasa de natalidad es de las más bajas de Europa. Su juventud emigra. Sus hospitales están saturados de ancianos sin red social. Y, sin embargo, la respuesta política dominante —tanto del Gobierno como de la oposición de extrema derecha— es señalar al inmigrante como problema, cuando los números demuestran que es la única solución viable a corto y medio plazo. El economista João Neves, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Leiria, lo resume con una claridad demoledora: «Sin trabajadores inmigrantes, sectores enteros de la economía irían a la quiebra. Hay escasez de trabajadores portugueses. Y no se les encontraría ni siquiera aunque los salarios subieran drásticamente».

Para un español mayor de 50 años, lo que ocurre en Portugal debería ser materia de reflexión urgente. España comparte con su vecino la misma tendencia demográfica, la misma dependencia del turismo, la misma fragilidad del sistema público de pensiones ante el envejecimiento acelerado. La diferencia, por ahora, es de tono: España no ha caído aún en la trampa de convertir al inmigrante en chivo expiatorio de sus carencias estructurales. Pero la tentación existe, y los partidos que promueven ese discurso ganan terreno en cada ciclo electoral. La lección portuguesa es clara y debería grabarse a fuego: en un país envejecido, atacar la inmigración es atacar las pensiones. No hay forma más eficaz de destruir el bienestar de los mayores que expulsar a quienes lo financian. ¿Cuánto tardaremos en aprenderlo?