Montenegro compra tiempo: pensiones y combustibles, en el ojo del huracán portugués
El primer ministro portugués habla a la nación para anunciar medidas contra el alto coste de vida
Hay discursos políticos que nacen de la urgencia y otros que nacen del miedo. El que pronunció Luís Montenegro el pasado jueves 18 de septiembre, en horario de máxima audiencia televisiva, participaba de ambas naturalezas. Quince minutos escasos para reconocer lo que cualquier jubilado portugués sabe cuando va al supermercado o llena el depósito del coche: que la vida se ha encarecido de forma brutal y que las pensiones, una vez más, van por detrás de los precios.
El paquete de medidas presentado por el primer ministro incluye un suplemento extraordinario a las pensiones —200 euros para quienes cobran hasta 537 euros al mes, 150 euros para pensiones de hasta 1.074 euros y 100 euros para las que no superan los 1.611 euros—, una nueva bajada de los tramos del IRPF (IRS, en la nomenclatura portuguesa) del segundo al sexto escalón, y ayudas al transporte para amortiguar la escalada de los combustibles. Son medidas que afectan directamente a más de dos millones de pensionistas y que, en principio, ponen algo de oxígeno en bolsillos asfixiados. Pero, ¿es suficiente?
Los datos invitan al escepticismo. Portugal encadena ya cinco meses consecutivos con una inflación superior al 3%, una secuencia que no se veía desde 2023, según recoge el semanario Expresso. La guerra en Oriente Medio ha disparado los precios de los combustibles —el gasóleo ha superado los dos euros por litro— y el efecto dominó se extiende a la alimentación, la electricidad y prácticamente todo lo que un jubilado necesita para sobrevivir con dignidad. El cabaz alimentar básico ronda los 260 euros mensuales. Hagan la cuenta: si la mitad de los pensionistas portugueses cobran menos de 500 euros, la aritmética de la supervivencia es despiadada.
Lo que Montenegro ha ofrecido es, esencialmente, un parche. El bono extraordinario es una transferencia puntual, no una subida consolidada de la pensión base. No se incorpora al cálculo futuro de la prestación ni sienta las bases de una mejora estructural. Es exactamente lo que el Partido Comunista Portugués denunció el 15 de septiembre al registrar en la Asamblea de la República su propuesta de aumento intercalar de 50 euros por pensionista con carácter retroactivo desde julio de 2026. El PCP argumenta —con razón aritmética, al menos— que la Seguridad Social portuguesa acumuló un excedente de 4.415 millones de euros solo en el primer cuatrimestre del año, con un Fondo de Estabilización que roza los 50.000 millones. El coste de la medida no llegaría a los 1.000 millones. Es un debate que los pensionistas españoles conocen bien: las cuentas de la Seguridad Social dan, pero la voluntad política se mueve más despacio que los precios.
Para un lector español mayor de 50 años, la comparación con nuestro sistema resulta inevitable y reveladora. España optó en 2022 por vincular las pensiones al IPC, un mecanismo que, con todas sus imperfecciones, garantiza al menos que las prestaciones no pierden poder adquisitivo de forma sistemática. Portugal, en cambio, mantiene una fórmula de actualización que en 2026 ha supuesto una subida del 2,8% —insuficiente cuando la inflación real la duplica en muchos productos esenciales—. La edad de jubilación portuguesa ha subido a 66 años y 9 meses, dos meses más que el año anterior, y las penalizaciones por jubilación anticipada se han endurecido. A ambos lados de la frontera, la presión sobre los mayores de 50 se intensifica: trabajar más años, cobrar menos en términos reales, y afrontar un coste de vida que no perdona.
Mientras tanto, la productividad portuguesa sigue cayendo respecto a la media europea. Un informe publicado este mismo 22 de septiembre por la Business Roundtable Portugal revela que el valor generado por hora trabajada equivale al 66,9% de la media de la UE, por debajo incluso del 67,9% que registraba en el año 2000. Portugal crea empleo —la tasa de empleo ha alcanzado un récord del 79,6%—, pero lo hace en sectores de bajo valor añadido: hostelería, agricultura, servicios administrativos. Es un modelo que genera puestos de trabajo precarios y salarios bajos, el caldo de cultivo perfecto para las pensiones miserables del futuro. La compresión salarial provocada por la subida del salario mínimo —que alcanza ya los 920 euros, pero que ha hecho que el 21% de los asalariados cobren exactamente esa cantidad— dificulta además que las empresas retengan talento y diferencien el mérito.
El contexto político tampoco ayuda. La reforma laboral "Trabalho XXI", que proponía más de 100 cambios en el Código del Trabajo y que incluía medidas directamente relevantes para los mayores de 50 —como la eliminación de la prohibición de que un jubilado anticipado vuelva a trabajar en la misma empresa—, fue rechazada en el Parlamento. El Gobierno de Montenegro sobrevivió a una moción de censura la semana anterior al discurso, pero gobierna en minoría, negocia el Presupuesto de 2027 con el populista Chega, y carece de la mayoría necesaria para impulsar reformas estructurales. En ese escenario, los bonos puntuales sustituyen a las políticas de fondo.
La pregunta que debería inquietar a cualquier ciudadano peninsular mayor de 50 años no es si Montenegro ha acertado con estas medidas —que son, en el mejor de los casos, aspirinas para una fiebre crónica—, sino cuánto tiempo puede sostenerse un modelo que crea empleo de baja calidad, penaliza a los jubilados anticipados, sube la edad de retiro, y compensa la pérdida de poder adquisitivo con transferencias extraordinarias que no se consolidan. Portugal, como España, necesita un pacto social serio sobre pensiones y productividad. Lo que tiene, de momento, es un primer ministro hablando quince minutos en televisión.
