Hay momentos en los que la política deja de ser un asunto de titulares y se convierte en algo que se siente en el cuerpo. La huelga general del 3 de junio en Portugal es uno de esos momentos. Convocada por la CGTP —la central sindical históricamente vinculada al Partido Comunista Portugués— contra el paquete de reformas laborales del Gobierno de centroderecha de Luís Montenegro, la paralización amenaza con dejar sin servicio buena parte del transporte público, los aeropuertos, la administración y los servicios esenciales. Los controladores aéreos se han sumado; la TAP ha autorizado el reagendamiento sin coste de los vuelos afectados; el Metro de Lisboa ha adelantado su propio paro. La UGT, la otra gran central sindical, ha optado formalmente por no secundarla, aunque varios de sus sindicatos sectoriales han anunciado que se sumarán. El panorama recuerda, con matices, a las grandes movilizaciones de la era de la troika, pero el contexto es radicalmente distinto: Portugal crece, las cuentas públicas están saneadas y el desempleo es bajo. ¿Por qué entonces una huelga general?

La respuesta está en el contenido de la reforma. El Gobierno de Montenegro ha llevado al Parlamento un paquete legislativo que, entre otras medidas, legaliza el outsourcing —hasta ahora prohibido en la práctica—, amplía el banco de horas individual sin necesidad de acuerdo colectivo, facilita el despido en determinados supuestos de reestructuración y flexibiliza los contratos temporales. Montenegro, en la Cimeira da Indústria celebrada en Braga la semana pasada, fue rotundo: «No tenemos ningún fetiche con las leyes laborales. Portugal tiene la 38.ª legislación laboral más rígida de 39 países analizados por la OCDE». El argumento del Ejecutivo es simple: una economía más dinámica atraerá más inversión, las empresas serán más rentables y podrán pagar mejores salarios. La CGTP, el PS y, por ahora, también el Chega de André Ventura, lo ven de otro modo: lo que el Gobierno llama flexibilidad, ellos lo llaman desprotección.

Para un trabajador de 55 años, esta no es una discusión teórica. La liberalización del outsourcing significa que funciones hasta ahora integradas en la plantilla pueden ser externalizadas, y son precisamente los puestos ocupados por personas de mayor antigüedad y salario los primeros candidatos al recorte. La ampliación del banco de horas sin acuerdo colectivo otorga al empleador una herramienta de flexibilidad horaria que penaliza especialmente a quienes, por razones de salud o de carga familiar —cuidado de mayores dependientes, por ejemplo—, necesitan estabilidad en sus horarios. Y la facilitación del despido en reestructuraciones es, para el trabajador sénior, una amenaza existencial: en un mercado laboral que penaliza la edad, perder el empleo a los 57 equivale, con demasiada frecuencia, a una jubilación anticipada no deseada, con la consiguiente penalización en la pensión.

Paralelamente a la reforma laboral, el Gobierno de Montenegro aprobó el pasado 29 de mayo la Prestação Social Única (PSU), una medida que refunde 13 prestaciones sociales no contributivas —entre ellas el Rendimento Social de Inserção, el subsidio social de desempleo y, significativamente, la pensión social de vejez— en un único instrumento. Montenegro invocó la «doctrina social de la Iglesia» para justificar una reforma que, en la práctica, introduce una contraprestación: los beneficiarios en edad activa deberán realizar hasta 15 horas semanales de «trabajo social» —limpieza de espacios públicos, apoyo a actividades municipales, acciones de protección civil— como condición para mantener la prestación. Los pensionistas de vejez e invalidez quedan exentos de esta obligación, pero la arquitectura general del sistema cambia: donde antes había múltiples ventanillas con criterios distintos, ahora habrá una evaluación única de recursos que incluirá patrimonio inmobiliario y bienes muebles. Para los mayores que perciben la pensión social de vejez —247,56 euros mensuales—, la gran pregunta es si el régimen transitorio garantizará efectivamente que nadie cobre menos. El Gobierno lo asegura. La letra pequeña, sin embargo, aún está por escribir, y la medida debe entrar en vigor antes de agosto para no perder 500 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia europeo.

El tablero político añade incertidumbre. El PS de Alexandra Leitão ha confirmado su voto en contra de la reforma laboral, acusando al Gobierno de «gritante insensibilidad». El Chega de Ventura, que durante semanas coqueteó con la posibilidad de negociar, ha endurecido su posición tras su Consejo Nacional y amenaza también con votar en contra, aunque nadie en Lisboa descarta un giro de última hora. La CGTP ha ido más lejos y exige al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que vete la reforma. Si PS y Chega mantienen su oposición, Montenegro no tendrá mayoría parlamentaria para aprobar el paquete laboral, lo que abriría una crisis política en un momento en que el primer ministro acaba de proclamar que Portugal «tiene todo para ser una referencia de estabilidad». La ironía sería notable.

Para el lector español, la comparación es inevitable. España vivió su propia reforma laboral en 2012 —bajo el Gobierno de Rajoy— y su contra-reforma en 2022 —bajo el de Sánchez—. En ambos casos, los trabajadores mayores de 50 fueron los más afectados por la destrucción de empleo y los menos beneficiados por la recuperación posterior. Portugal, que hasta ahora había mantenido un mercado laboral menos dinámico pero más estable para los trabajadores de larga duración, podría estar a punto de recorrer un camino similar. La diferencia crucial es el tamaño del tejido productivo: en un país donde las micropymes dominan el panorama empresarial y los salarios medios son significativamente inferiores a los españoles —el salario mínimo portugués es de 920 euros frente a los 1.134 de España—, la flexibilización laboral sin una red de protección robusta puede tener efectos más devastadores para los trabajadores que se acercan a la jubilación.

Lo que Portugal decide estas semanas sobre su legislación laboral no es solo una cuestión de competitividad macroeconómica. Es una decisión sobre el contrato social que une a generaciones. Para quienes han trabajado 30 o 35 años bajo unas reglas determinadas, cambiar esas reglas en la recta final no es modernización: es una ruptura de la promesa implícita de que el esfuerzo sostenido tendría una recompensa predecible. La huelga general del 3 de junio será, probablemente, más simbólica que paralizante. Pero el símbolo importa: es la expresión de una sociedad que no ha alcanzado consenso sobre cómo repartir los costes de la modernización. Y cuando ese consenso falta, son siempre los mismos —los de más edad, los de menor cualificación, los de menor poder de negociación— quienes acaban pagando la factura.