La reforma del alquiler en Portugal pone en riesgo el techo de los mayores
El Gobierno portugués aprobó el 9 de julio la mayor reforma del arrendamiento urbano en una década
Hay reformas que se presentan como técnicas y terminan siendo profundamente políticas. La revisión del Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), aprobada en Consejo de Ministros el pasado 9 de julio, pertenece a esa categoría. El Gobierno de Luís Montenegro —sostenido por la coalición de centro-derecha Alianza Democrática— ha decidido intervenir en uno de los puntos más sensibles de la economía doméstica portuguesa: la vivienda en alquiler. Lo hace con un paquete de medidas que, en esencia, liberaliza el mercado, facilita los desahucios y descongela las rentas más antiguas del país. Y todo ello en un contexto donde los precios de la vivienda en Portugal han subido a un ritmo vertiginoso durante el último año y medio, según datos del propio Banco de Portugal.
La reforma se asienta sobre varios pilares. Primero, el fin del control de precios entre contratos: cuando un inquilino se marche, el propietario podrá fijar la nueva renta libremente, sin tope. Segundo, la agilización de los desahucios: bastará con dos meses de impago —en lugar de los tres actuales— para que el arrendador pueda rescindir el contrato. También se podrá resolver el arrendamiento si el inquilino acumula ocho días de retraso en el pago en tres ocasiones dentro de un período de doce meses. Tercero —y aquí es donde el asunto se vuelve especialmente delicado para los mayores—, se descongelan las rentas anteriores a 1990, esas que durante décadas mantuvieron a miles de familias portuguesas en sus hogares a precios simbólicos.
El Gobierno ha incluido excepciones, conviene decirlo. Los inquilinos mayores de 65 años y las personas con discapacidad reconocida quedan protegidos del descongelamiento de rentas siempre que sus ingresos anuales no superen los 64.400 euros. Para quienes tienen menos de 65 años y se encuentran por debajo de ese umbral, la renta se mantiene durante un período transitorio de cinco años. Además, se anuncia la creación de un Fondo de Emergencia Habitacional para atender a las familias que pierdan su vivienda. El ministro Pinto Luz ha insistido en que la reforma incluye «protecciones sociales, en particular para los más mayores».
Pero las protecciones formales no siempre se traducen en protecciones reales. El Partido Socialista ha sido contundente: acusa al Gobierno de «facilitar los desahucios» y de «agravar la crisis de la vivienda con rentas más altas». Las asociaciones de inquilinos denuncian que el nuevo régimen genera inseguridad jurídica y expone a los más vulnerables. Y las asociaciones de propietarios, paradójicamente, tampoco están satisfechas: consideran que la reforma no va lo suficientemente lejos para dinamizar la oferta. El titular del Expresso lo resumía con elocuencia: «No ayuda y no resuelve». Cuando todas las partes protestan, caben dos lecturas: o estamos ante un equilibrio sutil, o ante una chapuza compartida.
Para un lector español, el paralelismo resulta inevitable. España lleva años debatiendo sobre la regulación de los alquileres, con la Ley de Vivienda de 2023 como punto de referencia —y de controversia—. Allí se optó por limitar las subidas de renta en zonas tensionadas; aquí, Portugal elige el camino opuesto: liberalizar y confiar en que el mercado, con más oferta y menos regulación, acabe ajustando los precios. Son dos filosofías que comparten un mismo diagnóstico —la vivienda es inaccesible para amplias capas de la población— pero proponen tratamientos radicalmente distintos. Lo que ambos países tienen en común es una generación de mayores de 50 años que ya era propietaria cuando los precios eran razonables y que observa, entre la perplejidad y la preocupación, cómo sus hijos y nietos no pueden acceder a un techo digno.
El verdadero problema para los seniors portugueses no reside tanto en las excepciones legales —que existen— como en el ecosistema que esta reforma configura. Un mercado donde los desahucios son más rápidos, donde las rentas antiguas se actualizan y donde el control de precios desaparece es un mercado que presiona al alza. Y en ese mercado, los pensionistas con ingresos fijos y limitados son los que menos capacidad de maniobra tienen. Portugal tiene hoy 2,67 millones de personas con 65 años o más. Muchas de ellas viven en viviendas alquiladas con contratos anteriores a 1990, esas mismas rentas que ahora se descongelan. El escudo protector del Gobierno podrá frenar la embestida en los casos más extremos, pero no impedirá que el mercado, en su conjunto, se encarezca.
Hay algo inquietante en la velocidad con la que los gobiernos europeos oscilan entre regular y desregular la vivienda, como si el péndulo pudiera encontrar alguna vez un punto de reposo. Portugal ha decidido que la solución pasa por más mercado. Puede que tenga razón, puede que no. Lo que resulta indiscutible es que cada vez que se toca la legislación sobre alquileres, los que más tiemblan son los que llevan más años viviendo en el mismo sitio: los mayores. Y eso, en un país que es el tercero más envejecido de la Unión Europea, debería ser motivo suficiente para que cualquier reforma se diseñe con bisturí y no con hacha.
