La reforma laboral, la huelga y la jugada de Ventura: Portugal negocia su futuro laboral
Los mayores de 50 están en el centro del tablero
Hay semanas en las que un país condensa en pocos días debates que normalmente tardan años en madurar. Portugal atraviesa una de esas semanas. El Banco de Portugal acaba de confirmar una previsión de crecimiento del 1,8% para 2026 —por debajo del 2% que estima el Gobierno—, la actividad económica registró una caída del 5,1% el día de la huelga general del 3 de junio —la mayor contracción en un día útil desde la paralización de diciembre de 2025—, y André Ventura, líder de Chega, acaba de anunciar que este martes se reunirá de nuevo con el primer ministro Luís Montenegro para negociar su apoyo a la reforma laboral. Su condición principal: un compromiso escrito para bajar la edad de jubilación a los 65 años o permitir el retiro tras 40 años de cotización. El tablero político portugués se ha convertido en una partida de ajedrez donde la jubilación es la pieza que todos quieren mover, pero nadie sabe exactamente adónde.
Conviene situar la partida. En julio de 2025, el Gobierno de Montenegro presentó el paquete «Trabalho XXI», con más de cien modificaciones al Código do Trabalho. El objetivo declarado era modernizar el mercado laboral y aumentar la productividad. El resultado, diez meses después, ha sido una fractura social sin precedentes recientes. Las medidas más polémicas incluyen la reintroducción del banco de horas individual sin negociación colectiva, la ampliación de los contratos temporales de dos a cinco años, la legalización del outsourcing tras despidos colectivos —práctica hasta ahora prohibida para evitar que las empresas despidan y recontrate a menor coste— y la flexibilización de la reintegración tras un despido ilícito. Montenegro defiende la reforma con un dato: Portugal tiene la 38.ª legislación laboral más rígida de 39 países analizados por la OCDE. Los sindicatos replican que flexibilidad sin protección no es modernización: es precarización.
Para quien tiene hoy 55 años, estas no son abstracciones macroeconómicas. Son amenazas tangibles. La liberalización del outsourcing convierte en prescindibles precisamente a los puestos de mayor antigüedad y salario, que suelen ser ocupados por trabajadores sénior. El banco de horas sin acuerdo colectivo impone una flexibilidad horaria que penaliza a quienes, por razones de salud o por cuidar a familiares dependientes, necesitan estabilidad. Y la facilitación del despido en reestructuraciones es, para el trabajador maduro, una sentencia potencial: en un mercado que castiga la edad, perder el empleo a los 57 equivale demasiadas veces a una jubilación anticipada no deseada, con penalizaciones que marcarán el resto de la vida. En 2026, Portugal exige 66 años y 9 meses para acceder a la pensión ordinaria sin penalización. La edad subirá a 66 años y 11 meses en 2027. La meta se aleja mientras el camino se vuelve más resbaladizo.
Aquí entra la jugada de Ventura. El líder de Chega ha comprendido que la jubilación es el nervio más sensible de la sociedad portuguesa. Su exigencia de un compromiso escrito para rebajar la edad de retiro a los 65 años —o al cumplir 40 años de cotización— no es un capricho ideológico: es un cálculo electoral preciso. Millones de portugueses sienten que el contrato social se ha roto: trabajaron décadas bajo unas reglas y ahora descubren que la línea de llegada se mueve. Ventura ofrece devolverles esa línea a un lugar visible. El coste estimado oscila entre los 1.800 millones que calcula Chega y los 2.500 millones que estima la ministra de Trabajo. En cualquier caso, cifras que obligan a preguntarse qué se recortaría para financiarlas. Pero la política rara vez se detiene en la aritmética cuando el electorado exige respuestas emocionales.
El PS de Alexandra Leitão ya ha confirmado su voto en contra de la reforma laboral, acusándola de «gritante insensibilidad». Si Chega no pacta, Montenegro no tendrá mayoría parlamentaria. Eso abriría una crisis política en un momento en que el primer ministro acaba de proclamar que Portugal «tiene todo para ser una referencia de estabilidad». La ironía sería notable. Mientras tanto, el presidente de la República, António José Seguro, ha prometido vetar la ley si no se alcanza un acuerdo amplio con los interlocutores sociales. Portugal navega, en definitiva, por un pasillo estrecho entre la reforma y el bloqueo, con la jubilación como moneda de cambio y los trabajadores sénior como testigos perplejos de un pulso que decidirá su futuro.
Desde España, este proceso merece una atención que quizá no está recibiendo. Nuestro país vivió su propia reforma laboral en 2012 bajo Rajoy y su contrarreforma en 2022 bajo Sánchez. En ambos casos, los trabajadores mayores de 50 fueron los más afectados por la destrucción de empleo y los menos beneficiados por la recuperación posterior. Portugal parte de una posición estructuralmente más frágil: el salario mínimo es de 920 euros frente a los 1.134 españoles; el salario medio ronda los 2.068 euros mensuales, muy por debajo de la media europea; y el 15% de los asalariados tienen contratos temporales. Flexibilizar el mercado desde esa posición, sin una inversión paralela en cualificación, protección del trabajador maduro y políticas activas de empleo, no genera productividad: genera desigualdad con rostro. El rostro del trabajador que, pasados los 50, descubre que las reglas han cambiado cuando ya no tiene tiempo para adaptarse.
Lo que Portugal decide estos días no es solo una cuestión de competitividad macroeconómica. Es una decisión sobre qué tipo de contrato social quiere mantener con quienes llevan tres décadas cotizando. La huelga general del 3 de junio causó la mayor caída de actividad económica en un día útil desde diciembre: un 5,1% medido por el Banco de Portugal a través del tráfico de vehículos comerciales, el consumo eléctrico, la carga aérea y las compras con tarjeta. Fue más simbólica que paralizante, sí. Pero el símbolo importa: expresa una sociedad que no ha alcanzado consenso sobre cómo repartir los costes de la modernización. Y cuando ese consenso falta, la experiencia ibérica enseña que son siempre los mismos —los de más edad, los de menor cualificación, los de menor poder de negociación— quienes acaban pagando la factura. La reunión de hoy entre Ventura y Montenegro será, probablemente, un capítulo más de esta negociación. Pero cada capítulo importa cuando lo que se escribe es el futuro de quienes ya no pueden permitirse empezar de cero.
