Familiares, trabajadores y patronales, contra las nuevas residencias de mayores del Gobierno

El Gobierno y las CCAA no llegan a un acuerdo sobre el nuevo modelo de residencias

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no ha conseguido pactar este miércoles con las comunidades autónomas el nuevo acuerdo para la Acreditación y Calidad de Centros y Servicios del SAAD.  

En concreto, el Ejecutivo ha asegurado que "confía en poder tener un acuerdo a lo largo del próximo mes", aunque no ha detallado una fecha concreta y, por ahora, ha trascendido la oposición al texto presentado por Derechos Sociales de varias comunidades, entre las que se encuentran Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha, cuyo presidente, Emiliano García-Page, ha criticado la propuesta por ser poco realista desde el punto de vista económico. "La ingenuidad ya se ha acabado. O hay dinero, o hay trigo, o predicar queda en humo", ha afirmado.

El documento remitido por el Gobierno a las regiones, al que ha tenido acceso 65YMÁS, incluía cambios en las residencias de mayores tales como la creación de unidades de 15 personas con ambiente hogareño en centros que no podían tener más de 75, 90 o 120 plazas, dependiendo de la densidad de población del municipio, y un 65% de habitaciones individuales; el aumento de las ratios de personal al 0,50; la participación de las familias en la toma de decisiones; la coordinación con los servicios de salud y la eliminación de las sujeciones, entre otras medidas que debían aplicarse antes de 2029.

Discrepancias

Sin embargo, varias de estas propuestas no han sido del agrado de ciertas CCAA y tampoco de la gran mayoría del sector de la Dependencia –empresas, sindicatos, familiares y mayores–, por distintas razones. 

En concreto, uno de los puntos que más polémica ha generado en el sector es el referido al cambio estructural de las residencias, puesto que, de los más de 5.000 centros sociosanitarios que hay en España, unos 2.700 tienen más de 50 camas y, probablemente, muchos hubiesen tenido que reestructurarse casi totalmente si querían seguir concertando con la administración.

Y ahí reside el problema: la remodelación no es gratis y tampoco aplicar el resto de medidas. Por ello, las principales empresas de la Dependencia han celebrado que se vaya a seguir dialogando para intentar llegar a un nuevo texto y han criticado duramente el documento presentado por el Gobierno, por no contar con una memoria económica "realista" que detallase cómo se iba a llevar a cabo la transición y cuánto se iba a pagar de aquí a 2029 por parte del Estado y de las CCAA.

"El modelo propuesto por el Ministerio es inaceptable. Se proponen soluciones sin haber hecho un diagnóstico de los problemas que tiene el SAAD y sin conocer las necesidades del futuro más inmediato. Es absurdo que actúen de este modo y prueba de ello es que ni las patronales ni los sindicatos hemos validado este texto", opina el secretario general de AESTE (@AESTE_oficial), Jesús Cubero.

"Además, han sido incapaces de cuantificar el coste de los nuevos servicios que se quieren ofrecer, y todo ello lo hacen por ocultar a las comunidades autónomas el encarecimiento de los servicios. Para hacernos una idea, van a situar el coste mínimo de las plazas residenciales en 2.650 euros y eso es algo que la mayoría de autonomías y de las familias no van a poder pagar. Les están tendiendo una trampa al ocultarles la información. No han planteado una estrategia para reducir la lista de espera, y con el crecimiento de la población mayor de 65 en los próximos años, y la reducción de plazas residenciales que proponen, esto supondrá que la lista de espera se va a multiplicar por tres en los próximos años", asegura.

"En resumen: proponen soluciones sin conocer los problemas, sin saber cuánto cuestan, sin el consenso de las partes afectadas, y donde se niega la libertad de elección a los ciudadanos", apostilla.

En un sentido similar se pronuncia la presidenta de la patronal CEAPs (@cea_ps), Cinta Pascual. “La verdad es que después de tantos meses trabajando para mejorar la vida de nuestros mayores pensaba que las administraciones finalmente se darían cuenta de que la única forma de hacerlo es con una coordinación real entre sanidad y servicios sociales y con un presupuesto de Dependencia de primer nivel, aproximándonos al 2% del PIB", se lamenta. 

“Los centros que ya están funcionando y donde están los mayores viviendo dentro, no les puedes pedir que esto se modifique. Se puede demandar un poco más de ratio y unos indicadores de calidad, pero no podemos pedir tirar para atrás en el tiempo. Desde el sector, simplemente decimos que falta una memoria económica y criterios sensatos que tengan valor. Y, sobre todo, falta consenso”, comenta. 

Es más, desde el sector han llegado a avisar en un comunicado conjunto de AESTE, ASADE, CEAPS y FED, de que se iban a poner en peligro un número considerable de plazas residenciales si se aplicaba dicho acuerdo. "Sólo en el sector residencial, según estimaciones de las patronales se cerrarían alrededor de 72.500 plazas, lo que supone el 25% de la oferta", han asegurado.

Los mayores ven la propuesta con buenos ojos pero piden más 

“Me parece un buen documento, tal y como está puesto”, afirma por contra el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (@CEOMA_ong), Juan Manuel Martínez.

No obstante, puntualiza, faltan por concretarse varios aspectos en el texto. “Hay que darles un tiempo para poder establecer estas modificaciones que acerquen lo más posible a los centros actuales. Nada se puede hacer de la noche a la mañana y todo esto cuesta dinero, por lo que habrá que dárselo a fondo perdido para proyectos que vayan alineados, porque la mayoría de residencias actuales no cumplen con las características arquitectónicas”, propone.

Asimismo, Martínez reclama que el objetivo de lograr aumentar las ratios de personal se debería lograr en "dos o tres años" y no en siete, como pretende el borrador del Gobierno. “¿Por qué ahora una persona va a estar peor atendida y en 2029 mejor?”, se pregunta. “Tienen que habilitar presupuestos para que las residencias lo hagan y que haya un aporte, para que no lo paguen ellas”, pide.

Y, por esta razón, en tercer lugar, el presidente de CEOMA entiende que es necesario "aumentar el precio del coste de una plaza de residencia y pagar más al personal", para que se equiparen los sueldos con el sistema de salud. "El problema en este documento es económico", argumenta.

Los sindicatos, descontentos

Por otra parte, los sindicatos UGT (@UGT_Comunica) y CCOO (@CCOO) tampoco se muestran de acuerdo con el texto propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero por otras razones.

"El documento no incluye ninguna de las propuestas, indispensables respecto a la calidad en el empleo, realizadas por UGT y CCOO durante los últimos meses e incluso registra una reducción de las propias medidas que inicialmente había presentado el Ministerio ante la Mesa de Diálogo Social que dio origen al Acuerdo de enero de 2021 y que ha seguido trabajando desde entonces. Llama especialmente la atención la supresión de los porcentajes mínimos de contratación de los y las trabajadoras; tanto indefinida como temporal, así como la contratación parcial; siendo precisamente uno de los sectores más precarizados y con mayor índice de temporalidad y parcialidad. A su vez, destaca entre todas ellas, la congelación indefinida de las ratios de plantilla –el número de profesionales por cada persona beneficiaria que debe estar atendida– en los centros de día para personas mayores dependientes en 1 cuidador/a, gerocultor/a o similar de atención directa por cada 6,7 personas mayores atendidas. Una cifra que se mantiene sin cambio desde 2008. Y, más grave aún, en los centros residenciales de personas mayores dependientes, la norma estatal dejaría de exigir un número mínimo de trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2023, y aún entonces, hasta el año 2029 el requisito sería inferior al que hoy se exige en la mayoría de territorios", denuncian en un comunicado conjunto.

Las familias, 'decepcionadas'

Por último, los familiares también se sienten "decepcionados" con el borrador. Concretamente, creen que hay ciertos puntos que no cumplen con sus expectativas:

• El aumento de las ratios de personal sigue sin hacerse de "manera científica, por turnos y trabajo"
• Las ratios de inspectores han "desaparecido" y no se menciona "un número mínimo fijado en los primeros documentos, donde se hablaba de 1 por cada 30 residencias"
• El porcentaje de habitaciones invidividuales es insuficiente y el número de plazas máximas en los centros, muy elevado.
• No se asegura que la coordinación sociosanitaria se haga en relación con los Centros de Atención Primaria. 
• La incorporación de las familias a los órganos de representación queda en manos de los usuarios.
• El plazo para el fin de la sujeciones de 3 años es excesivo.
• No se le da la suficiente importancia a la gestión pública del servicio.

"Es un fiasco absoluto, más aún por encontrarnos en un momento histórico en el que parecía posible transformar el actual sistema de la dependencia, y transplantarnos hacia un nuevo sistema residencial basado en la dignidad y el respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales", valoran desde a Plataforma Estatal de Organizaciones de Familares y Usuarios de Residencias (@La_Plataforma_1). 

"El Gobierno central, lamentablemente, se ha doblegado ante posiciones muy restrictivas e inmovilistas de los Gobiernos autonómicos, que, en definitiva, han intervenido, en buena parte de las ocasiones, como mera correa de transmisión de las patronales más importantes que operan en los servicios que comprende la Ley de Dependencia. Comunidades y patronales han actuado en connivencia, han ido de la mano juntas, para mantener el edificio del actual sistema, generosamente privatizado, aunque la mayor parte de este edificio esté en franca ruina o muestre un colapso irreversible", critican.

¿Un futuro acuerdo?

Ahora, queda por ver qué modificaciones hará el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en las próximas semanas, tras las críticas de los agentes sociales y civiles y si, en esta ocasión, las CCAA terminaran aprobando el texto.

De momento, desde el ministerio que preside Ione Belarra han señalado que confían en alcanzar, en el próximo mes, un nuevo acuerdo en el que se puedan incluir varios puntos del anterior documento como las ratios de un trabajador por cada dos residentes, más habitaciones individuales en residencias públicas y los núcleos de convivencia de 15 personas como máximo.