Las recientes declaraciones y propuestas del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales han abierto un debate que va mucho más allá del mercado de trabajo. Cuando se plantea reducir los ingresos de las personas trabajadoras enfermas, cuestionar de forma generalizada las incapacidades temporales o modificar estas materias "con o sin acuerdo" con los agentes sociales, no solo se pone en cuestión un derecho laboral: se cuestionan principios básicos del Estado del Bienestar y del Diálogo Social.

Desde la UJP-UGT consideramos especialmente preocupante que se traslade a la sociedad la idea de que quien está de baja médica es, por definición, sospechoso de fraude. Las bajas laborales son una decisión clínica adoptada por profesionales sanitarios. Convertir la enfermedad en motivo de sospecha supone estigmatizar a millones de personas que atraviesan problemas de salud reales. Médicos y expertos han recordado que la inmensa mayoría de las incapacidades temporales responden a criterios médicos y que el verdadero problema radica también en la sobrecarga del sistema sanitario y en las largas listas de espera.  

Esta visión afecta especialmente a las personas de mayor edad. Los trabajadores de más de 55 años presentan con mayor frecuencia enfermedades crónicas, procesos de recuperación más largos o patologías derivadas de décadas de trabajo. Penalizar económicamente estas situaciones significa castigar precisamente a quienes más protección necesitan. 

Pero el problema va más allá. Cuando se habla de reducir la protección durante las bajas médicas se está enviando también un mensaje de presión sobre la sanidad pública. Un sistema sanitario ya tensionado por la falta de profesionales, el envejecimiento de la población y las listas de espera necesita más inversión y mejores recursos, no discursos que cuestionen las decisiones de sus profesionales.  

Igualmente preocupante resulta anunciar que estas reformas podrían impulsarse incluso sin acuerdo entre sindicatos y empresarios. El Diálogo Social ha sido uno de los grandes pilares de los avances sociales y laborales en España durante las últimas décadas. Gracias a él se han alcanzado importantes acuerdos en materia de empleo, pensiones, salarios, seguridad laboral y protección social. Debilitar este instrumento supone romper una forma de gobernar basada en el consenso y sustituirla por decisiones unilaterales.  

Las personas mayores conocen bien cuáles son las consecuencias de las políticas de recortes. Muchas vivieron las restricciones sanitarias y sociales de anteriores etapas y saben que cuando se debilitan los servicios públicos quienes más sufren son quienes más los necesitan. 

Una futura presidencia del Gobierno basada en políticas que reduzcan la protección de las personas enfermas, cuestionen el papel de la sanidad pública y resten valor al Diálogo Social puede tener consecuencias especialmente graves para el colectivo de mayores. Hoy muchos siguen trabajando a edades avanzadas; mañana todos dependerán, en mayor o menor medida, de una sanidad pública fuerte, de un sistema de protección social sólido y de unos derechos laborales que garanticen dignidad cuando la enfermedad aparece. 

Desde la UJP-UGT defendemos un modelo completamente diferente: reforzar la Atención Primaria, reducir las listas de espera, mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, combatir el fraude allí donde exista sin criminalizar a las personas enfermas y fortalecer el Diálogo Social como herramienta imprescindible para alcanzar acuerdos duraderos. 

Porque proteger a quienes enferman no es un privilegio; es un derecho. Defender la sanidad pública no es un gasto; es una inversión en cohesión social. Y preservar el Diálogo Social no es un obstáculo para gobernar; es la mejor garantía para construir un país más justo, especialmente para quienes, después de toda una vida de trabajo, merecen seguridad, respeto y protección.