¿Por qué se cuestionan las pensiones y no otras ayudas públicas?

En los últimos años asistimos a un debate recurrente y profundamente injusto. Cada vez que el Estado cumple con su obligación de garantizar las pensiones públicas, surgen voces que hablan de “sobrecoste”, de “carga para las cuentas públicas” o de “insostenibilidad”.  Sin embargo, ese mismo cuestionamiento no aparece cuando se trata de ayudas públicas a otros sectores económicos o actividades privadas.

Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (UJP-UGT) consideramos imprescindible desmontar este relato interesado. Las pensiones no son una ayuda, son un derecho. Las pensiones públicas no son una subvención ni una concesión graciosa del Gobierno de turno. Son un derecho generado a lo largo de toda una vida laboral mediante cotizaciones sociales. Son, en definitiva, salario diferido.

Cuando el Estado complementa o refuerza la financiación del sistema público de pensiones, no está haciendo un favor a los pensionistas, está cumpliendo con su responsabilidad constitucional de garantizar una protección social suficiente a las personas mayores.

Un doble rasero inadmisible

Resulta llamativo que no se cuestione con la misma intensidad las ayudas millonarias a grandes empresas, las bonificaciones y exenciones fiscales a determinados sectores, los rescates financieros o las subvenciones sin control ni contraprestación social, por ejemplo.

Estas partidas se aceptan como “necesarias para la economía”, mientras que las pensiones se presentan como un problema y ese doble rasero para nosotros no es casual.

Un ataque ideológico al sistema público

Detrás del cuestionamiento permanente a las pensiones públicas hay una estrategia clara: debilitar la confianza en el sistema público de pensiones para abrir la puerta a la privatización. Cuando se repite que el sistema no es viable, se está empujando a la ciudadanía hacia planes privados que solo benefician a unos pocos.

Las personas pensionistas no tenemos grandes lobbies económicos, pero sí sostenemos a millones de hogares a las economías locales, especialmente en zonas rurales, a la cohesión social en tiempos de crisis, aunque eso parece no contar en determinados análisis interesados que hacen algunos.

El verdadero debate que se quiere ocultar

El problema no son las pensiones, sino un sistema fiscal insuficientemente progresivo, los años de gastos impropios cargados a la Seguridad Social, el fraude y la economía sumergida, los privilegios fiscales de quienes más tienen, etc, etc. Para mucha gente interesada cuestionar las pensiones es más fácil que cuestionar los privilegios.

En la UJP-UGT tenemos muy claro que defender las pensiones es defender el Estado social. Y por el contrario, atacar las pensiones públicas es atacar uno de los pilares básicos del Estado del bienestar, es romper el contrato social entre generaciones y poner en riesgo la dignidad de millones de personas mayores que han contribuido durante toda su vida al progreso de este país.

Desde la UJP-UGT lo afirmamos con rotundidad: las pensiones públicas no se discuten, se garantizan. Porque son un derecho, no una limosna. Porque sostienen a la sociedad, no la lastran.