CCOO reclama al Gobierno subir las pensiones mínimas y acabar con la exclusión financiera

 

La Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras (CCOO) ha difundido un manifiesto con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre, en el que recoge sus principales reivindicaciones en materia de salud, residencias, pensiones, vivienda. brecha digital, acceso a los servicios bancarios o despoblación.

En esta fecha, que para el sindicato "no es de celebración, sino de reivindicaciones y propuestas que den solución a los retos a los que se enfrentan los mayores", reclaman al Gobierno y al conjunto de administraciones y poderes públicos lo siguiente:

"1.- El desarrollo e implantación de políticas públicas en materia de promoción de la salud son imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo. La falta de éstas, afectan de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores. Se hace cada día más imprescindible situar el gasto sanitario público al menos, en el 7,2% del PIB,  algo que venimos reivindicando durante años y que con la pandemia se demostró muy necesario. Ese incremento en la financiación debe aparejar el  incremento del gasto en atención primaria hasta el 25% del total, para conseguir acercar a la población los servicios sanitarios, y dar más capacidad  resolutiva a la atención primaria. 

2.- Se necesita impulsar la atención domiciliaria a las personas dependientes, así como reforzar los centros de atención diurnos y nocturnos. También hay que reconocer el enorme esfuerzo y entrega que han demostrado durante la pandemia los/las trabajadores/as de las residencias, que han trabajado en condiciones muy precarias y para quienes se sigue teniendo la deuda de  asegurar unas condiciones de trabajo justas y dignas. Para articular el modelo residencial que necesitamos es necesario tener protocolos de cómo se debe cuidar a las personas usuarias de las residencias. La formación de las  personas que cuidan, su dotación suficiente, mejorando las ratios actuales, la mejora de sus condiciones de trabajo, son elementos esenciales de la calidad de la atención que se precisa. Es necesaria la vigilancia por las administraciones públicas competentes para asegurar que se cumplen las condiciones acordes con la licencia de funcionamiento de las residencias. Hay que minimizar el riesgo de que pueda haber conductas no adecuadas o un sistema basado más en el negocio que en la atención y bienestar de las  personas residentes. 

3.- Reclamamos que en la agenda política de nuestro país se recupere la  necesidad de impulsar una Ley Integral de los Derechos de las Personas  Mayores. Esta ley debe garantizar la protección específica de las personas mayores, que contemple los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultural o el ocio. Así como también la no discriminación por razón de edad o sexo y garantizar la visibilidad y la participación activa de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad. En definitiva, una ley que proteja e impulse la idea de del envejecimiento activo como un logro obtenido por los avances científicotécnicos del conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir  que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia se garantice la  mejor calidad de vida. 

4.- El Acuerdo de diálogo social para la puesta en marcha del Plan de Choque  del Sistema de Dependencia 2021-2023, suscrito en enero de 2021 por  CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales, incluía un compromiso de aumento de la financiación estatal condicionándolo a la  mejora de determinados indicadores de calidad del Sistema Para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Entre ellos, se encuentran la calidad del empleo de los y las profesionales que prestan los servicios junto a otros, tales como reducir la lista de espera, el reconocimiento prioritario de servicios profesionales frente a prestaciones económicas, etc. 

Pese a que el Gobierno está cumpliendo con el compromiso de aumentar la financiación estatal en 1.800 millones de euros hasta 2023, el Ministerio de  Derechos Sociales no ha vinculado suficientemente la condicionalidad de esta mejora de financiación al aumento de la calidad del empleo y el Acuerdo de acreditación de centros y servicios renuncia a adoptar medidas contundentes de mejora de las condiciones laborales hasta que finalice el año 2023; y aún  entonces, condiciona las escasas medidas a un nuevo y adicional incremento  de financiación.

 

 

5.- Como estamos en una crisis energética y alimentaria, con fuertes subidas  de los precios en estos bienes esenciales, miles de trabajadores/as, de  pensionistas y jubilados, tienen problemas para llegar a final de mes. Por ello solicitamos que se baje el precio de los servicios esenciales y lograr un reparto equilibrado entre todas las rentas, aprobando medidas eficaces de  control de precios e incluyendo a los beneficios empresariales. 

6.- Con la finalidad de garantizar pensiones dignas, suficientes y sostenibles, tanto para nosotros como para los futuros pensionistas, el proceso de diálogo social se ha demostrado como el método más eficaz. Ha permitido recuperar  la revalorización de las pensiones ligadas al IPC garantizando así el poder adquisitivo de todos los pensionistas. Pero ahora con el IPC disparado nos encontramos con algunos llamados expertos y con el gobernador del Banco de España que están presionando para que los pensionistas y jubilados no recuperemos todo el IPC. 

7.- Los partidos políticos tienen que tener en cuenta que el colectivo de  personas mayores es muy vulnerable a políticas de recortes en cualquier materia (sanidad, vivienda, pensiones). Máxime cuando en demasiadas ocasiones, son las personas mayores las que se ven obligadas a asumir el papel de sustentadoras principales de sus hijos y sus nietos -no es anecdótico que las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de  los hogares-. Reclamamos la mejora de las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas, para combatir la pobreza en este segmento de población. 

8.- Hay que revisar los criterios de acceso al Bono Social Térmico para que éste cubra a más colectivos en situación de pobreza energética, simplificando la carga burocrática y facilitar las gestiones para poder acogerse al Bono Social Térmico. Hay que reformar el sistema de formación de precios del mercado de la  electricidad para limitar los beneficios extraordinarios de las compañías  eléctricas. Además, es necesario un mayor control público de algunas de las  actividades del sistema eléctrico. Una gran parte de los países de la UE tienen  empresas generadoras de electricidad cuyo capital es público en parte o total. En España existe la paradoja de que una de las grandes empresas  generadoras de electricidad, ENDESA, es propiedad en un 70% de Enel, empresa pública italiana. 

9.- Las personas mayores preferimos envejecer en nuestras casas, pero uno de  los principales problemas es la accesibilidad a nuestros hogares. Ocurre que  en España hay alrededor de 5 millones los edificios que no cuentan con ascensor, además de otras barreras arquitectónicas, por lo cual unos 1,8  millones de personas no tienen la posibilidad o tienen serias dificultades para salir de sus casas. 

10.- Queremos resaltar que si alguien sufre los efectos de la falta de servicios, el empobrecimiento y el abandono institucional en la España vaciada, son los  que mayoritariamente la habitan, las personas mayores. Es urgente la realización de políticas que les saquen del olvido, para ello es necesario un debate nacional sobre la España que queremos y cómo la queremos  estructurar.

11.- Se necesita asegurar una estructura fiscal progresiva, aportando más quién más tiene, capaz de redistribuir la riqueza que generamos, que sea con ello más justa y eficiente y permita asumir la inversión social necesaria que nos  acerque a la media de los países europeos de nuestro entorno, para asegurar vidas dignas y una mayor cohesión social. 

12.- La transformación digital debe realizarse de forma inclusiva, sin dejar a nadie fuera por insuficiencia económica o falta de capacitación para utilizar todos los beneficios generados por la misma. Hoy la transformación digital impide una plena adecuación de personas mayores al mundo digital al colectivo. Y esto es más relevante cuando se trata de personas mayores que  viven en la España rural. Proponemos el desarrollo de un plan nacional que contenga claramente estos objetivos. 

13.- Consideramos necesario la intervención del Gobierno para terminar con la situación de discriminación que sufren las personas mayores en el acceso a los servicios bancarios, para adecuar el servicio y sus costes a las necesidades  reales. No puede ser que quienes menos rentas tienen deban abonar más comisiones bancarias, no podemos permitir que se grave carecer de medios tecnológicos o de la capacitación necesaria para operar mediante la banca online, para acceder a nuestros ahorros, a nuestra suficiencia económica". 

Por último, CCOO asegura que continuará movilizándose si no se tienen en cuenta estas propuestas.