Los mayores andaluces reclaman a Bustinduy 5.946 millones urgentes para rescatar la Dependencia

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) estuvo presente este jueves en el Consejo Estatal de las Personas Mayores y pudo hacer llegar al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, las demandas de los sénior de la región.

Estas peticiones fueron planteadas en la propia reunión y se entregaron por escrito al Ministerio, según aseguran a 65YMÁS. 

En el documento, la organización advierte al Gobierno que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) opera como un modelo "low cost", con tiempos medios de tramitación de 329 días y unas cifras alarmantes: 8.996 personas fallecidas en lista de espera solo en el primer trimestre de 2026 (100 al día).

Además, FOAM advierte que la anunciada reforma de la Ley de Dependencia corre el riesgo de convertirse en "derechos de papel" si no va acompañada de financiación vinculante y transparencia real.

En concreto, desde la organización andaluza han hecho seis peticiones al Ministerio:

• Llegar al 50% de financiación por parte del Estado. En particular, se exige, de manera inmediata (Fase 1), un suplemento de crédito de 5.946 millones de euros para 2026, con el fin de elevar la aportación estatal al 50%. Por otro lado, como Fase 2 (2027-2030), exigen converger hacia el 1,7% del PIB en gasto de dependencia, equiparándose a la media europea.
• Auditar el destino real de los fondos transferidos a las comunidades autónomas para verificar que el dinero llega efectivamente a las personas dependientes y no se desvía a otros fines, en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

• Regular la aportación del usuario del SAAD –copago– como una "tasa" con cobertura legal, cumpliendo con la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, ya que la actual configuración vulneraría, aseguran, el principio de reserva de ley.
• Crear un Registro Único Estatal de Solicitudes que ofrezca datos reales, mensuales y desglosados sobre copagos, revisiones de grado y las "solicitudes sin grabar". 
• Incorporar plazos máximos de aplicación en la reforma de la Ley de Dependencia y un calendario de ejecución con indicadores medibles.
• Blindar expresamente en la ley estatal que las prestaciones –como la ayuda familiar y los servicios profesionales– sean compatibles.

"La diferencia es política, no presupuestaria"

"FOAM no pide un esfuerzo imposible. Pide una fracción del que ya se ha demostrado posible. El Estado dispone de los mecanismos –Real Decreto-ley, suplemento de crédito, crédito extraordinario– y los ha utilizado durante la prórroga cuando la voluntad política lo ha reclamado: 500 millones de euros extraordinarios para Dependencia en octubre de 2025 (RDL 11/2025), 5.000 millones de euros en medidas de escudo social en marzo de 2026 (RDL 7/2026) y 10.471 millones de euros adicionales para Defensa en abril de 2025 (Plan Industrial)", plantean en el escrito.

"La única pregunta que cabe formular al Gobierno es por qué casi un millón de personas fallecidas en las listas de espera del SAAD –en los diecinueve años transcurridos desde la aprobación de la Ley 39/2006– no ha constituido, hasta hoy, motivo suficiente para utilizar los mismos mecanismos que sí se han activado para Defensa y para el escudo social energético. La diferencia entre ambos casos no es técnica. No es presupuestaria. No es jurídica. Es política. Las personas en situación de dependencia no pueden seguir esperando 329 días. Ni tampoco más familias pueden volver a enterrar a sus mayores con un expediente abierto sobre la mesa del funcionario", concluyen.