Derechos Sociales fija como objetivo prioritario la mejora del modelo de cuidados

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha fijado como objetivo prioritario el desarrollo y la modernización del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), tal como ha destacado la secretaria de Estado, Rosa Martínez, durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

Este curso, dirigido por Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología y uno de los redactores de la ley inicial de 2006, y Mayte Sancho, directora general del Imserso, ha contado con la participación de expertos de Francia, Portugal, Eslovenia, Alemania y Países Bajos. Los especialistas están compartiendo las experiencias de sus países y exponiendo el cambio de enfoque que se está produciendo a nivel internacional en los sistemas de cuidados de larga duración.

La participación de la secretaria de Estado se enmarca en tres jornadas de ponencias y debates, coincidiendo con la inminente tramitación de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad. Este proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de julio y enviado al Congreso de los Diputados para su debate y aprobación.

Rosa Martínez ha apuntado que el Gobierno está "transformando el Sistema de la Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro". Esta reforma, calificada como "un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad", busca promover "el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal". En concreto, introduce más prestaciones y servicios, el reconocimiento de nuevos derechos y la integración de más tecnología al servicio del bienestar de las personas.

En ese sentido, la secretaria de Estado ha defendido la necesidad de seguir reforzando los servicios sociales como el "cuarto pilar del Estado del bienestar", para apoyar a quienes lo necesiten en momentos de vulnerabilidad y prevenir situaciones críticas.

La directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Mayte Sancho, por su parte, ha explicado que la reforma busca "mejorar la flexibilidad y gestión en su aplicación y la garantía de derechos".  

Cabe recordar que en el mismo Consejo de Ministros del 15 de julio, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, autorizó el reparto de 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos. Esta financiación está destinada a complementar los servicios de atención a personas dependientes en cada territorio y constituye, por tercer año consecutivo, la cifra más alta que ha tenido el nivel acordado del SAAD en su historia.