¿Es legal expulsar a un usuario de una residencia de mayores por el comportamiento de su hijo?

La asociación de familiares Pladigmare ha denunciado recientemente la expulsión de una usuaria con alzhéimer de una residencia privada en la ciudad de Madrid. 

La decisión, según afirmaba dicha organización, se habría tomado tras la distribución, por parte del hijo, de unas "hojas" a familiares, animándoles "a denunciar las deficiencias y explicando cómo hacerlo". "Rechazamos categóricamente que la actuación del hijo sea constitutiva de ninguna falta del contrato suscrito con la residencia ni de su reglamento de régimen interno. En cualquier caso, no se puede culpar a la madre de lo que haga su hijo", añadían en un comunicado. 

A raíz de este caso, 65YMÁS ha preguntado al experto Eduardo Ortega, responsable de EO Abogados, gabinete especializado en brindar protección jurídica a las personas mayores, si es legal que un centro eche a un residente por actos cometidos por un familiar. 

"En primer lugar, debe partirse de una idea esencial: el vínculo contractual en el ámbito residencial se establece entre el usuario (residente) y el centro, o en su caso entre el representante legal o figura de apoyo del usuario y el centro. En consecuencia, las conductas de terceros, como puedan ser familiares o incluso un guardador de hecho, no pueden trasladarse automáticamente al residente como causa de resolución contractual. Sancionar al usuario por hechos ajenos supone una quiebra del principio de personalidad de las responsabilidades y carece de fundamento jurídico", explica Eduardo Ortega.

"En segundo lugar, la expulsión de un residente –especialmente en situación de dependencia– constituye una medida de extrema gravedad. Afecta directamente a aspectos esenciales como la continuidad asistencial, la estabilidad personal y emocional, así como la seguridad sanitaria y funcional del usuario. Por ello, cuando la conducta imputada no es del propio residente, la expulsión no supera un juicio de proporcionalidad y resulta jurídicamente cuestionable. Además, este tipo de actuaciones puede incurrir en vulneración de la normativa aplicable, en particular cuando se interpretan como represalias frente al ejercicio de derechos por parte de usuarios o familiares", añade.

Igualmente, el abogado aclara que "sí resulta proporcional, en caso de conductas inadecuadas por parte de familiares, la adopción por el centro de medidas dirigidas directamente sobre estos, como la limitación de su acceso a las instalaciones o la restricción de sus visitas a determinados espacios, con el fin de evitar interferencias en el funcionamiento del centro sin afectar a los derechos del residente".

Asimismo, "en situaciones de mayor gravedad o persistencia, la dirección del centro puede acudir a la vía judicial para instar la revisión de la figura de apoyo, solicitando la sustitución del guardador de hecho o la modificación de la curatela, siempre en interés de la adecuada protección de la persona residente".

En definitiva, tal y como sostiene Eduardo Ortega, "la expulsión de un residente por hechos imputables a terceros carece de base jurídica suficiente, resulta desproporcionada y puede constituir una vulneración de los derechos del usuario, especialmente en lo que respecta a su atención, estabilidad y dignidad".