Expulsan a una mujer con alzhéimer de una residencia de mayores tras denunciar su hijo deficiencias

La asociación de familiares de usuarios de residencias en la Comunidad de Madrid, Pladigmare, ha denunciado la supuesta expulsión de una usuaria de 84 años, con alzhéimer y grado de dependencia III, del centro privado Bouco Carabanchel (antigua Orpea Carabanchel). 

Según aseguran, la medida se ha tomado tras la distribución, por parte del hijo, de unas "hojas" a familiares, animándoles "a denunciar las deficiencias y explicando cómo hacerlo". Desde dicha organización afirman que es "un atentado a la libertad de expresión y de información". 

"Rechazamos categóricamente que la actuación del hijo sea constitutiva de ninguna falta del contrato suscrito con la residencia ni de su reglamento de régimen interno. En cualquier caso, no se puede culpar a la madre de lo que haga su hijo", añaden. 

En concreto, desde Pladigmare sostienen que "la comunicación de la expulsión pretende, cargando las tintas, hacer pasar como falta grave una conducta anterior del hijo que fue sancionada con una amonestación escrita –lo que corresponde a una falta leve–". "Todo para sancionar a la madre con la expulsión por una conducta del hijo que sólo en las repúblicas bananeras puede ser motivo de sanción", valoran. 

Además, desde la asociación de familiares recuerdan que "la ley 12/2022, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, considera falta grave, por parte de los Centros y Servicios de Atención Social, tomar represalias contra usuarios y familiares como consecuencia del ejercicio de sus derechos, en el artículo 97 apartado r)".

"Omitir el deber de facilitar información, faltar al respeto, establecer castigos o limitaciones de derechos injustos o amenazar con llevarlos a cabo como represalia o presión al personal de centros y servicios, usuarios o sus familiares o acompañantes como consecuencia del ejercicio de sus respectivos derechos o para disuadir de hacerlo, siempre que no sean constitutivas de delito", indican.

Por todo ello, apostillan, han solicitado a la "Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales" de la región "que se sancione a la residencia con falta muy grave y que se inhabilite al director de la misma". Es más, advierten, si esta expulsión no se rectifica "nos concentraremos el próximo día 11 de abril de 11 a 13 h. en las puertas" del centro. 

65YMÁS se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid. Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales afirman que la inspección va a investigar los "presuntos hechos" ocurridos en el centro que es de titularidad privada.

Este diario también se ha puesto en contacto con la residencia, para conocer su versión de lo ocurrido, así como con su empresa gestora, pero aún no ha recibido una respuesta.