El pasado 7 de mayo, el Aula Magna de la Universidad de Granada fue la sede de una jornada técnica centrada en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) orientada a la promulgación de la Ley de Protección Integral contra el maltrato a las personas mayores.

El encuentro contó con la participación de José Pérez, decano de la Facultad de Ciencias de Granada; Jesús García, ex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y Francisco Miguel Contreras, vicepresidente de ABTE Candelaria y abogado promotor de la propuesta normativa.

En representación del ámbito asociativo intervinieron Eduardo Ortega, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Granada; Antonio Montes, especialista en programas intergeneracionales; y Juan Nieto, presidente de ABTE Candelaria e impulsor técnico de la iniciativa.

Durante las exposiciones, los ponentes fundamentaron la propuesta en los artículos 1, 9, 10 y 50 de la Constitución Española. Asimismo, informaron sobre las dificultades existentes para alcanzar el límite de 500.000 firmas requeridas para que la iniciativa pueda ser debatida en el Congreso de los Diputados y recordaron que el 12 de febrero de 2026 trasladaron a los grupos parlamentarios la solicitud de tramitación de esta normativa.

Campaña de recogida

En la jornada se expusieron los resultados de los once meses de campaña, periodo en el que ABTE Candelaria ha emitido más de 5.000 correos electrónicos y realizado una media de 20 llamadas diarias a distintas entidades.

El balance actual registra el respaldo de 61 instituciones: 56 de ellas han formalizado su aval institucional y 33 participan en la recogida de firmas.

Por tipo de entidad, el proyecto cuenta con el apoyo de 15 colegios profesionales, 11 universidades (a las que se añade el respaldo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE), 10 ayuntamientos, 6 consejos y conferencias, 6 entidades sociales y de salud, 4 organismos oficiales o políticos, 3 medios de comunicación y 6 entidades de otros ámbitos.

Respecto a la distribución geográfica, el 40% de las instituciones participantes se ubican en la provincia de Granada, mientras que el 60% corresponde al resto de España.

En el registro de participación por provincias, Granada encabeza los datos con 32.392 firmas, seguida de Madrid (1.420), Bilbao (1.210) y Santa Cruz de Tenerife (1.100).

¿Por qué es necesaria una ley específica?

Según explicaba a este diario el propio Contreras en junio de 2025, la necesidad de una ley específica contra el maltrato al mayor radica en que la legislación actual –Código Penal, Constitución y Ley de Dependencia– se ha demostrado insuficiente e ineficaz. 

Actualmente, contextualizaba, el Código Penal contempla claramente delitos como el maltrato físico o el abandono, pero en otros aspectos como el emocional o económico no es tan preciso. 

Y todo ello, sumado a la dispersión legal actual y a la falta de un "criterio unificado a nivel nacional" dificultan la detección y la respuesta, haciendo que "mucha gente se quede sin ser atendida". Sobre todo, apostillaba, cuando este tipo de situaciones se dan en el entorno cercano, puesto que no se suele denunciar por el "vínculo económico y emocional". 

Por todas estas razones, señalaba, habían presentado esta ILP para que se crease una ley, "no meramente sancionadora, sino fundamentalmente preventiva", que especifique claramente "qué tipo de maltrato existe, de qué manera se detecta, cómo se puede evitar y cómo se debe atender en caso de que se produzca".

Un texto, puntualizaba, que pretende dotar a las administraciones y profesionales (sociales, sanitarios, judiciales, policiales, educativos...) de herramientas e "indicadores claros", facilitando la denuncia y la intervención coordinada.

Además, indicaba, esta ILP busca también cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas y otros organismos que "han subrayado la necesidad de desarrollar marcos legales sólidos que prevengan de estos abusos, protejan su dignidad y garanticen su bienestar". "Era algo que hacía falta, pero nadie se atrevía a dar el paso", afirmaba.

La ILP

Según se estipula en el texto de la ILP, al que tuvo acceso 65YMÁS, la legislación se aplicaría a todas las personas mayores de 65 años en todo el territorio nacional y busca abordar diversas formas de maltrato, incluyendo el físico, psicológico, económico, negligencia y social (edadismo).

Entre las medidas y puntos clave que contempla se encuentran:

• La implementación de campañas públicas de sensibilización y educación dirigidas a erradicar estereotipos y prevenir situaciones de abuso.
• La garantía de formación específica y obligatoria para los profesionales que trabajen con este colectivo.
• El establecimiento de protocolos de actuación obligatorios en centros sociales, residencias y servicios sociales para la detección temprana del maltrato y su notificación a las autoridades competentes.
• La previsión de medidas de protección inmediata para las personas mayores en situación de riesgo o maltrato.
• La garantía de asistencia integral (jurídica, psicológica y social) y gratuita para las víctimas de maltrato.
• La tipificación de infracciones administrativas (leves, graves y muy graves) con sus correspondientes sanciones.