El horror de Vitalia Home Leganés, la residencia con 96 muertos: "No nos han dado el pésame"
25 familiares de residencias de Alcorcón y Leganés (Comunidad de Madrid), agrupados en la Marea de Residencias (@MareaResidencia), han presentado este miércoles una querella contra Enrique López López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, así como a cinco directores de residencias.
Los centros residenciales en cuestión son: la residencia pública de Alcorcón y cuatro residencias en Leganés entre las que se encuentra Aralia Servicios Sociosanitarios Parque de los Frailes (más de 30 fallecidos, según familiares) .
Las Residencias eran un polvorín a punto de explotar por la privatización casi completa. Ahora ya es demasiado tarde pero los responsables tendrán que rendir cuentas. Por eso hoy, tras la presentada el 11 de mayo, seguimos con #QuerellaResidencias2 pic.twitter.com/yi6nbkBjpx
— Marea de Residencias (@MareaResidencia) May 27, 2020
Esta querella se suma a la ya presentada por 26 familiares de 10 residencias de Madrid capital, en la que se denunciaba a Ayuso y Ruiz Escudero, así como a los directores de 10 centros, por "homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio".
En este caso y también en la querella de los familiares de los centros de Madrid capital se añade al consejero López, al que los denunciantes consideran responsable por su pertenencia a la comisión del Gobierno regional y por su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas que se celebró el pasado 20 de abril.
Y es que desde la Marea de Residencias señalan que López llegó a afirmar que las residencias estaban medicalizadas, y que a partir del decreto de estado de alarma, él y los demás consejeros no tenían competencias ni en Sanidad, ni en las residencias, porque “eran competencias del Gobierno central”.
A juicio de los familiares denunciantes, esto sería una falsedad, porque el decreto de estado de alarma dejaba claro que las competencias en Sanidad seguían siendo de la Comunidad de Madrid.
