La Marea de Residencias sale por primera vez a la calle para reivindicar la dignidad de los mayores

Residentes, familiares, trabajadores y movimientos sociales están convocados este sábado (a las 18 h., en la plaza de Cibeles de Madrid) por la Marea de Residencias para manifestarse por la dignidad de los residentes y para pedir al Gobierno Central la aprobación de "una Ley" que imponga "unos mínimos" para que la atención mejore, ya que ahora se regula autonómicamente a "golpe de Decreto", según esta plataforma. Por ello, reclaman más recursos,  más personal y un mayor control por parte de los familiares.

Es la primera vez que esta Marea, compuesta por varias asociaciones y colectivos de la Comunidad de Madrid, y con pretensión de llegar a toda España, convoca una marcha unitaria para reclamar estos derechos e "instar al Gobierno a que se tome el tema muy enserio".

El proceso ha sido complicado. Han hecho falta muchas horas de asamblea para que esta concentración se pueda llevar a cabo. Aunque no es la primera manifestación de este tipo que se convoca en Madrid. Cabe recordar que, en abril, tras el escándalo de los Nogales (que fue el caso de maltrato que reabrió el debate sobre la situación de los dependientes en los centros residenciales), familiares y trabajadores decidieron unir sus fuerzas y salir a la calle para reivindicar un mejor trato para los residentes. 

La Dependencia como un derecho y no un servicio

"La manifestación se convoca porque la situación es dantesca", sostiene Javier Garzón, portavoz de la Marea de Residencias. Para Garzón se trata de algo generalizado. "Los problemas son muy parecidos en Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco o Galicia", señala.

De esta forma, según él, en muchos de los centros residenciales existe "maltrato a los trabajadores", "se daña a las familias" y se da una situación de "abandono" de los residentes. A su parecer, la causa reside en que hay "un ahorro sistemático de todas las prestaciones para que las empresas hagan dinero con lo público". "Si quitas auxiliares, personal de mantenimiento y rebajas la calidad de la comida o de la gerontología, las empresas acaban sacando beneficio de todo esto", explica. Y añade: "Reivindicamos la dignidad de las personas en las residencias tanto públicas como privadas, aunque nuestro objetivo final es que sean las instituciones las que garanticen el derecho a una vida digna y las que den esta prestación".

Actualmente, en la Comunidad de Madrid sólo 25 de 426 residencias son públicas gestionadas por la administración, el resto son: 100% privadas, privadas con plazas concertadas (250) y públicas privatizadas (17), conocidos como centros de "gestión indirecta".  

Más órganos de control

Por otra parte, desde la Marea de Residencias exigen también que se cree un "comité independiente formado por familiares, trabajadores y expertos que evalúen el correcto funcionamiento" de estos centros. Y es que no se fían de las inspecciones que realiza la Comunidad, las cuales, según ellos, "no están funcionando". 

Como apunte, Garzón también recuerda que en 2018 se intentó tramitar en la Asamblea de Madrid una Ley de Residencias para dotar a los centros de más recursos y aumentar el personal, entre otras mejoras. El texto legal fue presentado por la formación Unidas Podemos (@ahorapodemos) pero no salió adelante por los votos en contra del PP (@populares) y Ciudadanos (@CiudadanosCs), y la abstención del PSOE (@PSOE). 

La Comunidad se pronuncia en vísperas de la manifestación

Este jueves, ante una pregunta de una diputada del grupo parlamentario socialista, el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad, Alberto Reyero, hacía públicos, en un alarde de transparencia, los datos de cuántas inspecciones se habían realizado en residencias en los últimos años. 

De esta manera, el consejero aseguraba que estos centros habían recibido 3.427 inspecciones en lo que va de 2019 mientras que en 2017 fueron 3.797 y en 2018, 4.157. Según el político de Ciudadanos y responsable de la Dependencia en la Comunidad, los centros se han visitado al menos dos veces en este año.

También comentó Reyero que cree que "el caos no es generalizado" y que no se debe crear una "alarma social". No obstante, el diputado autonómico sí que reconoció que habría que "reforzar" la inspección, se comprometió a hacer públicas las sanciones a las residencias de mayores cuanto antes y a "analizar los ratios de atención para saber si son los más adecuados al perfil del dependiente actual". 

Finalmente, en esa misma sesión, desde la bancada de Cs aseguraron que se habían reunido la semana pasada con sindicatos y patronales para abordar una reforma normativa en relación con la atención a los mayores y para velar por "un modelo residencial más centrado en las personas".