Manuela Martín
Sociedad
Nueva Ley de Dependencia: el CEDDD pide que se cumplan los derechos ya reconocidos
Esta organización acoge con optimismo los cambios introducidos

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha acogido con optimismo las recientes propuestas para modificar las leyes que regulan la discapacidad y la dependencia en España, considerándolas un paso esencial para actualizar derechos y servicios fundamentales.
El anteproyecto de ley, presentado recientemente, incorpora avances significativos que buscan responder a demandas históricas del sector, como el refuerzo de la teleasistencia, la eliminación de incompatibilidades consideradas inaceptables, la ampliación de la asistencia personal y el reconocimiento de nuevas formas de vida independiente.
Además, prevé la creación de un Fondo Estatal para impulsar la accesibilidad universal y moderniza la protección jurídica de las personas con discapacidad y de quienes las cuidan.
Sin embargo, CEDDD ha lanzado una advertencia crucial: el impacto real de estas reformas será limitado si no se garantiza primero el cumplimiento efectivo de la legislación ya existente.
La organización subraya que, a día de hoy, miles de ciudadanos en España continúan atrapados en situaciones que vulneran derechos básicos reconocidos desde hace años, como largas listas de espera, barreras arquitectónicas persistentes, condiciones laborales precarias y trámites burocráticos interminables.
Para ilustrar esta realidad, CEDDD detalla varios puntos críticos donde la implementación de los derechos actuales es deficiente:
Listas de espera en dependencia: una crisis persistente
- A fecha de 30 de junio de 2025, un total de 286.861 personas se encuentran esperando para recibir la ayuda que necesitan.
- Solo durante 2024, 34.252 individuos fallecieron sin haber accedido a la prestación a la que tenían derecho; de ellos, 17.158 murieron sin haber sido valorados y 17.094 con el grado de dependencia reconocido, pero sin recibir el servicio o la ayuda efectiva.
- El proceso de tramitación se alarga a un promedio de 342 días, casi el doble del límite legal de 180 días. A este ritmo, el sistema tardaría más de 90 años en atender a todas las personas en espera.
- Solo Ceuta, Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco y Castilla y León cumplen los plazos establecidos.

Accesibilidad universal: un derecho cuestionado
- Más de 1,2 millones de edificios en España carecen de ascensor, lo que impide a miles de personas con movilidad reducida salir de sus propios hogares.
- Las inspecciones municipales revelan un incumplimiento flagrante de la normativa básica de accesibilidad, con rampas mal diseñadas, barandillas ausentes y bordillos que no cumplen los estándares, según las denuncias recibidas por CEDDD.
Capacidad Jurídica: reconocimiento en papel, apoyo Insuficiente en la práctica
- Aunque España ha reformado su Código Civil para eliminar la incapacitación judicial, sustituyéndola por sistemas de apoyo y asistencia en la toma de decisiones, miles de personas aún no han visto revisadas sus sentencias y carecen de un apoyo efectivo para gestionar sus propias vidas.
- Además, no existen datos públicos y actualizados que permitan evaluar cuántas personas han recuperado realmente su capacidad jurídica.
Cuidadores: pilares esenciales con derechos frágiles
- Si bien el nuevo texto legal busca reforzar la protección de cuidadores familiares y profesionales, la realidad muestra unas condiciones laborales muy precarias: el 47% tienen contratos a tiempo parcial, sus salarios son un 35% inferiores a la media nacional, y la conciliación familiar y laboral es "casi imposible".
- Esta situación lleva a que muchas personas, principalmente mujeres, abandonen sus empleos para dedicarse exclusivamente al cuidado de un ser querido. El trabajo de estas cuidadoras principales representa un ahorro para el Estado de entre el 3% y el 4% del PIB, como ha denunciado la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.
Desigualdad y financiación Insuficiente del sistema de Dependencia
- La ley establece que la financiación del sistema de dependencia debe dividirse al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, la aportación estatal apenas alcanza el 27,6% actualmente.
- Esta disparidad económica perpetúa grandes desigualdades territoriales en la provisión de servicios y prestaciones.
Teleasistencia y tecnología: derechos sin ejecución plena
- La reforma eleva la teleasistencia a la categoría de derecho subjetivo para toda persona dependiente, sin restricciones geográficas. A pesar de esto, solo cerca del 40% de quienes la necesitan la están recibiendo en la actualidad.
- CEDDD enfatiza que el Fondo Estatal para la Accesibilidad y los nuevos préstamos para productos de apoyo deben gestionarse con agilidad y sin barreras burocráticas para que lleguen efectivamente a los beneficiarios. De lo contrario, las intenciones de la ley quedarán en papel mojado.
Demandas
Ante este panorama, CEDDD hace un llamado a todas las administraciones para que las reformas en las leyes de Discapacidad y Dependencia no se queden en meras declaraciones de intenciones, sino que cuenten con la dotación presupuestaria y los controles necesarios para su implementación.
La organización exige:
- Una reducción drástica de las listas de espera mediante la contratación de más personal y una gestión más eficiente.
- Una accesibilidad real y efectiva, que incluya inspecciones y ayudas suficientes para adaptar edificios, espacios públicos y entornos laborales.
- La aplicación sin excusas de la reserva legal de empleo y el refuerzo de la Inspección de Trabajo.
- La asignación de recursos y formación para garantizar la capacidad jurídica efectiva de todas las personas.
- Condiciones laborales dignas para los cuidadores, quienes son el pilar del sistema de atención diario.
CEDDD concluye que, si bien la reforma propone avances necesarios, su éxito definitivo dependerá de la voluntad política para asegurar fondos suficientes, una supervisión efectiva y una coordinación fluida entre las distintas administraciones. La entidad recalca que "los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia no pueden esperar más".