Era febrero de 2020, un mes antes de que se decretara el estado de alarma cuando un jubilado valenciano presentó su solicitud para cobrar la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), un mecanismo de ayuda previsto para los más vulnerables y con el que Valencia se adelantaba al Ejecutivo central con su Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En aquel momento, el hombre no podía acceder a esa prestación por ser mayor de 65 años. Pero apenas cuatro meses más tarde, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (@inclusiongob) diseñaba el IMV, y esto obligó a modificar los requisitos de acceso a la RVI.
Por ese motivo, Por eso, en el mes de septiembre la Mancomunitat de l’Horta Nord emitió un informe favorable para que el hombre cobrara la ayuda. Pero, no solo no ha sido así, sino que un año después de solicitar la prestación, el jubilado seguía sin cobrar la prestación y la Conselleria de Igualdad le deniega la ayuda y le pide que inicie de nuevo el proceso.
El Síndic de Greuges abre una investigación y asegura que la tramitación de la queja «pone de manifiesto una demora excesiva e inadmisible, tratándose, como se trata, de una prestación prevista para cubrir las necesidades básicas de la unidad de convivencia que carece de los recursos suficientes para la cobertura de las mismas».
Ya este mes de abril, la Conselleria de Igualdad responde al Síndic, tal y como informa el diario Levante, que la ayuda sí está aprobada y que si el hombre no ha cobrado aún es por un "error" en la cuenta bancaria aportada, algo que ya se ha comunicado "al órgano responsable para su subsanación".
Actuación contraria a la ley
El Síndic critica que la Conselleria deniegue un expediente avalado por los técnicos. "El informe-propuesta es firmado por una persona responsable técnica y, en opinión de esta institución, ello es suficiente para que la Conselleria hubiese continuado con la tramitación del expediente de renta valenciana de inclusión. La exigencia, primero de que se modifique el mismo y después, de que el interesado aporte resolución denegatoria de la prestación no contributiva, despoja de valor el informe del técnico de la Mancomunitat y desconoce el carácter vinculante del mismo y, con ello, el régimen competencial establecido en el Título V de la Ley, entre Generalitat y Entidades Locales, demorando la respuesta que el ciudadano debía haber obtenido"
El sindic afirma que la actuación de la conselleria “es, no solo contraria a ley, sino también a los principios de eficacia y eficiencia pues, siendo el informe propuesta del órgano instructor preceptivo y vinculante, ha quedado acreditado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha solicitado el cambio de aprobatorio a denegatorio”
Los pensionistas ya pueden cobrar la Renta Valenciana de Inclusión
Aquellas personas que reciban prestaciones no contributivas de invalidez, jubilación e incapacidad permanente ya pueden solicitar la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) en caso de cumplir los requisitos de acceso. Así consta en el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana. La existencia de dos ayudas para un mismo fin (la Renta Valenciana de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital) ha obligado a las administraciones a llegar a un acuerdo en las prestaciones para evitar duplicidades y agilizar los trámites.
La Generalitat Valenciana gestionó antes que el Estado una ayuda de mínimos diseñada para garantizar una cuantía que garantice una vida digna a quien carece de ingresos, pero también a quien cobra una pensión o a quien tiene un trabajo precario. Se denomina Renta Valenciana de Inclusión y fue una de las primeras medidas que puso en marcha el gobierno de esa comunidad.
Así, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas llegó a un acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que aquellas personas que reciban prestaciones no contributivas de invalidez, jubilación e incapacidad permanente también puedan recibir también la ayuda de la RVI. Por tanto, el Decreto Ley que ha sido objeto de recurso y posterior acuerdo sirve para que la RVI "pueda complementar los importes del Ingreso Mínimo Vital y para que algunas de las ayudas que presta la Seguridad Social no sean excluyentes a la hora de tener acceso a la prestación autonómica".
