Edadismo, cuidados y autonomía: derechos que la Convención Internacional de Mayores quiere reforzar

Edadismo, cuidados y autonomía. Estos son algunos de los derechos clave que se prevé que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores blinde. 

Así lo ha explicado Julia Ferre, oficial de Asuntos Sociales del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de las Naciones Unidas (ONU), en una entrevista publicada en la cuenta de YouTube del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) –ver vídeo, arriba–. 

Según comenta, este instrumento tiene como objetivo principal complementar el Plan de Acción Internacional de Madrid de 2002 nacido de la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento –que incluía recomendaciones para afrontar la revolución de la longevidad–, "aportando una dimensión jurídica que permitiría transformar compromisos políticos en obligaciones más claras para los Estados".

En ese sentido, Ferre detalla que la convención, que podría consagrar nuevos derechos, busca reafirmar algunos existentes y "cerrar lagunas donde hoy las personas mayores quedan en la práctica menos protegidas". Y entre los puntos más críticos que este tratado pretende reforzar se espera que se encuentren:

• La discriminación por edad: no está reconocida de forma explícita en los instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que dificulta su prevención y sanción.
• La autonomía y capacidad jurídica: se busca garantizar que las personas mayores puedan "tomar sus propias decisiones con los apoyos necesarios cuando los requieran".
• Los cuidados y protección: establecería estándares más claros en ámbitos cruciales como los "cuidados de larga duración", la "protección frente al maltrato" y la "negligencia", entre otros. 

Componente intergeneracional

Además, comenta, lejos de ser una normativa exclusiva para un grupo demográfico, la esencia del proyecto sería "intergeneracional", argumentando que es un marco que concierne a todos, pues "garantiza que los derechos humanos nos acompañen a lo largo de todo el ciclo de vida".

Eso sí, la oficial de la ONU advierte que el éxito de la convención depende de su apropiación social. Para que no se quede en un plano abstracto, es necesario conectar los derechos con debates de la agenda pública actual, como las pensiones, la accesibilidad, la digitalización, la soledad no deseada o la vivienda. 

Es más, el verdadero reto será traducir estas normas jurídicas "en medidas de políticas públicas que incidan de manera concreta en las condiciones de vida".

En ese sentido, la oficial de las Naciones Unidas también se ha pronunciado sobre el gran desafío que supone realizar una negociación sobre este documento, tratando de lograr consensos entre Estados con realidades demográficas y económicas muy distintas, buscando un equilibrio entre "ambición y viabilidad". "Algunos Estados expresan preocupación por los costes, la capacidad institucional y las implicaciones legales", apunta. 

La Convención

Cabe recordar que en abril de 2025, la ONU dio luz verde a la elaboración de esta convenció. La decisión, que se adoptó por consenso, contó con el patrocinio de 68 países, entre ellos, España.

El grupo impulsor estuvo conformado por Argentina, Brasil, Eslovenia, Gambia y Filipinas. Desde el Imserso aseguraron a 65YMÁS que los estados en Europa que se han mostrado partidarios de este texto son: 

• Austria.
• Bulgaria.
• Croacia.
• Chipre.
• República Checa.
• Irlanda.
• Italia.
• Luxemburgo.
• Malta.
• Polonia. 
• Portugal.
• Eslovaquia.
• Eslovenia.
• España.

Según se estipula en la resolución, para la elaboración del texto internacional se debía crear un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (es decir, abierto a la participación de la sociedad civil), que se reunirá cada año en Ginebra en dos períodos de sesiones de cinco días de duración, retransmitido por Internet. Este grupo deberá presentar un informe sobre los progresos realizados al Consejo de Derechos Humanos para que lo examine en su 63º período de sesiones (prevista para finales de este año) y que publique el informe en un formato accesible y de fácil lectura.

En el caso de España, el Consejo Asesor para la redacción de la Convención, que se reunió a finales de octubre de 2025 y que podría seguir incorporando más miembros en próximos encuentros, está presidido por la directora general del Imserso, Mayte Sancho, y cuenta asimismo con la presencia de Isabel Martínez, presidenta de Helpage España, Miguel Cabra de Luna, representante de la ONCE y Gregorio Saravia, por parte de Cermi. 

El compromiso de España

En línea con los esfuerzos internacionales descritos por la ONU, Mayte Sancho, directora general del Imserso, ha manifestado recientemente en un mensaje publicado por la organización internacional Global Alliance for the Rights of Older People que "por fin ha llegado el momento clave de que sea posible redactar esta convención".

Sancho asegura que España participará "continuamente y activamente" en el proceso a través del Imserso y los Ministerios de Asuntos Sociales y Exteriores, tanto desde las sedes nacionales como desde las representaciones en Ginebra y Nueva York.

Destacando antecedentes exitosos como la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, la directora general subraya que el futuro tratado será un "instrumento jurídicamente vinculante de la máxima importancia" no solo para quienes envejecen, sino para la sociedad en general.