Alexandra Concepción Pérez-Mancebo
Sociedad
La Rioja quiere que agricultores y ganaderos puedan seguir trabajando después de los 65 años
El Parlamento aprueba una proposición no de ley
El Parlamento de La Rioja ha aprobado recientemente una proposición no de ley presentada por el Partido Popular con el objetivo de permitir que agricultores y ganaderos puedan continuar ejerciendo su actividad profesional más allá de los 65 años sin perder beneficios asociados a su condición.
La iniciativa insta al Gobierno regional a que, a su vez, solicite al Gobierno de España la modificación de la Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. El propósito es evitar que los profesionales del campo pierdan automáticamente la calificación de Explotación Agraria Prioritaria al alcanzar la edad ordinaria de jubilación, siempre que sigan desarrollando su actividad de forma efectiva.
Según el texto defendido por los populares, el sector agroganadero español presenta un acusado envejecimiento. De hecho, se señala que cuatro de cada diez titulares de explotaciones agrarias tienen más de 65 años, una cifra que se eleva hasta el 64% en algunos casos, tal y como indicó la diputada Begoña Martínez Arregui. Esta situación es especialmente evidente en ámbitos como la ganadería extensiva o entre pequeños viticultores.
La pérdida de la condición de Explotación Agraria Prioritaria conlleva, según la propuesta, importantes perjuicios para estos profesionales, ya que limita su acceso preferente a ayudas públicas y elimina beneficios como las bonificaciones para la adquisición de tierras.

Durante el debate, la portavoz de Podemos-IU, Henar Moreno, mostró su apoyo a la iniciativa, recordando que la edad de jubilación se sitúa en los 67 años, lo que puede provocar situaciones en las que agricultores que desean jubilarse no puedan hacerlo aún y, al mismo tiempo, pierdan su estatus prioritario.
Por su parte, el diputado de Vox, Héctor Alacid, respaldó la propuesta al considerar que responde a una “realidad evidente”, denunciando además el exceso de normativa y burocracia que, a su juicio, dificulta la rentabilidad del sector agrario.
Desde el Grupo Socialista, Sara Orradre adoptó una postura crítica. Aunque reconoció que la ley vigente, con tres décadas de antigüedad, necesita una revisión, reprochó al Partido Popular su incoherencia y falta de autocrítica en la gestión autonómica. Asimismo, señaló que el Gobierno de España ya trabaja en una nueva normativa, por lo que consideró innecesario instarle desde el Parlamento riojano. Los socialistas optaron por no oponerse a la iniciativa, pero tampoco respaldarla con su voto.

