Todo lo que cambia en julio: dependencia, jubilación parcial y precios que suben
Una de las principales novedades es la llegada de los fondos extra para el sistema de cuidados
El mes de julio trae consigo novedades importantes en dependencia, jubilación activa y precios.
Así, uno de los principales cambios, que beneficiará a más de un millón y medio de personas, buena parte de ellos, mayores, será la ansiada llegada de los fondos extra de la Dependencia, gracias a los cuales el Ejecutivo logrará alcanzar, en 2027, el objetivo de llegar al 50% de aportación al sistema –actualmente ronda el 30%–.
A partir de este miércoles 1 de julio, el Gobierno central comenzará a transferir a las regiones 6.200 millones de euros extra, entre los años 2026 y 2027, destinados a sostener y transformar el sistema de la Dependencia, y en aplicación del Real Decreto-ley 17/2026 –que debe ser aún convalidado por el Congreso–.
En concreto, la norma detalla la concesión de un suplemento de crédito específico para el año 2026 que suma exactamente 2.218.652.020 euros. Esta inyección inmediata se divide en dos partidas presupuestarias concretas: 2.097.652.020 euros destinados a financiar el "nivel mínimo de protección" (el mínimo garantizado por el Imserso) y 121.000.000 euros destinados a financiar el "nivel convenido o acordado de protección".
El año posterior, en 2027, se darán el resto de fondos, alcanzando los 7.239,4 millones.
Más financiación para dependientes
A nivel de usuario, la financiación extra también se notará en las prestaciones. Para las personas con grado III (gran dependencia) aumentará un 128%, pasando de 290 a 660 euros al mes.
Para los usuarios reconocidos con grado II (dependencia severa), el aumento fijado será del 100%, elevando la aportación de 130 a 260 euros mensuales.
Y para el grado I (dependencia moderada) la subida será del 18%, fijándose en 90 euros.
Esta medida beneficiará a cerca de 1,7 millones de personas que reciben ayudas del sistema.
Reducir la lista de espera
Además, según el Real Decreto-Ley, la finalidad de esta inversión es agilizar los procedimientos para reducir las actuales listas de espera y lograr una mejora significativa en la calidad de vida y el grado de autonomía física, mental, funcional y social de todas las personas dependientes.
Actualmente, más de 250.000 personas están en listas de espera, de las cuales más de 152.000 llevan aguardando más de seis meses. Los tiempos medio de demora superan los 300 días.
Financiación por CCAA
Según las proyecciones económicas del Ministerio, estas son las cuantías que recibirán las comunidades:
- Andalucía: 1.275,5 millones de euros en 2027 (+ 635,8 millones).
- Comunidad de Madrid: 887,4 millones (+453,3 millones).
- Cataluña: 794,7 millones (+378,2 millones).
- Comunidad Valenciana: 694,5 millones de euros (+356,7 millones).
- Castilla y León: 459,7 millones (+227,3 millones).
- Galicia: 360,9 millones (+180,3 millones).
- Castilla-La Mancha: 314,1 millones (+157,7 millones).
- Canarias: 307,4 millones (+157,7 millones).
- País Vasco: 247,1 millones (+119,4 millones).
- Aragón: 193,6 millones (+97,2 millones).
- Región de Murcia: 193,5 millones (+97,2 millones).
- Extremadura: 149,9 millones (+76,1 millones).
- Baleares: 116 millones (+56,2 millones).
- Asturias: 109,8 millones (+52,5 millones).
- Cantabria: 73,1 millones (+36,8 millones).
- Comunidad Foral de Navarra: 53,4 millones (+25,3 millones).
- La Rioja: 33,5 millones (+16,5 millones).
Alcanzar el 50%
Cabe recordar que alcanzar el 50% de la aportación estatal era una demanda histórica de comunidades, asociaciones de mayores, sindicatos y patronales y una medida –avanzar hacia ese porcentaje– incluida dentro del acuerdo de Gobierno PSOE-SUMAR, firmado en 2023.
Es más, cuando se aprobó la Ley de Dependencia en 2006, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de aquel entonces, el socialista Jesús Caldera, ya prometió que "la financiación" sería "suficiente" y quedaría "garantizada mediante la corresponsabilidad de todas las administraciones".
No obstante, posteriormente, llegó la crisis económica y se frenaron los incrementos por parte del Estado, llegando incluso a aplicar recortes durante los gobiernos de Mariano Rajoy.
Con la llegada de la pandemia y la aprobación del Plan de Choque 2021-2023, por parte del Gobierno PSOE-Unidas Podemos, se inició una senda de aumento del gasto, con el objetivo principal de reducir las listas de espera.
Eso sí, este ritmo de incrementos se frenó en 2024, ya con el Ejecutivo actual, y coincidiendo con las sucesivas prórrogas de los presupuestos.
Ahora, de cara a 2026-2027, este aumento se retoma con fuerza y además la corresponsabilidad quedará blindada por ley –si se quiere modificar, será mediante otra norma similar– y no dependerá por tanto de cada presupuesto.
De esta manera, a nivel contable, el Estado pasará a financiar el 50% de la atención y el resto se repartirá entre lo que aportan las comunidades y el copago, según han explicado a 65YMÁS varias fuentes del sector.
La infrafinanciación tiene consecuencias
La infrafinanciación del sistema de cuidados, durante estos años, ha tenido consecuencias graves, según han explicado en reiteradas ocasiones desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Concretamente, la peor de ellas ha sido la muerte de miles de personas en el limbo de la Dependencia, a la espera de conseguir una ayuda.
En total, calculan que 900.000 personas habrían fallecido inmersas en este laberinto burocrático.
Además, argumentan, la falta de fondos se ha traducido en estos años en unas intensidades de atención escasas y en la consolidación de un sistema low cost, con un gran peso de las prestaciones económicas familiares.
Y en paralelo, según han denunciado desde los sindicatos, también ha supuesto que los trabajadores tengan condiciones precarias y que el sector haya dejado de ser atractivo para los profesionales.
"La financiación de la dependencia no puede quedarse solo en cifras. Debe servir para mejorar la vida de las personas dependientes y también la de quienes las cuidan cada día. Más financiación sí, pero con condiciones: calidad del servicio, empleo digno y reconocimiento profesional", indicaba a 65YMÁS Luis Batuecas, coordinador de Dependencia de UGT Servicios Públicos.
Jubilación parcial
Otro de los cambios destacados de este mes de julio es la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, que flexibiliza los requisitos para la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas, con lo cual el Gobierno, por fin, da vía libre al acceso de estos empleados públicos al retiro parcial anticipado. Hay que recordar que no se permite a los funcionarios ni tampoco al personal estatutario; solo será de aplicación al personal laboral.
Las claves que regirán la jubilación parcial en el sector público son estas:
- Siempre con contrato de relevo. Desde el 1 de julio, desaparece el bloqueo existente en la jubilación parcial del sector público al adaptar la figura del contrato de relevo a las particularidades y lentitud de los procesos selectivos de la Administración (que se rigen por principios de igualdad, mérito y capacidad).
- Sistema más flexible que el del resto de trabajadores. La regla general es vincular la jubilación parcial a un contrato laboral fijo que provenga de un instrumento de planificación, preferentemente una Oferta de Empleo Público (OEP). Pero también se permitirá la contratación temporal como puente: si no es posible aplicar la regla anterior de forma inmediata, se permite realizar un contrato de sustitución temporal a tiempo completo. Este contrato durará hasta que se resuelva la convocatoria de la plaza fija o, como máximo, hasta el final del segundo año tras la extinción de la jubilación parcial del trabajador sustituido.
- Régimen transitorio de esta ley. Hasta el 1 de abril de 2027, las administraciones públicas podrán vincular la jubilación parcial a contratos fijos formalizados a partir del 1 de abril de 2024 derivados de ofertas de empleo ordinarias.
- El contrato de relevo podrá ser temporal e interino. A diferencia de la jubilación parcial general, en las administraciones públicas no se exige que la persona que entra como relevista tenga que estar previamente en el paro o contar con un contrato de duración determinada; podrá ser un contrato temporal y también un interino.
Precio de la gasolina
Otra de las novedades del mes de julio es el aumento del precio de la gasolina. El Gobierno aprobó este lunes el paquete anticrisis que contempla la retirada gradual del descuento a los carburantes para los hogares, el cual será de 15 céntimos por litro en julio e irá disminuyendo hasta su eliminación total en octubre, aunque se mantiene la bonificación al gasóleo para los profesionales de la agricultura y el transporte.
Adicionalmente, el sector primario recibirá 165 millones de euros extra en ayudas para la compra de fertilizantes, mientras que la CNMC vigilará los márgenes de beneficio de las gasolineras para publicar y permitir reclamaciones ante posibles comportamientos anómalos.
