Decreto Maricarmen: Los mayores exigen abordar la crisis de vivienda como urgencia intergeneracional
Piden ir más allá del cálculo parlamentario y recelan de la división en dos decretos diferentes
Las reacciones a la aprobación este martes de los dos decretos de vivienda en el Consejo de Ministros en vez de un solo 'decreto Maricarmen' tras un acuerdo in extremis entre PSOE y Sumar', no se ha hecho esperar. Plataformas de mayores y pensionistas, así como organizaciones sociales y sindicatos celebran que se haya avanzado en esta materia, pero ven que las medidas sigue siendo "insuficientes". Además recelan de la división del decreto en dos diferentes para conseguir el apoyo de los socios de Gobierno de Sumar por un lado y el de Junts por otro, dejando un lado los intereses de la ciudadanía.
Y es que la tramitación de estas medidas se ha visto impulsada por la presión ciudadana y las movilizaciones desencadenadas tras el reciente desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles, que motivó el inicio de una acampada de protesta en la Puerta del Sol. Entre las nuevas medidas se incluye la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones; la prohibición de la compra de viviendas por 'fondos buitre' hasta 2028 y por otro lado la renovación automática de contratos de alquiler, que exigían Sumar y el Sindicato de Inquilinas, que tendrán que ser convalidados este viernes en un Pleno extraordinario de este viernes.
Temor a que no sean convalidados en el Congreso
Asociaciones de mayores y pensionistas han compartido con 65YMÁS sus primeras valoraciones ante la fragmentación en dos del Decreto Maricarmen y sitúan la vivienda como una "urgencia intergeneracional". Exigen así que se pongan en el centro a los ciudadanos, en lugar de los intereses políticos. Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), ven con preocupación "que salgan dos decretos, dos ruedas de prensa, una por cada partido que conforma el gobierno –en referencia a PSOE y Sumar–, ha explicado a 65YMÁS José Luis Fernández Santillana, presidente de CEOMA. Y confiesa el temor a que no sean convalidados en el Congreso.
También echan en falta más detalle de cada una de las medidas. En especial, "definir los términos de la vulnerabilidad, y no solo ligada a la edad" y recordando que "el problema de la vivienda es intergeneracional y sería deseable un gran pacto en esta materia".
Piden un "equilibrio justo de intereses"
En una línea similar se ha pronunciado Gloria Veiga, presidenta de la Confederación Nacional de Organizaciones de Mayores (CONFEMAC). "En principio me gusta la música, ahora hay que detenerse en la letra", ha valorado Veiga, incidiendo en que "cortar las prácticas abusivas del mercado de la vivienda es imprescindible".
A juicio de la representante de CONFEMAC, "el mercado de la vivienda no puede ser un espacio sin ley, donde se proteja a tenedores especulativos que desquician el mercado y convierten el conseguir una vivienda de alquiler en algo inalcanzable para personas normales con un empleo normal" y personas mayores. Por eso, ha pedido "un equilibrio justo para ambos intereses" y "sobre todo regular los alquileres turísticos que han bloqueado el mercado de la vivienda en las grandes ciudades".
Pensionistas piden garantizar la vivienda "más allá del cálculo político"
Por su parte, Conchita Ribera, representante de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) en Cataluña, ha juzgado insuficiente la respuesta política. "Los dos decretos se quedan cortos y no recortado para convencer a Junts. El derecho a la vivienda debería garantizarse, más allá de lo político y lo que quiera Junts", ha explicado a 65YMÁS. La portavoz ha puesto el acento en la fragilidad de las personas mayores frente a los costes del alquiler.
"Nosotros vamos a seguir movilizándonos, porque los pensionistas somos especialmente vulnerables a las subidas de precio de alquiler, al no poder reajustar nuestra economía". Además, ha tachado "vergüenza» que a Maricarmen le exigieran "2.600 solo de alquiler", urgiendo a que "se debería ir más allá y limitar los alquileres".
El Sindicato de Inquilinas tilda de "vergüenza" la división en dos decretos
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha reaccionado con indignación ante la decisión del Consejo de Ministros de trocear la regulación. Desde la acampada de la Puerta del Sol, las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río y Valeria Racu, han confirmado que la movilización "sigue en las calles" y han tildado de "vergüenza" la división parlamentaria de las medidas.
Racu ha calificado de "verdadera vergüenza" la posibilidad de dividir la regulación y ha acusado al Ejecutivo de "jugar a la campaña electoral" y de recurrir al "divide y vencerás" para dejar únicamente "migaja" del texto demandado por la calle. Exigiendo la tramitación de una norma única "sin una sola coma cambiada", advirtieron de que cualquier alternativa será "un decreto farsa" y han avisado a la espera de conocer la letra pequeña. "Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, se hará".
No obstante, han valorado "muy positivamente" que uno de los decretos contemple la suspensión de desahucios hasta 2030 y una prórroga de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2028, y que el segundo recoja la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones
UGT y CCCO celebra la medida y las movilizaciones en las calles
Para los sindicatos UGT y CCOO, los dos reales decretos leyes aprobados hoy en el Consejo de Ministros son, ante todo, el resultado de una fuerte demanda social para poner fin al fenómeno absolutamente incontrolado de especulación inmobiliaria, algo que ha hecho que el precio, tanto del alquiler de vivienda como de la compra, estén fuera del alcance de una gran parte de la población".
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha vinculado directamente el anuncio del Gobierno a la fuerza de la calle. "Las movilizaciones son las que nos han traído hasta aquí, movilizaciones mediáticas que han recorrido el mundo", ha subrayado Álvarez, tachando de "inhumanidad del fondo buitre propietario" la imagen del desahucio "en camilla" de una anciana de 87 años y enfatizando que "no hay salario que aguante el precio de la vivienda en nuestro país".
🔴 UGT y CCOO valoran lo aprobado hoy por el Consejo de Ministros como consecuencia de la exigencia social en materia de vivienda
— UGT (@UGT_Comunica) September 29, 2026
➡️ Los dos sindicatos mantendrán su compromiso y participación con las movilizaciones sociales y la capacidad de propuesta para erradicar la… pic.twitter.com/gWDLCNWU4H
Medidas antidesahucios y el resto de acuerdos del primer decreto
El primer decreto, engloba "un conjunto transversal de medidas articuladas en cuatro grandes bloques", según ha explicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros:
- Protección frente a desahucios: Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la suspensión de los procedimientos de desahucio cuando afecten a personas en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional.
- Prórroga de contratos en vigor: Los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán prorrogarse durante dos años en las condiciones previstas por la norma.
- Fondos de inversión: Se establece una prohibición hasta 2028 para determinadas operaciones de compra de viviendas por parte de fondos de inversión para paralizar compras especulativas.
- Alquiler de temporada y habitaciones: Se regula esta modalidad para exigir una causa que justifique su carácter temporal y evitar que se utilice para eludir las condiciones de los contratos de vivienda habitual.
- IVA a pisos turísticos: El Ministerio de Vivienda ha anunciando un impuesto a los pisos turísticos del 10%, ahora exentos del pago de este tributo. Este porcentaje es inferior al 21% que anunció el Gobierno para estas viviendas hace unos meses.
- Bonificaciones fiscales: incentivos fiscales para propietarios e inquilinos vinculados al alquiler de vivienda, con diferentes condiciones y límites, entre estos, las bonificaciones se destinan a los que ingresen menos de 33.000 euros.
- Impulso a la vivienda pública: Se consolida el parque público bajo el modelo 'Casa 47', que contempla contratos de alquiler garantizados de hasta 75 años de vigencia, e introduce una rebaja del IVA al tipo superreducido del 4% para la vivienda protegida y de promoción pública.
- Medidas fiscales para Socimis que orienten su inversión a la vivienda asequible.
Asimismo, el Gobierno activará un nuevo mecanismo de financiación denominado 'Tu Casa' para facilitar el acceso a la primera vivienda, mediante el que adelantará el préstamo a las familias a través de un crédito hipotecario con un tipo de interés del 0%.
Segundo decreto: renovación automática de los contratos de alquiler
El segundo real decreto se orienta específicamente a "dar estabilidad al mercado de arrendamiento de vivienda habitual", según han defendido desde el Gobierno.
- Renovación automática de contratos: Establece la prórroga o renovación automática de los contratos de alquiler residencial con salvaguardas específicas, medida inspirada en legislaciones europeas para evitar que los inquilinos vivan en situación de incertidumbre constante al vencimiento de sus contratos. Se trata de un requisito que exigían Sumar y el Sindicato de Inquilinas.
¿Qué apoyos necesita el Gobierno en el Congreso?
El principal escollo para el Gobierno será reunir los apoyos suficientes en la Cámara para convalidar los dos reales decretos leyes. El PP y Vox han mostrado su rechazo al paquete, mientras que Junts mantiene una posición condicionada a la incorporación de algunas de sus propuestas en materia de vivienda, como las bonificaciones fiscales a los caseros. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado la eficacia del decreto de vivienda y ha defendido un aumento de la oferta como vía para abordar el problema de acceso a la vivienda.
Por su parte, Junts ha acusado a Sumar de "vetar la protección del pequeño propietario" durante la negociación del real decreto ley sobre vivienda, aunque ha mantenido abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Junts ha reclamado, entre otras cuestiones, una mayor protección para los pequeños propietarios frente a la suspensión de los desahucios. Además de los catalanes, el Gobierno también necesita asegurar el apoyo de Podemos, que había exigido la eliminación de la reforma de la Ley del Suelo. La reforma finalmente queda fuera del nuevo paquete.
