El Gobierno aprueba la nueva Ley de Servicios Sociales: así afecta a los mayores

El anteproyecto de ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, en primera lectura, elimina el requisito del empadronamiento para acceder a las prestaciones.

Según el texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, "no podrá solicitarse como requisito para el acceso a los servicios y prestaciones básicas derivadas de esta ley un tiempo mínimo de empadronamiento o residencia en un municipio o comunidad autónoma".

Tampoco quedará excluida de la cobertura de la red de servicios sociales ninguna persona, por no disponer de recursos económicos, todo ello, con el fin de simplificar el acceso a estos derechos, según la ley.

En esta misma línea, la nueva norma establece que cuando una persona haya accedido al uso de un servicio o prestación básica en una comunidad autónoma, y se traslade a vivir a otra, ya sea de forma temporal o permanente, podrá mantener ese servicio o prestación en el lugar de destino, a diferencia de lo que ocurre ahora.

Precisamente, la nueva norma busca garantizar la igualdad de acceso a los servicios y prestaciones por parte de todas las personas o familias que pasan por situaciones de vulnerabilidad social, relacional o funcional, independientemente de la comunidad autónoma donde residan.

Según se lee en el texto del anteproyecto, "los distintos ritmos de desarrollo, las diferentes prioridades políticas y la ausencia de un estándar común mínimo de lo que deben hacer los servicios sociales, han desembocado en una gran diversidad territorial".

A esto se suma, según se señala en la exposición de motivos, que "en muchas ocasiones el modelo de intervención se ha construido centrado en los servicios y no tanto en las personas, sus necesidades y preferencias", con "una excesiva burocracia" y una "poca personalización de los servicios" que podía derivar en un trato "estigmatizante, poco humano o respetuoso".

En este sentido, la ley mandata a las comunidades autónomas a acordar con el Ministerio competente, en el seno de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, un catálogo común de servicios y prestaciones básicas esenciales para todo el conjunto del territorio del Estado, incluyendo la ratio de profesionales o los niveles mínimos e intensidades, entre otros. Además, los usuarios tendrán derecho a contar con un profesional de referencia que les oriente y a tener una historia social única en formato digital, es decir, un expediente con todos los datos, diagnóstico y apoyos recibidos.

Asimismo, establece que el Ministerio competente deberá elaborar un "instrumento de valoración diagnóstica", que pueda utilizarse para valorar la vulnerabilidad social de las personas y hogares; y recoge una serie de definiciones como: exclusión social, vulnerabilidad social, vulnerabilidad funcional, vulnerabilidad relacional o no estigmatización.

Regulación específica de las ayudas urgentes

Además, a fin de promover la "agilidad" de la respuesta pública a situaciones de vulnerabilidad, emergencia o urgencia social, el anteproyecto señala que las prestaciones económicas de emergencia o urgencia social gestionadas por los servicios sociales a favor de perceptores que sean personas físicas contarán con una "regulación específica" en el marco de la ley de subvenciones. En concreto, da un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley para que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio competente en servicios sociales presenten esta nueva regulación.

Otra de las novedades que introduce la ley es la creación de un Sistema de Información estatal de Servicios Sociales que contendrá información relativa a la población atendida, las apoyos sociales, servicios y prestaciones que reciben, calidad, infraestructuras de la red y resultados obtenidos. Asimismo, se incluirá la variable del sexo "para facilitar la incorporación de la perspectiva de género" y "avanzar en nuevas estrategias que permitan mejorar la medición de las desigualdades debidas al género", tal y como se lee en el texto.

Otro cambio es la consideración de los servicios sociales como "servicios esenciales" lo que "conllevará la atención asegurada a todas las personas en situaciones de emergencia", según se precisa en la ley.

Por otro lado, la norma incluye la creación de un Observatorio en Servicios Sociales, un grupo de trabajo, formado por personas de las administraciones públicas, entidades del tercer sector, universidades, organizaciones profesionales y expertos, para el debate y análisis en torno a los servicios sociales; de una Comisión Interministerial para la coordinación de las políticas sociales vinculadas con los servicios sociales, y de un Consejo Asesor en Servicios Sociales.

Además, la ley cambia la denominación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que pasará a denominarse Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, y que será el instrumento de coordinación, cooperación y colaboración entre las administraciones autonómicas y la administración central.

Igualmente, establece que el Ministerio competente en la materia de servicios sociales y el Ministerio de Hacienda deberán llevar a cabo los estudios y trabajos pertinentes para la creación de un Centro Estatal de Referencia en Innovación Social y Servicios Sociales (CERISS).

Pleno respeto a las competencias autonómicas

En la exposición de motivos, el Gobierno explica que esta ley se dicta "desde el pleno respeto a las competencias autonómicas" y al amparo de la "competencia exclusiva" del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos.

La ley entrará en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación en el BOE y da un plazo de 18 meses para acordar el catálogo de prestaciones mínimas para todo el Estado. Asimismo, da un plazo de 24 meses para la integración de la información en el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales.

La opinión de los mayores

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, acoge con satisfacción la aprobación en primera vuelta en su paso por el Consejo de Ministros de la nueva Ley de Servicios Sociales, la primera de estas características que se aprueba en 40 años de democracia en España y que supondrá el establecimiento de un nuevo sistema público de protección social unificado y unas prestaciones básicas para todo el Estado.

Así, la nueva norma responde a las reivindicaciones de la PMP respecto a la creación de un marco legal estatal para los servicios sociales que permita garantizar una protección mínima para el conjunto del territorio español, avanzando hacia un modelo de servicios sociales universales, consagrando el derecho subjetivo de la ciudadanía, establecido en la Constitución Española, a contar con esa cobertura y protección y facilitando la cooperación entre las diferentes administraciones.

Para la Plataforma, se trata de “una norma de la máxima relevancia para el conjunto de la sociedad”, pues su aprobación supondrá que los diferentes sistemas públicos de protección social a nivel territorial quedarán integrados en un único Sistema Nacional de Servicios Sociales, quedando así concretados sus objetivos y especificidad como cuarto pilar del Estado de Bienestar, junto a los sistemas educativo, sanitario y de pensiones.

Este proyecto legislativo posibilitará avanzar en la mejora de la calidad de los servicios sociales, replanteando requisitos mínimos comunes y estándares de información, reforzando la rendición de cuentas y promoviendo la necesaria modernización del sistema para el abordaje de las necesidades de la ciudadanía.

En cuanto al contenido de la Ley de Servicios Sociales, la PMP también destaca los avances que supone en cuanto a protección social de los colectivos más vulnerables en todo el territorio nacional, dado que entre sus objetivos se cuentan: mejorar la calidad de vida y promover la normalización, la participación y la inclusión social, económica, laboral, cultural y educativa y de salud de todas las personas; fomentar la cohesión social y la solidaridad; promover la autonomía personal y familiar y prevenir y detectar las situaciones de necesidad social de la población, así como planificar y desarrollar estrategias de actuación, con especial atención a situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia y situaciones de riesgo y/o exclusión; y favorecer la igualdad efectiva de las personas, eliminando discriminaciones por razón de sexo, de discapacidad, de edad, de origen o por cualquier otra razón o circunstancia personal o social, e impulsando políticas de inclusión social.

Asimismo, la PMP subraya que la nueva ley, además de sentar las bases para el establecimiento de una red de sistemas de servicios sociales mediante un planteamiento global y coordinado para promover el acceso efectivo de las personas que se encuentren o corran el riesgo de encontrarse en una situación de exclusión social, tiene como meta conseguir que estos sean menos asistencialistas, además de reducir las diferencias de atención que existentes actualmente en nuestro país.

En la actualidad existen en España 17 sistemas independientes, sin conexión entre sí, y solo se cuenta con un catálogo de referencia de prestaciones y servicios a nivel estatal que data de hace ya 10 años.

El objetivo de la norma también es lograr que esté actualizado y que se fijen estándares de calidad para cada una de las prestaciones y servicios. La PMP considera que la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de toda la ciudadanía española en el ejercicio de los derechos sociales constituye una necesidad y una obligación por parte del Estado.

Por ello, urge al Gobierno a la celeridad en la tramitación de este proyecto legislativo y facilitará el apoyo a los trabajos correspondientes a esta iniciativa legislativa.

Celebramos que, tras tantos años, por fin exista una clara determinación y un compromiso político sólido a la hora de elevar el sector de los Servicios Sociales al lugar que merece, colocándolo a la misma altura que al resto de sistemas como el educativo o el sanitario.

El conjunto de la sociedad necesita, hoy más que nunca, una ley que defina y consolide nuestro sistema público de Servicios Sociales, desarrollando el cuarto pilar del Estado de Bienestar, concluye la PMP.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) nace como un proceso de confluencia de las Organizaciones, Federaciones y Confederaciones de Mayores y Pensionistas más importante del país, con el objetivo de representar al movimiento asociativo de las personas mayores y facilitar la interlocución con los poderes públicos y otros actores sociales.