El caso de María, una mujer de 88 años que tendrá que abandonar su casa en la que ha vivido durante décadas, llamó la atención recientemente, incluso se llegó a lanzar una campaña de firmas, puesta en marcha por la Fundación Adopta un Abuelo, para tratar de frenarlo, una campaña que ya ha alcanzado su objetivo previsto, por lo que pasarán a presentar las firmas recogidas para pedir "que se legisle una nueva ley y que personas con las circunstancias de María no tengan que abandonar su casa". A este se suma Maricarmen, una mujer de 84 años que, igualmente, podría ser desahuciada de su casa el próximo viernes 31 de mayo, donde ha vivido durante casi siete décadas.
Maricarmen ha vivido en su casa en el barrio de Ibiza, en Madrid, desde 1956, cuando su padre la alquiló. "Hasta 1985 los contratos eran indefinidos y, si el titular fallecía, podía heredarlo su pareja o hijos convivientes: son los contratos de renta antigua", explican desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que ha contado su caso después de que Maricarmen contactase con ellos hace unos meses "muy preocupada".
"Quieren echarla del piso en el que vive desde 1956. Ahora propone una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos", explican. En todo este tiempo, Maricarmen no se ha retrasado "ni un solo día" en el pago del alquiler, tal y como aseguran.
Tras la muerte de su madre, Maricarmen se subrogó en el contrato de alquiler que había estado pagando todo este tiempo. Sin embargo, hace seis años "un fondo buitre compró el bloque donde vivía", indican. A Maricarmen le ofrecieron comprar la casa, pero no tenía el dinero suficiente para poder hacerlo.
En un comienzo, la Justicia dio la razón a Maricarmen, pero tras varios recursos, el Tribunal Supremo decidió que no podía seguir prorrogando el contrato, puesto que "la Ley de Arrendamientos Urbanos estableció en 1994 que las segundas subrogaciones (normalmente hijas que cuidaban de sus padres) se agotasen en dos años, salvo discapacidad de más del 65%", explican. En el caso de Maricarmen, tiene reconocida un 50% de discapacidad.
La pensión de Maricarmen apenas llega a los 1.400 euros al mes, por lo que pagar un alquiler de 1.650 euros mensuales, que es la propuesta que le han hecho, no es una opción.
"Maricarmen no piensa aceptar el chantaje. Se queda. Y no quiere que ninguna inquilina de renta antigua vuelva a verse en la misma situación. Por eso nos propone ir más allá y modificar la ley para eliminar el requisito del 65% de discapacidad", explican, lo que han llamado "la Enmienda Maricarmen".