Los nombramientos de Sánchez para el TC enturbian las negociaciones en el CGPJ: "Cambia el panorama"

La designación del ex ministro Juan Carlos Campo y de la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez como candidatos del Gobierno al Tribunal Constitucional (TC) ha impactado en las negociaciones entre los bloques progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a los dos aspirantes que completan el tercio de magistrados del TC pendiente de renovar, ya que los vocales conservadores creen son perfiles politizados que deben compensarse.

"Cambia el panorama", resumen las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, después de que el Ejecutivo haya designado a Campo, el ministro de Justicia que tramitó los indultos de los condenados por el 'procés', y a Díez, una catedrática de la Universidad de Barcelona asesora del Govern catalán para la reforma del Estatut y ex alto cargo en el Ministerio de Presidencia.

 

El ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo

 

Y ello porque desde el bloque conservador perciben a Campo y Díez como dos candidatos excesivamente politizados por cuanto ambos han prestado servicios al actual Ejecutivo. "Proceden de la fontanería del Gobierno", ilustran.

Así las cosas, el ala conservadora ve necesario garantizar que los dos aspirantes a la corte de garantías que compete proponer al CGPJ sean intachables desde la óptica de la imparcialidad.

De esta forma, las dos corrientes del CGPJ asumen que el hecho de que el Gobierno haya dado a conocer a sus dos candidatos influirá en sus negociaciones internas para la búsqueda de posibles aspirantes.

 

La ex alto cargo de Moncloa Laura Díez

Próxima reunión

Los portavoces de ambos bloques –Álvaro Cuesta y Roser Bach, del lado progresista, y José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador– se reunirán este miércoles a partir de las 12.00 horas para proseguir con las negociaciones destinadas a designar a sus dos candidatos que, junto a la dupla del Gobierno, forman el tercio que debía haberse renovado el pasado 12 de junio.

La reunión ya estaba prevista desde la semana pasada, cuando los negociadores llegaron a un punto muerto después de que los progresistas insistieran en mantener al magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés como su candidato y de que los conservadores incidieran en cambiar las reglas del juego para evitar lo que perciben como un "reparto de cromos".

De acuerdo con las referidas fuentes, los negociadores ratificarán mañana sus respectivas posturas, por lo que se esperan pocos avances en la cita de este 30 de noviembre.

El sector progresista acudirá con la intención de mantener la candidatura de Bandres mientras que los portavoces conservadores reiterarán la necesidad de poner más nombres encima de la mesa para que los dos candidatos se negocien conjuntamente.

Primera votación, el 22 de diciembre

Según ha podido saber Europa Press, el bloque conservador manejaba ya seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

No obstante, los mejor posicionados para conseguir el aval del conjunto del CGPJ son Tolosa y Pablo Lucas, el magistrado del TS encargado de controlar la actividad del CNI.

El CGPJ se ha comprometido a celebrar una primera votación en su Pleno ordinario del próximo 22 de diciembre, si bien las fuentes subrayan que es probable que ese día no haya fumata blanca, lo que podría postergar cualquier acuerdo al próximo año.

 

El Constitucional decide no examinar los dos candidatos del Gobierno

Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC) ha optado por no examinar inmediatamente a los dos candidatos designados por el Gobierno –Juan Carlos Campo y Laura Díez–, a la espera de que el CGPJ nombre también a sus dos aspirantes, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

Las fuentes explican que, de momento, Campo y Díez no serán examinados en solitario en el Pleno del TC, que debe hacer un examen de idoneidad para comprobar que los nominados cumplen los requisitos legales para ser magistrado del Constitucional –ser español y magistrados, fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional–.

Las citadas fuentes indican que, cuando el TC reciba el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se designa a Campo y Díez, lo pondrá en conocimiento del CGPJ para que éste a su vez proceda a nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.

El presidente del TC, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares vieron expirar su mandato el pasado 12 de junio, tratándose de los cuatro magistrados que componen el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ.

Fuentes jurídicas explican que la cuestión clave es si esos cuatro magistrados pueden renovarse por partes –dos y dos– o si, de la interpretación literal de la Constitución, solo cabe deducir que debe reemplazarse el tercio completo. Una incógnita que corresponderá despejar al Pleno del TC, si finalmente examina en solitario a los nominados por Moncloa.

En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque –explicaban– el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo de 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.

Sin embargo, las mismas fuentes apuntan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.

Fuentes del TC consideran factible que los dos aspirantes del Gobierno tomen posesión por cuanto, exponen, una cosa es que no puedan ir los cuatro candidatos por impedimento legal –como ocurría antes de la segunda reforma del LOPJ– y otra que no pueda renovarse el Constitucional porque un órgano del Estado bloquea a otro, ya que –alegan– desde julio la renovación de la corte de garantías depende únicamente de la voluntad de los vocales del Consejo.

Además, recuerdan que ya hay un precedente histórico de constitución incompleta del TC. Los primeros magistrados del Constitucional se nombraron el 14 de febrero de 1980 y días después, el 25, tomaron posesión. Solo eran diez porque faltaban los dos del CGPJ y aún no se había constituido. El tribunal no quedó plenamente constituido hasta ese 12 de julio, pero hasta entonces funcionaron como un colegio de magistrados.

De una mayoría conservadora a otra progresista

Frente a esta tesis, otras fuentes del TC sostienen que la Constitución no permite más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los 4 magistrados), porque lo contrario supondría 'de facto' hacerlo por sextos (2 magistrados).

Y señalan como antecedente favorable a esta posición lo ocurrido en 2004, cuando el CGPJ nombró a Pascual Sala y Ramón Rodríguez-Arribas, y el Gobierno de José María Aznar, ya en funciones tras la victoria electoral del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero, optó por no designar a sus dos candidatos, que finalmente fueron designados por el nuevo Ejecutivo socialista, con Manuel Aragón y Pablo Pérez-Tremps.

Así las cosas, la llave del Pleno la tendrá la actual mayoría conservadora del TC, de 6 a 5, ya que la plaza del magistrado Alfredo Montoya –que debe cubrir el Senado– sigue vacante.

Cabe recordar que, si el Gobierno finalmente decide nombrar por su cuenta, y logra el visto bueno del Pleno, la mayoría del Tribunal Constitucional cambiará porque González-Trevijano y Narváez, en su día postulados por el Ejecutivo de Rajoy, serían sustituidos por los dos que enviara el Gabinete de Sánchez, configurando una mayoría progresista de 7 a 4, a falta de los dos del CGPJ.