Declararse insolvente: ¿cuándo y por qué es necesario?

La crisis sanitaria actual está provocando que muchas personas atraviesen momentos financieros muy complicados y para los que la opción de declararse insolventes puede ser una alternativa para salir adelante. Hasta el 2015, solo las empresas podían declararse insolventes, pero con la Ley de Segunda Oportunidad los autónomos y personas físicas también pueden hacerlo.

¿En qué consiste la declaración de insolvencia?

Las personas naturales tienen la oportunidad de renegociar sus deudas con sus acreedores antes de que puedan sufrir algún embargo o ser desahuciadas de sus domicilios, por ejemplo. De esta manera, ante el caso de acumular deudas a las que no se puede hacer frente, la ley permite a los morosos acudir a un Centro de Conciliación, que es habilitado por el Ministerio del Interior y de Justicia, para pedir la solicitud de 60 días hábiles, prorrogables por 30 días más, durante los que se negociará con los acreedores cómo se hará frente a las obligaciones. Este trámite se lleva a cabo mediante un proceso extrajudicial y lo debe regular un agente de conciliación. 

A partir de que se inicia la solicitud de declaración de insolvencia, se terminan todos los procesos judiciales contra el deudor y se suspende el cobro de cualquier tipo de interés, cuotas de administración y otros cobros, salvo los relacionados con la alimentación.  

Requisitos para declararse insolvente

• Cuando se haya incumplido la cancelación de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por un plazo mayor a 90 días o cuando existan en su contra una o más demandas de ejecución o de cobro judicial. 
• Además, las obligaciones atrasadas deben suponer, al menos, la mitad de la deuda total del deudor y el acuerdo debe ratificarse por 2 o más acreedores que representen más del 50% de la cantidad que se debe. 
• Y, si se trata de una empresa o un autónomo, es necesario cumplir con tres requisitos para declararse insolventes como que la deuda no puede superar los 5 millones de euros, no puede existir una sentencia en firme en contra del deudor durante el año anterior por algún delito relacionado con Hacienda, Seguridad Social, patrimonio o delitos de falsedad documental, y, por último, la deuda no ha de ser con la Administración Pública.

En definitiva, la insolvencia no es un mecanismo para que las obligaciones de pago terminen, sino una alternativa para intentar arreglar la mala situación en términos financieros.