A medida que van pasando los días, la satisfacción de muchos pensionistas que cotizaron en las antiguas mutualidades laborales y que están pendientes de la devolución de aquello que cotizaron de más, se va tornando en nerviosismo. Y también en enfado. El tiempo pasa, la campaña de la Renta está a punto de entrar en el mes de junio, y nada ha cambiado para ellos.
“Estamos en plena campaña de la renta y la gente que ha prestado el impreso de solicitud aún o sabe si le van a pagar solo lo que corresponde a una de las anualidades o le van a pagar todo”, se queja José Luis Fernandez Santillana, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores(CEOMA). “Estamos en lo de siempre, miren, si les han cobrado de más, y es un cobro indebido, restitúyanlo de manera inmediata, ¿no?”, se pregunta.
Las palabras de Fernandez Santillana, también director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera, vocal de la Junta Directiva de JUPEN-USO, demuestran el sentir de tantos jubilados que cotizaron en las antiguas mutualidades laborales. “Me parece que la gente está muy caliente, podría emplear palabras más gruesas”, se lamenta el presidente de CEOMA.
Incertidumbre sobre el cobro
A media que avanza el tiempo, los afectados empiezan a dudar si de verdad el Gobierno va a rectificar. Han pasado dos meses desde que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurara que “tras escuchar al colectivo y a los sindicatos, vamos a impulsar un cambio normativo para acelerar al máximo estas devoluciones y se reciban en un solo pago a lo largo de 2025”. Hace dos meses, el Gobierno corregía lo que había sido un error garrafal, dejar sin efecto las devoluciones no resueltas en mitad del proceso y un nuevo mecanismo farragoso y dilatado en el tiempo. Pero 60 días después, nada ha cambiado.
“Está previsto que se produzca una modificación normativa, de tal manera que el formulario de solicitud que se presente permitirá obtener en 2025 la devolución de los ejercicios 2019 a 2022 y años anteriores no prescritos”, dice la Agencia Tributaria en su sede digital, en el apartado informativo para mutualistas. La misma información que recogía hace dos meses.
Para que los mutualistas cobren de una vez este año las devoluciones de los ejercicios 2019 a 2022 y años anteriores no prescritos, si los hubiera, el Gobierno debe acometer un cambio normativo que ha iniciado, pero sigue en trámite. Aun no está aprobado. De modo que el formulario de solicitud que están rellenando debería servir para cobrar todos los años, pero comienzan a surgir dudas. “Esperemos que de verdad, quien ha hecho ya la solicitud, que en realidad es la solicitud para reclamar la devolución de un año, de verdad le sirva para recuperar los cuatro años que le quedan pendientes. Esperemos que así sea, pero que sea ya” asegura Fernández Santillana. “Es así de ineficaz la administración, con lo sencillo que podría ser”, apostilla.
Para muchas personas, es urgente. Por la edad de a mayoría de los afectados, cada día que pasa es un tiempo demasiado preciado. “Es que hay personas que por razones de edad seguramente no podrán percibirlo, y tendrán que entrar los herederos a litigiar por unas cuantías que quizá no sean tan importantes”, dice Fernández Santillana.
Sin información
Parte del nerviosismo de los pensionistas mutualistas está en el mutismo de la Agencia Tributaria con el asunto. “No nos dan ninguna información, no hay ninguna respuesta y estamos todos muy indignados”, asegura José Luis Fernández Santillana. “Lo único que nos han dicho es que es que lo van a hacer, que sí, que rectifican y que van a cambiar a cambiar la normativa para pagar todo de golpe y a la mayor brevedad posible, pero todavía no lo han modificado… y esto estamos hablando ya de hace un par de meses, que es cuando la ministra se comprometió a este cambio. Y desde entonces, nada, silencio absoluto”, añade.
El cambio normativo, se ha iniciado, aunque aún no esté aprobado, aunque tampoco han dado ninguna información a las asociaciones de mayores. “Nos hemos enterado igual que en diciembre cuando hicieron la modificación anterior, cuando paralizaron las devoluciones, por los medios. No nos informaron. Y ahora lo mismo, esa modificación la han metido de tapadillo, en otro asunto que no tiene nada que ver”.
Ley de Vehículos a motor
El Gobierno ya ha puesto en marcha ese cambio normativo a través de una enmienda en una ley que nada tiene que ver con la fiscalidad. En concreto, está incluido en la enmienda número 27del Proyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
“Pero, ¿qué tienen que ver los mutualistas con una cuestión relacionada con el seguro del automóvil?” Se pregunta el presidente de CEOMA.
Más de 4.600 millones de euros
“¿Por qué cuando se trata de devolver la Agencia Tributaria no actúa con la misma premura que nos exige a los ciudadanos a la hora de pagar? La administración es muy poco eficiente. Espero que restituyan con los intereses de demora correspondientes, que a nosotros nos los cobran siempre si te retrasas”, dice José Luis Fernandez Santillana, quien, además, abre otro debate: “¿Por qué tienen que pagar los mutualistas estas situación? ¿Por qué tienen que estar financiando al Estado los mutualistas con su dinero? Porque esta es la gran pregunta”, señala.
En efecto, Hacienda se enfrenta a un pago total de más de 4.000 millones de euros en devoluciones a los pensionistas. En concreto, 4.611 millones de euros que debe pagar a los jubilados mutualistas por las devoluciones a las que tienen derecho por exceso de tributación. Es la cantidad total que falta por devolver, contando con la parte de las haciendas forales, tal y como ha admitido la propia María Jesús Montero.
Tras las sentencias del Tribunal Supremo, Hacienda cuantificó el importe de las devoluciones que tenía que hacer a los pensionistas, al igual que la AIReF en 1.700 millones de euros, según dejó reflejado en las Cuentas de la Administración General del Estado de 2023. Pero era mucho más. Casi 6.000 millones de euros, de los que ya ha abonado, el año pasado, 1.325 millones de euros.
A la vista de lo que supone cumplir con la sentencia del Supremo, es por lo que en diciembre pasado el Gobierno trató de evitar el impacto en las arcas públicas con la sorprende decisión de anular las solicitudes hechas y no resueltas y cambiar el sistema para dilatar las devoluciones en varios años, que ahora, se ha visto obligado a corregir. Fundamentalmente por la presión y críticas de los afectados, así como sindicatos, asociaciones de mayores y organizaciones profesionales, de fiscalizas o gestores administrativos, entre otros.
Un importante monto que ya está contemplado en el déficit público del 2,8% del PIB del ejercicio 2024. “La Agencia Tributaria está en condiciones de poder atender estas solicitudes en ese solo pago”, aseguraba María Jesús Montero.
Sobre el autor:
Beatriz Torija
Beatriz Torija es periodista y documentalista, especializada en información económica. Lleva 20 años contando la actualidad de la economía y los mercados financieros a través de la radio, la televisión y la prensa escrita. Además, cocina y fotografía.