El Pacto de Toledo garantiza las pensiones aunque las cotizaciones no alcancen para pagarlas

El Pacto de Toledo cierra el acuerdo para la reforma de las pensiones: estas son sus recomendaciones

Las grandes reivindicaciones de los pensionistas que no recoge el Pacto de Toledo

La penalización por jubilación anticipada tendrá excepciones

Los pensionistas ven insuficiente la subida del 0,9% y exigen mejorar las pensiones mínimas

Escrivá, sobre el Pacto de Toledo: "Los pensionistas seguirán manteniendo su poder adquisitivo"

ESPECIAL: El futuro de las pensiones

 

 

La Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo ha cerrado este viernes un acuerdo para renovar sus recomendaciones en materia de pensiones, que someterá a votación el martes 27 de octubre. Posteriormente, el informe se remitirá al pleno del Congreso de los Diputados, donde los grupos políticos podrán incorporar sus votos particulares. Una vez que las recomendaciones queden cerradas en el Congreso, previsiblemente en noviembre, llegará el turno del Gobierno para elaborar el texto legislativo de la reforma del sistema de pensiones. Y, mientras tanto, es preciso acordar el máximo respaldo de los agentes sociales, en sucesivas reuniones de la Mesa de Diálogo Social, que se inauguró hace unos días.

Tras cuatro años de negociaciones sobre cómo embridar el déficit estructural de la Seguridad Social y afianzar su sostenibilidad futura, el Pacto de Toledo ha trazado esta hoja de ruta: fomentar una vida laboral más larga, retrasar la edad de jubilación voluntaria, penalizar más la jubilación anticipada, sanear el déficit de la Seguridad Social de aquí a 2023 mediante el traspaso de gastos impropios al Estado, e impulsar los planes de pensiones de empresa, entre las principales concretas ya consensuadas.

Y, por encima de ellas, tres recomendaciones de gran calado:

-Vuelta al IPC como mecanismo de revalorización de las pensiones (en 2021 subirán un 0,9% según se ha anunciado), con lo cual se anula una de las medidas de la reforma de 2013 más lesivas para los pensionistas.

-Las cotizaciones sociales siguen manteniéndose como "fuente básica" de ingresos, pero el informe señala que deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones, con lo cual se consagra que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo.

-La oposición del Pacto de Toledo a una "transformación radical" del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad o que incluso eventuales reformas afecten a los mismos.

Estos tres compromisos de los grupos integrantes del Pacto de Toledo persiguen dar certeza a los pensionistas presentes y futuros, haciendo hincapié en que el sistema es sostenible y proveerá pensiones dignas que mantendrán el poder adquisitivo, aunque las cotizaciones no alcancen para pagarlas.  

Hasta 22.000 millones de euros de déficit, para el Estado

 

 

Las recomendaciones de la Comisión incluyen como prioridad eliminar el déficit de la Seguridad Social, traspasando una serie de gastos impropios (que el ministro Escrivá ha cifrado en el entorno de los 22.000 millones de euros) a los Presupuestos Generales del Estado. Se consagrará así la separación de fuentes de financiación, que asociaciones de pensionistas, sindicatos, la AIREF y hasta el Tribunal de Cuentas han reclamado en los últimos meses.

El Pacto de Toledo recomienda que esta separación de fuentes se culmine en el año 2023, cuando el MInisterio de Hacienda se haría cargo de un déficit ligeramente superior a los 20.000 millones de euros.

Revisar el recorte de pensión de jubilados anticipados forzosos

 

 

A falta de mayor concreción, la Comisión parlamentaria, que preside Magdalena Valerio, respalda que se adopten medidas para aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, mediante incentivos que el ministro Escrivá ha aunciado pero no detallado, así como también revisar (en la práctica, se traducirá en endurecer) las condiciones de la jubilación anticipada.

No obstante, el Pacto de Toledo popone revisar los recortes de pensión que sufren los afectados por la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización. De hecho, emplaza al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar propuestas para solucionar los casos donde exista inequidad. Es decir, emplaza al ministro Escrivá a tener en cuenta las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones (despidos, ERE, prejubilaciones pactadas en grandes empresas...) y la extensión de sus carreras de cotización.

Los sindicatos UGT y CCOO, que están presentes en la Mesa de Diálogo Social donde se debatirán las recomendaciones del Pacto, son muy críticos con las penalizaciones que sufren los trabajadores que se ven obligados a jubilarse de forma anticipada, procedentes del desempleo de larga duración, después de haber acumulado largas carreras laborales.

Con respecto al cálculo de la pensión, el Pacto de Toledo renuncia a extenderlo a toda la vida laboral, manteniéndose así en los 25 años que serán preceptivos en 2022, aunque como novedad, se decanta por permitir la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

Mejoras legales y fiscales para planes de pensiones de empresa

Se confirma asimismo que el Pacto de Toledo insta al Gobierno a favorecer la previsión complementaria empresarial, impulsándola en el ámbito de la negociación colectiva, y para ello propone mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas. Tras este acuerdo en la Comisión parlamentaria, el Gobierno tiene vía libre para avanzar hacia un modelo de planes de pensiones de empresa, en la línea del modelo vasco (Entidades de Previsión Social Voluntaria) ya en funcionamiento. Un extremo que había adelantado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante sus comparecencias públicas y en su reciente entrevista con 65Ymás. La contrapartida será, probablemente, reducir o eliminar los incentivos de que gozan ahora los planes de pensiones individuales.

No se habla de la derogación legal de la reforma de las pensiones de 2013, que es una de las reivindicaciones de los pensionistas y de los sindicatos UGT y CCOO, aunque Unidas Podemos se ha apresurado a celebrar que el texto acordado supone "la derogación de facto de la reforma de las pensiones del Partido Popular de 2013, ya que "garantizará certidumbre a los pensionistas" de cara a garantizar "unas pensiones dignas y un sistema público sostenible".

Acabar con la política de préstamos, que endeuda el sistema

 

 

Asimismo, las recomendaciones recogen una de las reclamaciones de las asociaciones de pensionistas y de los sindicatos, que exigen que las aportaciones puntuales de fondos a la Seguridad Social se hagan mediante transferencias, y no mediante préstamos, para que se deje de asignar un déficit a la Seguridad Social, que entienden que en realidad debería de asumir el Estado.

El Pacto recogería así también la recomendación efectuada por el Tribunal de Cuentas, que instaba al Gobierno a abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlos por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

A finales de 2020, y debido a la gravedad de la pandemia del coronavirus, la Seguridad Social habrá recibido tres créditos del Estado, valor de casi 45.000 millones de euros; el primero de ellos, en el mes de abril, por importe de 13.800 millones de euros, más otros dos préstamos de 14.002 millones y 16.000 millones.

La cotización de autónomos, meta y no imposición 

Por lo que se refiere a los autónomos, finalmente, el sistema de cotización por ingresos reales será una meta y no una imposición, según ha confirmado este viernes el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien ha señalado vía redes sociales que el nuevo texto recogido en las recomendaciones de la Comisión indica que deberá hacerse de manera gradual y "acomodándose a la gran variedad de situaciones del colectivo". 

Este asunto ha sido uno de los últimos escollos de la negociación del Pacto de Toledo, ya que PSOE y Unidas Podemos querían icorporar la obligatoriedad de las cotizaciones por ingresos reales, pero el PP exigió que la recomendación fuese más amplia, instando a adecuar la cotización por ingresos reales (sin obligatoriedad), con lo cual se dejaría la decisión última a la Mesa de Diálogo Social, donde los autónomos están representadosa través de CEOE.

Con el acuerdo anunciado este viernes, se pone fin a un camino iniciado en el otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando presidía la Comisión la popular Celia Villalobos, y se inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema, tras la falta de respaldo social de la reforma impuesta en 2013 por el Partido Popular. El último pacto alcanzado en esta Comisión para reformar las pensiones se dio hace nueve años, con el PSOE en el Gobierno.