El Partido Popular ha registrado una solicitud en el Parlamento para que examine "de urgencia" el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2024, donde se detectó que el Gobierno había dedicado 2.389 millones de euros de fondos europeos al pago de pensiones por falta de crédito presupuestario. La vicesecretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, ha hecho este anuncio en un encuentro con medios este jueves. 

En el informe citado, el Tribunal de Cuentas detectó que el Ejecutivo tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023.

Gamarra ha censurado que la prórroga presupuestaria supone una "anomalía democrática" y ha tachado de "fraude parlamentario" el no presentar las cuentas en el Parlamento en toda la legislatura. Ha hecho hincapié en que la Comisión de Presupuestos del Congreso solo se ha reunido una vez en la legislatura, para constituirse.

El informe del organismo fiscalizador, dice la 'popular', es prueba de ello y según Alberto Nadal, el informe expone que "renglones presupuestarios" redactados en 2023 y asignados a partidas específicas que se han destinado a otras que poco o nada tenían que ver con las partidas a las que debían destinarse.

Gamarra ha avanzado que el PP ha presentado un escrito a la mesa de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas para que se cambie el orden del día de su próxima reunión, fijada para el 21 de mayo, y se analice el desvío de los fondos europeos.

Aunque en esa mesa el PP tiene mayoría al tratarse de una comisión mixta que congrega a Congreso y Senado, queda pendiente que se dé tiempo a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, para prepararse la presentación del citado informe en la fecha citada, en la que ya tiene encomendado explicar otras fiscalizaciones.

Modificar partidas presupuestarias 

La ley presupuestaria de 2023, la última aprobada, establecía una flexibilización para modificar partidas presupuestarias que nació en el contexto de la pandemia ante las dificultades de ajustar el gasto público.

Como el proyecto de Presupuestos vigente es el de 2023, se ha ido prorrogando automáticamente año tras año; esa flexibilidad en las modificaciones presupuestarias también sigue vigente y, según el PP, el Gobierno se ha aprovechado de esa situación para diseñar una "dictadura presupuestaria" en la que dirige el gasto público a las partidas que quiere sin pasar por el Parlamento.

Precisamente por esa flexibilidad en las modificaciones presupuestarias, ha dicho Nadal, se ha producido el desvío de fondos europeos al pago de clases pasivas. El dirigente del PP ha aseverado que, en circunstancias normales y sin esa cláusula de flexibilidad, cualquier modificación presupuestaria tendría que pasar por las Cortes. 

"Si no se aprueban, hay que disolver las Cortes"

Los populares inciden en que la prórroga presupuestaria es una salvaguarda reconocida en la Constitución para cubrir un breve espacio temporal hasta que se aprueba un nuevo proyecto de Presupuestos, no para que se prorrogue de forma sistemática por no contar con una mayoría suficiente. "Si no consigues aprobarlos, hay que disolver", ha dicho Gamarra.

Por este motivo, el PP considera necesario que se examine cuanto antes en las Cortes el informe del Tribunal de Cuentas, pues ante la negativa del Gobierno a presentar el proyecto de Presupuestos en las Cortes es, según el PP, la forma más parecida de rechazar en el Parlamento las cuentas públicas del Gobierno.

El PP también ha criticado que España solo ha ejecutado un 27% de los fondos europeos del total que le correspondían y otros países como Italia, Francia, Alemania o Francia registran mejores porcentajes de ejecución de los recursos.