El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) considera que el plan del PSOE para darles, junto a los abogados mutualistas, una pasarela al RETA es "escasa, injusta y socialmente excluyente”. El presidente del CGPE, Ricardo Garrido, afirma que la propuesta del Ministerio de la Seguridad “no es socialmente inclusiva porque situaría a las procuradoras y procuradores españoles entre un 20% y un 30% por debajo de la pensión mínima de cualquier otro autónomo español”. La propuesta del PSOE además, deja fuera del sistema a más de 1.300 procuradores ya jubilados y pensionistas de su mutualidad.
Así, los procuradores entiende que es inasumible que en la propuesta de los socialistas no se incluya a los que ya están jubilados desde 2013 y reciben la pensión de Mutualidad, más de 1.300.
La ley que mañana plantea el PSOE al Parlamento sólo permite el acceso de los mutualistas a la Seguridad Social en condiciones muy restrictivas: la pasarela establece una pensión “no inferior al 80%” de la pensión mínima actual del Reta; reduce los años cotizados a la mutualidad con coeficientes reductores de entre el 0,68 y el 0,87 (es decir cada 4 años cotizados a la mutua se traducen en 3 años de cotización a la SS); y deja completamente fuera del sistema a todos los pensionistas jubilados desde 2013.
“Nosotros queremos que todos los grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo para no se legisle una España con dos tipos de pensionistas y que la pensión mínima de cualquier autónomo español sea justa e igual para todos”, subraya Fernando González Concheiro, vicepresidente del CGPE y decano de Santiago de Compostela. El CGPE pide al Congreso que la propuesta que plantea el PSOE sea modificada y que “en vez de comprar años de la Seguridad Social con nuestras aportaciones a las mutuas que cada año cotizado en la mutua equivalga a un año cotizado a la Seguridad Social”, explica el vicepresidente del CGPE.
El CGPE recuerda que, con los pensionistas de las mutualidades profesionales, el Estado se ha ahorrado cientos de millones de euros durante años en prestaciones como la incapacidad, orfandad, viudedad o enfermedad que ahora no se computan a la hora de del acceso a las pensiones de la Seguridad Social.
El CGPE se solidariza y apoya las reivindicaciones de otros mutualistas profesionales, que se hallan en situación similar a la de los procuradores. “Que no quede nadie atrás y que el sistema de pensiones sea justo y universal para todos los mutualistas españoles”, señala Ricardo Garrido.
En la misma línea, la Asociación de abogados afectados por la mutualidad (ANAMA) ha criticado que la propuesta de esta pasarela propuesta del PSOE es "claramente insuficiente" porque se deja fuera a muchas personas y porque el establecimiento de límites temporales para poder acogerse o no a ella supone de facto una discriminación subjetiva dentro del propio colectivo. Aunque ve positiva la iniciativa en la medida que supone un paso adelante para la solución de la problemática, la asociación considera que la redacción de la propuesta "resulta oscura" y puede dar lugar a "muchas interpretaciones".
La organización desconoce si la intención del grupo parlamentario es vetar la pasarela a aquellas personas que ya tengan 15 años cotizados en la Seguridad Social o si el veto es también a los compañeros que puedan llegar a cotizarlos una vez pasen al RETA, en función de que su edad se lo permita. Asimismo, ha señalado que la propuesta "no da respuesta" a las personas que ya están jubiladas en las mutualidades alternativas, tal y como denuncian también los procuradores.
Este martes arranca el debate parlamentario sobre la proposición de ley del PSOE para facilitar el acceso de los mutualistas a la Seguridad Social a través del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).
Conocida como ‘pasarela al RETA’, esta norma busca integrar en el sistema público a más de 100.000 profesionales autónomos que hasta ahora han cotizado en mutualidades privadas. Ahora bien, tal y como critican los procuradores, el texto deja fuera a más de 1.300 profesionales ya jubilados, y condena a quienes sí accedan a pensiones hasta un 30% por debajo del mínimo garantizado para otros autónomos.
El Grupo Socialista argumenta que con esta ley se busca solucionar un conflicto enquistado desde hace años que afecta a las pensiones de profesiones colegiadas como la abogacía o la arquitectura, las cuales se han visto abocadas a "situaciones de desprotección" con pensiones muy bajas.
Los diferentes cambios legales, y sobre todo cuando en 2005 las mutualidades pasaron a ser un sistema de capitalización individual, hicieron que estas se convirtieran prácticamente en planes de pensiones privados, dejando a muchos profesionales con pensiones de 400 o 500 euros tras décadas de trabajo.
Ahora el PSOE propone una solución en forma de una "pasarela" a la que podrán recurrir aquellos colegiados que carezcan del periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, encontrarse en activo en la respectiva mutualidad a fecha de 31 de diciembre de 2022 y no tener la condición de pensionista cargo de ningún régimen público ni de la respectiva mutualidad alternativa.
La idea de los socialistas es regular los términos y condiciones de la transferencia de derechos, para la conversión de dichos derechos a periodos cotizados en el RETA.
Para ese cálculo se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador si hubiera estado suscrito al Régimen de autónomos, actualizada al IPC y aplicando a dicha base un coeficiente que se modulará en función de los años en alta en la mutualidad alternativa, tomando como referencia el 0,77 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas y sin que en ningún caso pueda ser inferior al 0,67 ni superior al 0,87.
Por otro lado, el texto propone que las prestaciones que se otorguen por las mutualidades traspasadas al RETA, cuando adopten la forma de renta, no puedan ser inferiores al 80% de la cuantía mínima inicial que para la respectiva clase de pensión rija en el sistema de la Seguridad Social o, si resultara superior, al importe establecido para las pensiones no contributivas de la Seguridad Social.
Si tales prestaciones adoptaran la forma de capital, este no podrá ser inferior al importe capitalizado de la cuantía mínima establecida para el caso de la renta. Asimismo, se introduce una reforma para incrementar de forma progresiva la obligación de cuantía mínima de la prestación, de forma que frente al 80% actual, en 2025 ascienda al 86%, en 2026 se sitúe en el 93% y ya en 2027, cuando se eliminen las mutualidades, sea del 100%.
