Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas al Gobierno: examinará el efecto de prorrogar Presupuestos
Niega el desvío de fondos a pensiones, pero hará un informe sobre los riesgos de no tener PGE nuevos
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha vuelto a rechazar categóricamente que el Gobierno haya utilizado dinero de fondos europeos destinado a otras partidas para financiar pensiones. Esta vez, lo ha repetido durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde ha presentado el informe de la Cuenta General del Estado 2024, que levantó la polémica sobre un posible uso inapropiado de dinero procedente de Europa.
Sin embargo, Chicano ha dado un tirón de orejas al Ejecutivo, con el anuncio de que el Tribunal va a elaborar un estudio jurídico de las consecuencias que tiene prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante años, y su impacto en los recursos públicos, habida cuenta precisamente del informe de fiscalización citado, que detectó que el Gobierno había utilizado casi 2.400 millones de créditos sobrantes de fondos europeos para pagar pensiones.

Durante la comparecencia de la presidenta del organismo fiscalizador, tanto PP como Vox han reprochado que el Gobierno hiciese esa práctica y, de hecho, el portavoz de Vox, Pablo Sáez, ya ha avanzado que su grupo votará en contra del dictamen de la Cuenta General cuando llegue al Pleno.
"No hubo desvío de fondos para pensiones"
Enriqueta Chicano ha aclarado que el Tribunal lo que ha denunciado en su informe es que el Gobierno recurriese a una modificación presupuestaria del servicio 50 de fondos europeos en un ejercicio prorrogado, criticando de modo implícito que España lleva desde 2023 con las cuentas públicas prorrogadas, y que eso genera consecuencias. Eso sí, ha aclarado que no le corresponde al órgano fiscalizador entrar a analizar si prorrogar los Presupuestos es constitucional o no.
"Estamos viendo si se hace una nota, si se hace un informe por el tema de que pueda haber alegaciones, en fin, cuestiones técnicas que se están debatiendo en el Pleno para entrar en los efectos que las prórrogas pueden tener en el uso de los recursos públicos", ha precisado Chicano.
Hay que recordar que la actuación del Gobierno con los fondos europeos y el aviso del Tribunal de Cuentas provocó que la Declaración de la Cuenta General se aprobara con un voto particular discrepante de uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas. Hubo otros votos particulares de seis consejeros, pero en su caso concurrentes explicativos, es decir, a favor, pero con matices.
Respecto a este asunto, Chicano ha dicho que el voto en contra no es una circunstancia "inédita" y ha enfatizado que la existencia de un voto particular no altera la posición aprobada por el Pleno, que es mayoritaria. La presidenta del Tribunal de Cuentas ha subrayado que la discrepancia del consejero que votó en contra se concentra en "el tratamiento técnico de una modificación presupuestaria concreta".
Por parte del Gobierno, hace semanas que han negado cualquier tipo de desvío o mal uso de fondos europeos del Plan de Recuperación para sufragar el pago de pensiones. Ante las dudas generadas por el informe del Tribunal de Cuentas, fuentes del Ministerio de Hacienda puntualizaban a 65YMÁS que "ni un euro de los fondos UE ha ido a otro fin que no sea lo establecido" con Bruselas.
En el mismo sentido se pronunció el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmando que "la totalidad de los fondos del Plan de Recuperación se destina a las inversiones previstas". Insistió en que, en un contexto de prórroga presupuestaria, "el espacio para gastar los créditos de un año a otro se reparte en función de las necesidades de gasto".
Chicano denuncia la batalla política por el informe del Tribunal
Además del tirón de orejas metafórico al Gobierno, Chicano ha denunciado asimismo la instrumentalización política del asunto, lamentando que "se ha producido un impacto reputacional por el encuadre político" y se ha producido una "distorsión" en la percepción pública y en el debate mediático.
Ha expresado su preocupación por "la mala visión de España que se ha dado desde España" y ha lamentado: "Lo peor es que no tengo confianza en que cambien percepciones que sirven a fines que no tienen que ver con mi tribunal".
