La sostenibilidad del sistema público de pensiones

Una gran mayoría de la población, por no decir todo el mundo, puede estar totalmente de acuerdo, sin entrar en detalles, con el título de este artículo y con el significado del mismo, teniendo en cuenta que las pensiones constituyen, junto con la educación, la sanidad y los servicios sociales, los pilares de nuestro Estado del Bienestar. Pilares que garantizan la igualdad de oportunidades, la prestación de unos servicios públicos, gratuitos y de calidad y que nos permiten tener unas necesidades básicas cubiertas. Por tanto, el poner en duda o cuestionar la viabilidad económica o sostenibilidad financiera de alguno de estos pilares es cuestionar nuestro propio estado de bienestar.

Entonces, ¿deben ser financieramente sostenible los servicios públicos que garantizan nuestros derechos constitucionales? La cuestión a analizar no sólo es que estemos de acuerdo con que lo sean o no, sino qué sucede si no lo son? ¿Debemos recortarlos, debemos mermarlos, debemos suprimirlos?

Hasta los albores de la época de la digitalización, nadie se cuestionaba si, por ejemplo, las bibliotecas debían ser o no viables económicamente. Se entendía, sin cuestionar, que era un servicio fundamental para una sociedad avanzada y que ayudaba al crecimiento y desarrollo de sus vecinos, sin importar el gasto que este servicio pudiera ocasionar, pero fue a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuando se prioriza la viabilidad financiera de los servicios a la función pública o social que pudieran desempeñar.

En su afán de seguir mermando los servicios públicos, el Partido Popular también puso en marcha la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, en ella condiciona la subida de las pensiones al déficit del sistema y además introduce un factor que vincula la cuantía inicial de las futuras pensiones a la esperanza de vida y que supondría un recorte de las mismas en torno a un 40%.

En el Proyecto de Ley que el pasado jueves presentó el ministro Escrivá en el Congreso de los Diputados y que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y plantea otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, se propone que las pensiones se actualicen en función del IPC, se mejoran en la mayoría de los casos los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas y se elimina el factor de sostenibilidad que deberá ser sustituido por un mecanismo de equidad intergeneracional.

Sobre este nuevo mecanismo, el ministro expuso que “esté mecanismo será contingente y sólo se activará si la evolución de los ingresos y gastos del sistema así lo requiere y únicamente en los años en los que el sistema soportara más presión demográfica, con el fin de proteger especialmente a los jóvenes”.

Lo primero que el lector echará en falta es el importante montante económico que tenía el fondo de reserva de las pensiones (cerca de 70.000 millones de euros) y que el Partido Popular fulminó y que hubiera ayudado a paliar, coyunturalmente, los efectos negativos del sistema.

Entonces, ¿cómo piensa el Gobierno solucionar esta complicada ecuación? 

Al margen de las polémicas que ha suscitado con algunas de sus declaraciones, lo cierto es que hasta ahora Escrivá ha alcanzado varios e importantes acuerdos con el colectivo de autónomos para poner en marcha y prorrogar la prestación extraordinaria por cese de actividad durante la pandemia y, sobre el asunto en cuestión, el paquete de reforma sobre pensiones que presenta se ha firmado con los agentes sociales y las organizaciones empresariales, tras más de 10 años sin alcanzar este importante acuerdo, dato que indica que las medidas van en el buen sentido.

Un dato que quizás pasa desapercibido para muchas personas, pero que resulta crucial en todo esto es la separación de fuentes de financiación. Con ello lo que se pretende es que la caja única de la Seguridad Social esté saneada y para ello es fundamental detectar qué gastos se deben de financiar con las cotizaciones sociales (que son la principal fuente de ingresos del sistema) y qué gastos no deberían ir a costa de éstas. Este hecho demostrará que nuestro sistema público de pensiones no está en riesgo, no está en números rojos, ni en déficit presupuestario. Demostrará que con las cotizaciones sociales se pueden financiar las pensiones. 

En este sentido, la disposición adicional trigésima segunda que introduce este Proyecto de Ley en cumplimiento de la Recomendación 1 del Pacto de Toledo aboga por la clarificación de la naturaleza de las fuentes de financiación del sistema y, a partir de ella, hacer efectivo el principio de separación de éstas, reiterando el compromiso del Estado como “garante público del sistema de la Seguridad Social”, se determina que, de forma adicional al mantenimiento estable de la transferencia anual ya aprobada para 2021, en las leyes de presupuestos generales del Estado para cada ejercicio económico se determinará las prestaciones que serán financiadas con una transferencia del Estado a la Seguridad Social. Es decir, la Seguridad Social deja de pagar esos gastos y el Estado garantiza el pago de las pensiones.

Habrá quien diga que esto supone desplazar el gasto hacia otro sitio, ya que el Estado en su conjunto seguirá pagando estos gastos. Sí, pero con lo que todos estaremos de acuerdo es que con las cotizaciones sociales y con el presupuesto de la Seguridad Social, sólo y exclusivamente, se deben financiar los gastos contributivos y propios del sistema de Seguridad Social. Esto ayudará a transmitir certidumbre al sistema, garantía de que las pensiones siempre se podrán abonar, confianza entre la juventud de que en el futuro tendrán garantizadas sus pensiones y además demostrará que el sistema no es deficitario. Y al hilo de esto, viene a colación las palabras del ministro sobre el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional: “Éste sólo se aplicará si la evolución de los ingresos y gastos del sistema así lo requiere”. 

Pero para poder seguir dando mayor certidumbre y sostenibilidad financiera al sistema, es fundamental aumentar los ingresos del sistema, procedentes de las cotizaciones sociales. En ese sentido, los datos de paro conocidos recientemente son muy buenos. En este mes de septiembre (mes tradicionalmente muy malo para el empleo, ya que suele coincidir con el fin de contratos de verano en la hostelería) el paro ha descendido en 76.113 personas (la mayor caída en este mes desde el año 2000), la afiliación ha aumentado 82.284 personas y se ha alcanzado la cifra histórica de 19.531.111 afiliados a la Seguridad Social. 

En definitiva, el Gobierno está sabiendo afrontar esta complicada situación y, al mismo tiempo, realizar los ajustes necesarios de cara al futuro para poder dar confianza a los españoles en nuestro sistema público de pensiones.