Mutualistas jubilados y la espera interminable

 

El reintegro del IRPF que corresponde a los mutualistas se ha convertido para muchos en una espera que ya parece interminable. Una vez dictada la sentencia favorable del Tribunal Supremo, el trámite debería haber seguido su curso sin trastornos; sin embargo, se ha convertido en un proceso enrevesado, opaco y cargado de dudas para miles de contribuyentes, en su mayoría personas de edad avanzada cuya paciencia ya ha sido probada a lo largo de los años.

Ante este retraso, algunos hemos dado un paso más y acudimos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. No pedimos favores ni soluciones milagrosas, tan solo demandamos lo elemental: información pública y estadística que refleje la situación real de las devoluciones del IRPF a mutualistas, amparadas en la sentencia del Tribunal Supremo (recurso 485/2019) y en la Ley 7/2024.

Conviene aclararlo desde el principio, por si alguien se inquieta: no se solicitan datos personales, ni expedientes individuales, ni nombres, ni cuentas bancarias. No haría falta tanto papel. Solo se piden números agregados y objetivos: cuántas solicitudes se han presentado desde el inicio del procedimiento, cuántas ya han sido resueltas y abonadas, cuántas siguen pendientes, en tramitación o directamente paralizadas. Y, ya puestos, el calendario previsto de pagos y las causas oficiales de los retrasos acumulados.

Transparencia para una espera que se alarga… y se alarga.

Miles de mutualistas continúan esperando unas devoluciones que quedaron suspendidas en diciembre de 2024 por los ya célebres “cambios de procedimiento”. Una expresión tan elástica que lo mismo sirve para un mes que para varios años. Desde entonces, la falta de información clara ha aumentado la preocupación y la sensación de indefensión entre quienes dependen de estos importes para complementar pensiones ajustadas y afrontar gastos cotidianos que no entienden de trámites ni de excusas administrativas.

La Ley 19/2013 de transparencia reconoce el derecho de los ciudadanos a saber cómo actúan las administraciones públicas y a acceder a información de interés general. En este caso, las preguntas son sencillas y razonables:

• ¿Se completarán las devoluciones en 2026 o debemos seguir afinando la paciencia?
• ¿Qué criterios se están aplicando para priorizar los pagos?
• ¿Qué recursos humanos y técnicos se han destinado realmente a resolver un problema que afecta a miles de personas mayores?
• Cuando una sentencia no basta… y hay que pedir explicaciones

Resulta, como mínimo, llamativo que una sentencia favorable del Tribunal Supremo haya desembocado en un proceso tan prolongado y confuso. La acumulación de trámites, cambios de criterio y silencios administrativos ha convertido lo que debía ser una solución en un procedimiento difícil de entender, especialmente para quienes llevan décadas cumpliendo con sus obligaciones fiscales sin necesidad de recordatorios ni “cambios de procedimiento”.

Esta solicitud ante el Consejo de Transparencia no busca confrontación, aunque pueda parecerlo. Busca claridad, datos y responsabilidad institucional. La Agencia Tributaria tiene ahora la oportunidad de explicar, con cifras y no con frases hechas, cuál es la situación real y qué medidas se están adoptando para cerrar definitivamente este capítulo.

Porque la transparencia no es un privilegio ni un gesto de buena voluntad. Es un derecho. Y cuando el tiempo pasa —y pasa— para muchos mutualistas, ese tiempo cuenta más que nunca

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