Manuel tiene 71 años y empezó a trabajar con 15. No pidió jubilarse antes: le echaron. Pero la multa se la pusieron a él. Desde entonces, cada mes recibe 240 euros menos de lo que le correspondería. Seis años lleva esperando que alguien en Madrid recuerde que existe. Seis años viendo cómo su pensión se revaloriza sobre una base recortada, puntual como un casero, silenciosa como una gotera.

La suya no es una historia aislada. Es la prueba viviente de una paradoja que España arrastra desde hace décadas: penaliza a quienes cotizaron 40 años o más, mientras el mercado laboral actual hace casi imposible que las nuevas generaciones alcancen esas carreras largas. En otras palabras: se castiga a quienes sí cumplieron con la vieja promesa contributiva justo cuando esa promesa empieza a parecer un producto descatalogado.

El sistema lo llama coeficiente reductor. Manuel lo llama de otra manera, aunque en esta columna prefiero no reproducirlo. Pero lo cierto es que esta penalización tiene una virtud que envidiaría cualquier acreedor privado: no prescribe, no se negocia y no perdona. Se incrusta en la pensión y la acompaña de por vida.

Para Manuel, eso significa 2.880 euros menos al año. Más de 17.000 euros desde que se jubiló. Todo ello después de 43 años cotizando.

El Gobierno responde siempre lo mismo: sostenibilidad. Según una respuesta parlamentaria, eliminar estas penalizaciones para los jubilados con 40 o más años cotizados costaría 3.358 millones de euros anuales. La cifra impresiona, como todas las cifras grandes cuando se presentan solas y con música de advertencia presupuestaria de fondo. Pero conviene recordar que el gasto total en pensiones supera los 190.000 millones. Estamos hablando de menos del 2%. No es irrelevante, pero tampoco es el apocalipsis que algunos anuncian cada vez que alguien pide justicia con permiso

La respuesta más reciente llegó el 10 de junio de 2026. El Congreso de los Diputados votó y rechazó la enmienda que habría suprimido los coeficientes reductores para los casi 900.000 jubilados anticipados con carreras de 40 o más años. Lo hicieron juntos el PP y el PSOE, con 260 votos en contra. El mismo PSOE que apenas siete meses antes, el 13 de noviembre de 2025, había apoyado una moción –aprobada por el Pleno con 180 votos a favor y ninguno en contra– instando al Gobierno a eliminar precisamente esas penalizaciones. Vox se abstuvo. Sumar, Junts, Coalición Canaria y UPN votaron a favor. Puede llamarse incoherencia. Puede llamarse cálculo electoral. En cualquier caso, Manuel seguirá pagando.

La pregunta incómoda sigue en pie: ¿qué valor concede el sistema a quien cotizó 41, 43, 45 o incluso 47 años? Porque si la respuesta sigue siendo "usted se fue antes, pague", el mensaje es tan claro como desalentador: cotizar mucho está muy bien, pero no exagere esperando reconocimiento.

Mientras tanto, la asociación ASJUBI40 lleva una década llamando a la puerta del Parlamento. No cobra cuotas, no tiene sede física y opera íntegramente en red. A comienzos de 2026 lanzó la campaña 'Ahora' para exigir que el asunto deje de "estudiarse" y empiece a resolverse. A junio de 2026, más de 43.000 personas habían firmado su petición en Change.org. Llevan años escuchando la misma letanía: se analizará, se valorará, se revisará… y, si queda tiempo después del próximo Pacto de Toledo, quizá se volverá a estudiar. El 10 de junio confirmó que la letanía tenía fecha de renovación.

Pero la segunda paradoja es aún más cruel. Las generaciones que hoy se acercan a la jubilación no son Manuel. Entraron tarde al empleo estable, encadenaron contratos temporales, parcialidad no deseada, desempleo y plataformas digitales. El sistema les pedirá 38, 39 o 40 años cotizados como si fuera una escalera razonable. Muchos solo encontrarán peldaños sueltos.

El sistema exige continuidad contributiva en una economía que produce discontinuidad. Es como exigir récord de asistencia en una empresa que despide cada seis meses. Parece obvio, pero en materia de pensiones lo obvio suele necesitar tres informes, dos comisiones y una legislatura prorrogada.

Por eso, la reivindicación de los jubilados con 40 años o más cotizados no es una queja de abuelos impacientes. Es una advertencia. Una señal de que el principio contributivo –quien más aporta, más derechos genera– se está rompiendo precisamente con quienes más aportaron.

Detrás de los coeficientes reductores no hay solo números. Hay vidas laborales empezadas a los 14 o 15 años. Hay despidos al final de la carrera disfrazados de "jubilación anticipada voluntaria". Hay personas que no encontraron trabajo por edad y que ahora pagan una multa mensual por ello, puntualmente, con la misma eficiencia que el sistema nunca mostró para resolver su situación.

Manuel sigue esperando. Lleva seis años. El 10 de junio de 2026, el Congreso tuvo la oportunidad de encender la luz al final del túnel. Eligió apagarse él mismo. Quizá porque alguien sigue calculando cuánto cuesta cambiar la bombilla, mientras el contador de Manuel no para.

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