Escribo esto como pensionista insular acogido al Programa de Turismo del Imserso, compartiendo una realidad que nos une indisolublemente a las personas mayores de Canarias y de Baleares. Lo hago como alguien que conoce el programa desde dentro y que lleva tiempo observando un desequilibrio territorial que rara vez se nombra con claridad en los despachos centrales.

No escribo contra el Imserso. Al contrario: me parece una iniciativa necesaria, valiosa y socialmente útil. Precisamente por eso creo que hay que cuidarla. Y cuidar un programa público no significa aplaudirlo sin matices, sino señalar aquello que puede y debe mejorarse, especialmente cuando afecta a quienes vivimos en territorios con una realidad geográfica y física condicionada por el mar.

El programa ofrece viajes con transporte y viajes sin transporte. Dicho así, parece una elección sencilla: si quiero, me llevan; si no, voy por mi cuenta. Todo muy razonable, muy ordenado, muy de formulario correctamente cumplimentado. Pero el problema empieza cuando esa misma opción se aplica exactamente igual a quien vive en la península y a quien vive en una isla. El formulario puede ser idéntico; la realidad, desde luego, no lo es.

Porque no es lo mismo. Para un viajero peninsular, reservar sin transporte puede ser una alternativa real. Puede desplazarse en coche, en tren, en autobús, con familiares o combinando distintos medios terrestres. Tendrá sus dificultades, por supuesto, pero dispone de una red de movilidad continua que le permite organizarse por su cuenta.

En una isla, la palabra “elegir” se vuelve bastante más relativa. No hay autovía bajo el Atlántico ni bajo el Mediterráneo. No hay carretera discreta que una a Canarias o a Baleares con el continente. Para salir de nuestro entorno hacia el resto del Estado necesitamos, obligatoriamente, barco o avión. No por gusto, no por comodidad, no por capricho: por estricta geografía.

Ahí está el fondo del asunto. La modalidad “sin transporte” no significa lo mismo para todos. En la península puede ser una opción de flexibilidad; desde una isla se convierte, demasiadas veces, en una carga añadida.

Cuando un viajero peninsular elige la modalidad sin transporte, muchas veces está diciendo: “me organizo la ruta por mi cuenta”. Cuando lo hacemos desde el hecho insular, estamos diciendo: “me compro un billete aparte en el mercado comercial, busco conexiones por mi cuenta, calculo horarios con angustia, pago traslados extra y espero que todo encaje para no perder el viaje oficial”. Parece lo mismo en el papel. No lo es en la vida real.

Y hay un matiz que agrava la situación: la doble insularidad. No todos los insulares vivimos en Gran Canaria, Tenerife o Mallorca, que es desde donde suelen salir las conexiones principales. Muchas personas mayores de Menorca, Ibiza, Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera o El Hierro necesitan realizar un desplazamiento interinsular previo antes de comenzar el viaje oficial. Es decir, tenemos que hacer un viaje previo para poder empezar el trayecto que el programa reconoce como tal.

Un prólogo no deseado, con gasto, cansancio y, a veces, la necesidad manifiesta de hacer noche fuera de casa. El papel lo aguanta casi todo; las conexiones, los retrasos y las maletas de una persona mayor, bastante menos. La igualdad formal tiene estas cosas: queda impecable en el expediente administrativo, pero a veces se marea en el ferry o se satura en la terminal.

No estoy pidiendo privilegios. Conviene decirlo alto, porque cada vez que desde Canarias o Baleares se reclama una compensación razonable, aparece alguien dispuesto a confundir la justicia territorial con una ventaja injustificada. La insularidad no es una excusa; es una realidad física, económica y logística. Muy bonita para las postales turísticas, sí, pero bastante menos romántica cuando hay que enlazar vuelos, barcos, horarios y equipajes a ciertas edades.

El problema no está solo en los precios oficiales del programa. Está también en lo que esos precios no ven. No ven el desplazamiento previo. No ven la dependencia inevitable del avión o del barco. No ven las conexiones interinsulares. No ven las esperas. No ven que, para muchas personas mayores de ambos archipiélagos, el viaje no empieza en el hotel de destino ni en el aeropuerto principal, sino mucho antes, en el puerto o aeródromo de su isla de residencia, con otra factura y otro madrugón que corre por su cuenta.

Por eso creo que el Imserso debería incorporar un verdadero factor corrector de insularidad en los pliegos de condiciones de su Programa de Turismo. No una declaración de buenas intenciones en una nota de prensa, sino medidas contractuales concretas: compensar los desplazamientos interinsulares de forma automática, ampliar los puntos de salida efectivos, coordinar mejor los horarios con las frecuencias regionales, informar con absoluta claridad qué transporte se incluye y qué queda fuera, y evitar que el coste de la insularidad recaiga siempre en el bolsillo de quien ya parte con una desventaja territorial evidente.

El turismo social no debería convertir la modalidad “sin transporte” en una opción cómoda para unos y en una ironía geográfica para otros. Si el objetivo es favorecer el acceso efectivo al viaje, al descanso y a la convivencia de los mayores, también debe tenerse en cuenta desde dónde se parte y qué obstáculos estructurales existen antes de llegar al punto de salida oficial.

Yo no pido viajar más que nadie. Pido que vivir en una isla no signifique empezar el viaje con obstáculos añadidos. Pido que la igualdad no se mida solo por tener acceso a la misma casilla del formulario, sino por poder usarla en condiciones de equidad real.

Porque en la península, viajar sin transporte puede ser una elección legítima. Desde una isla, demasiadas veces, es una broma pesada con billete aparte.

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