Declaración del Ayuntamiento de Cádiz por la auditoría de la Seguridad Social

Coespe exige auditar la Seguridad Social y convoca una gran marcha por las pensiones en Madrid

 

Declaración institucional del Ayuntamiento de Cádiz: Cumplimiento de la Ley 21/2021 y auditoría de las cuentas de la Seguridad Social.

La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones y de otras Medidas de Refuerzo de la Sostenibilidad Financiera y Social del Sistema Público de Pensiones, recogía en su Disposición adicional sexta que en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría, relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social. Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.

Es evidente que esta disposición legal, de obligado cumplimiento, no ha sido, a día de hoy, cumplida por el Gobierno y las fuerzas políticas que la aprobaron. Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe @CoespeOficial), y sus plataformas autonómicas, provinciales y municipales se considera de vital importancia su ejecución y es por ello que, recogiendo las reivindicaciones de la coordinadora, este Ayuntamiento presenta esta Declaración Institucional y solicita:

- Que el Gobierno de España de cumplimiento a la Disposición adicional sexta, de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, y realice la auditoría independiente de cuentas de la Seguridad Social y sea ampliada al periodo comprendido entre los años 1967 y el 2024.

- Que el Gobierno no utilice las cotizaciones sociales para pagar gastos impropios: el 22 de marzo de 2022, el Tribunal de Cuentas declaró en sede parlamentaria que "el Estado usó las cotizaciones sociales para pagar lo que podemos llamar gastos impropios". La Presidencia del Tribunal de Cuentas cuantificó en más de 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre 1989 y 2018 por la Seguridad Social en partidas no contributivas y que, por tanto, debían haber sido financiados por la Administración General del Estado. Entre esos "gastos impropios" se encuentran parte de las prestaciones no contributivas (de carácter asistencial), políticas fiscales y de incentivos al empleo a través de reducciones de cuotas, políticas de apoyo a las familias o gastos de funcionamiento que, de acuerdo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, deberían ir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y que servirían, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para superar el déficit financiero del sistema, habiendo considerado "factible cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, mediante la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones".

Las cotizaciones laborales y sociales son patrimonio de las personas trabajadoras, y tienen un destino propio y finalista, que no es otro que "el sistema de protección de los trabajadores/as y de la Seguridad Social". En esta garantía de protección social, el sistema público de pensiones es una parte fundamental y es difícil justificar el uso indebido que han hecho los diferentes gobiernos de los recursos económicos de la caja única de la Seguridad Social, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema público de pensiones, especialmente por el retraso acumulado en la ejecución de la obligada auditoría de cuentas y las falsas deudas de la Seguridad Social con el Estado.