La reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad afronta su tramo decisivo. Sobre la mesa hay avances importantes en autonomía personal, compatibilidad de prestaciones, accesibilidad y simplificación administrativa. Sin embargo, su verdadero alcance dependerá de tres factores: financiación suficiente, capacidad de aplicación por parte de las comunidades autónomas y un desarrollo reglamentario que convierta los nuevos derechos en apoyos reales.

Hace casi veinte años, España aprobó una de las normas sociales más importantes de nuestra democracia: la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Aquella ley reconoció que recibir cuidados cuando una persona no puede desenvolverse por sí misma no debía depender únicamente de la capacidad económica de su familia, de su lugar de residencia o de la buena voluntad de quienes la rodeaban. La dependencia dejaba de ser un problema privado para convertirse en un derecho de ciudadanía.

Dos décadas después, nadie puede negar los avances conseguidos. Pero tampoco podemos ignorar los problemas acumulados: listas de espera, desigualdades territoriales, procedimientos interminables, incompatibilidades entre prestaciones, falta de profesionales y una financiación que durante demasiados años no ha estado a la altura.

Por eso, la reforma que se encuentra en tramitación parlamentaria merece una atención especial.

No estamos ante una ley completamente nueva, sino ante una modificación profunda de la Ley 39/2006 de Dependencia y de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. El objetivo es adaptar nuestro sistema al nuevo artículo 49 de la Constitución y avanzar desde un modelo excesivamente asistencial hacia otro basado en derechos, autonomía, apoyos personalizados, accesibilidad universal y participación en la comunidad.

Durante las últimas semanas he tenido la oportunidad de conocer y contrastar algunas de las posiciones que mantienen responsables y personas vinculadas a distintas sensibilidades políticas en materia de políticas sociales. Mi impresión es que existe un espacio considerable para el acuerdo.

Hay diferencias sobre la financiación, el reparto competencial, el papel de las comunidades autónomas o el ritmo de implantación. Pero también una coincidencia bastante transversal: el sistema actual necesita simplificarse, reforzarse y adaptarse a las nuevas necesidades sociales.

Las personas que esperan una valoración de dependencia o las familias que soportan durante meses el peso de los cuidados no preguntan quién presentó cada enmienda. Preguntan cuándo llegará la ayuda, qué servicio recibirán y quién garantizará su continuidad.

Menos burocracia

Uno de los cambios más relevantes es la correspondencia prevista entre determinados grados de dependencia y porcentajes mínimos de discapacidad.

El proyecto plantea que las personas con grado I de dependencia puedan tener reconocido al menos un 33 % de discapacidad, mientras que los grados II y III se corresponderían con un mínimo del 65 %. La persona conservaría el derecho a solicitar una valoración específica si considera que le corresponde un porcentaje superior.

Dependencia y discapacidad no son conceptos idénticos. Una persona con discapacidad no tiene por qué encontrarse en situación de dependencia. Sin embargo, resulta razonable evitar que una misma persona tenga que pasar por procedimientos diferentes, aportar documentos similares y esperar resoluciones administrativas independientes para acreditar situaciones estrechamente relacionadas.

Cuando la burocracia retrasa un apoyo durante meses, deja de ser un problema de gestión y se convierte en un problema humano.

Compatibilidad de servicios y prestaciones

Otro gran cambio es la eliminación del régimen general de incompatibilidades introducido en 2012.

Muchas personas se han encontrado con la paradoja de tener derecho a diferentes apoyos, pero no poder utilizarlos de manera simultánea. La reforma pretende que servicios y prestaciones puedan combinarse cuando así lo determine el Programa Individual de Atención.

Una persona puede necesitar ayuda a domicilio por la mañana, teleasistencia cuando permanece sola, un centro de día varios días a la semana y apoyo familiar durante el resto del tiempo. No tiene sentido obligarla a renunciar a recursos que deberían complementarse.

Este cambio sitúa el foco donde siempre debió estar: no en la prestación aislada, sino en la persona, sus necesidades, su proyecto de vida y la red de apoyos que requiere.

Pero existe una advertencia inevitable: reconocer más derechos sin aportar recursos suficientes puede generar nuevas frustraciones. Las leyes no deben limitarse a ampliar catálogos. Deben garantizar que existan servicios, profesionales y financiación para hacerlos efectivos.

Permanecer en casa, con apoyos

La mayoría de las personas desea permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible. Pero vivir en casa debe ser una elección, no una condena para quien cuida.

La reforma refuerza la teleasistencia, amplía la ayuda a domicilio y reconoce que los apoyos no tienen que limitarse al interior de la vivienda. Acompañar a una consulta, facilitar la participación en actividades comunitarias o ayudar a mantener relaciones sociales también forma parte de una vida autónoma.

Además, se incorporan productos de apoyo como camas articuladas, grúas, sillas de ruedas, sistemas de comunicación y otras soluciones tecnológicas.

También se potencia la asistencia personal. Esta figura no sustituye la voluntad de la persona ni decide por ella, sino que le proporciona los apoyos necesarios para estudiar, trabajar, participar en la comunidad y desarrollar su proyecto de vida.

Prevenir antes que atender

La reforma abre igualmente la puerta a viviendas compartidas, alojamientos colaborativos, unidades de convivencia y otros recursos comunitarios.

El futuro de los cuidados no puede reducirse a elegir entre permanecer en el domicilio familiar o ingresar en una residencia tradicional. Entre ambos extremos existen numerosas alternativas: apartamentos con servicios, viviendas supervisadas, centros de día de proximidad, cohousing sénior y servicios de promoción de la autonomía.

Aquí debemos reivindicar especialmente el papel de las unidades de memoria, la estimulación cognitiva, la rehabilitación funcional, el ejercicio físico, la nutrición y la detección precoz de la fragilidad.

Durante años, el sistema se ha concentrado más en atender la dependencia una vez consolidada que en prevenirla o retrasar su evolución. No podemos limitarnos a atender la dependencia. Tenemos que trabajar para que aparezca más tarde, avance más lentamente y afecte lo menos posible al proyecto de vida de cada persona.

La financiación, la prueba definitiva

Toda reforma social termina enfrentándose a la misma pregunta: ¿cómo se va a financiar?

El sistema necesita más recursos, pero también una financiación estable, previsible y transparente. No podemos convertir esta cuestión en una batalla permanente entre el Estado y las comunidades autónomas.

Los ciudadanos no necesitan saber qué administración culpa a la otra. Necesitan que su expediente se resuelva, que el servicio llegue y que los profesionales dispongan de tiempo y condiciones adecuadas para atenderlos.

El éxito de esta reforma no se medirá por el número de artículos modificados ni por las declaraciones realizadas el día de su aprobación. Se medirá por el tiempo que tarda una familia en recibir una respuesta, por la capacidad de una persona para elegir dónde y cómo quiere vivir y por las condiciones de quienes la cuidan.

Las posiciones políticas que he podido conocer me hacen pensar que un acuerdo es posible. Existen discrepancias legítimas, pero también una conciencia compartida de que estamos ante uno de los mayores desafíos sociales de las próximas décadas. La dependencia no entiende de calendarios parlamentarios. Llega a las casas, altera la vida de las familias y obliga a tomar decisiones difíciles.

Y cuando eso sucede, una sociedad decente debe estar preparada para responder.