Llevamos meses escuchando hablar de prioridades nacionales. La seguridad en las fronteras. La soberanía energética. La reindustrialización. La inteligencia artificial.

Bien. Pero hay una pregunta que nadie en la tribuna política se atreve a responder con claridad: ¿quién va a cuidar a las personas de mayor edad?

No es una pregunta retórica. Es la pregunta. La única que importa cuando se miran de frente los datos demográficos que todos conocemos y ningún programa electoral recoge con la seriedad que merecen.

España envejece sin pausa. En 2050, más de un tercio de la población superará los 65 años. El sistema de atención a la dependencia ya cruje hoy. Las empresas del sector llevan años compitiendo por un recurso que escasea más que el agua en agosto: profesionales asistenciales cualificados. Auxiliares de geriatría, técnicos de atención sociosanitaria, enfermeras, gerocultores. No hay suficientes. No los habrá mañana. Y la brecha entre la demanda de cuidados y la oferta de profesionales va a seguir abriéndose con la implacabilidad de quien no necesita ganar elecciones.

Mientras tanto, cuatro millones de cuidadores informales —hijas, hijos, cónyuges, vecinas, en su inmensa mayoría mujeres— sostienen en silencio lo que el Estado no alcanza a cubrir. Sin contrato. Sin formación. Sin relevo. Hasta que colapsan. Y cuando colapsan, el coste humano y económico se dispara: institucionalización de urgencia, deterioro acelerado del mayor, familias rotas por una culpa que nadie debería imponerles.

Eso es lo que hay. Eso es lo que viene. Y seguimos debatiendo de otra cosa.

La respuesta que ya ha llegado. Y a la que damos la espalda

Cada año llegan a España decenas de miles de personas procedentes de Hispanoamérica. Muchas de ellas con formación y experiencia directamente vinculada al cuidado: enfermeras, auxiliares, técnicos sociosanitarios formados en México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú. Personas que hablan nuestro idioma. Que comparten nuestra cultura. Que entienden sin que nadie se lo explique lo que significa cuidar a una persona mayor con dignidad.

¿Qué hacemos con ellas?

En demasiados casos, las ponemos a trabajar en negro. Sin contrato, sin derechos, sin reconocimiento profesional. Les decimos que sus títulos no valen aquí, que sus años de experiencia no cuentan, que el sistema no sabe muy bien qué hacer con ellas. Y luego nos quejamos de que faltan profesionales del cuidado.

La hipocresía tiene, en este caso, un precio muy concreto. Lo pagan las personas mayores que no reciben la atención que merecen. Lo pagan las familias que cuidan sin red hasta el agotamiento. Lo pagan las empresas del sector que no encuentran personal cualificado con el que cubrir sus plantillas. Y lo pagan ellas: profesionales formadas, con vocación y con ganas, condenadas a una economía sumergida que el sistema alimenta y condena al mismo tiempo.

Tres medidas. Sin excusas

No hace falta reinventar el sistema. Hace falta voluntad política para hacer tres cosas que llevan años encima de la mesa sin que nadie las firme de verdad.

Primera: homologación ágil y justa. El proceso actual de reconocimiento de titulaciones sociosanitarias para profesionales hispanohablantes es un laberinto burocrático que puede durar años y que acaba expulsando del sistema a exactamente las personas que más necesita. Eso no es rigor. Es negligencia administrativa con consecuencias reales sobre personas reales.

Segunda: formación complementaria financiada. Programas públicos, rigurosos y con salida laboral garantizada, diseñados para adaptar los conocimientos de estos profesionales al modelo asistencial español. No cursos de relleno. Itinerarios formativos que conviertan su experiencia previa en una base sólida sobre la que construir. Las empresas del sector están dispuestas a incorporarlos. El sistema tiene que estar dispuesto a formarlos.

Tercera: condiciones laborales que no ahuyenten. De nada sirve formar y acreditar si el sector sigue ofreciendo salarios que no permiten vivir, turnos que no permiten descansar y un reconocimiento social que no permite crecer. La dignificación del trabajo asistencial no es un lujo ideológico. Es la condición sin la cual todo lo demás fracasa.

La verdadera prioridad nacional

Podemos seguir debatiendo sobre fronteras mientras ignoramos lo que ocurre dentro de ellas. Podemos seguir construyendo el relato de la amenaza mientras desperdiciamos una oportunidad que ya está aquí, que ya habla nuestro idioma y que ya sabe cuidar.

O podemos decidir que garantizar la atención digna a los millones de personas mayores que se nos vienen encima es, de verdad, una prioridad nacional.

No la que da titulares fáciles. La que da soluciones reales.

Las personas que vienen de Hispanoamérica no son el problema. Son parte de la respuesta. Y seguir ignorándolo no es prudencia. Es un lujo que, como sociedad, ya no nos podemos permitir.