Derecho a decidir

Decidir es un derecho irrenunciable. Toda persona autónoma decide y se responsabiliza de sus decisiones. Un individuo autónomo para decidir necesita comprender las posibles consecuencias de su decisión, ha de tener capacidad para elaborar una respuesta a partir de la información y de sus valores y, finalmente, ha de tener capacidad para comunicar su decisión. Recibir la información, comprender la información, elaborar una respuesta ante esta información y finalmente comunicar mi decisión son cuatro pasos necesarios que en la población geriátrica pueden verse alterados.

'Gerontofobia' sanitaria

Existe un riesgo de menosprecio a la capacidad de las personas mayores a gestionar la información sanitaria que lo podríamos encuadrar como un edadismo asistencial o “gerontofobia” sanitaria que, sumado al paternalismo protector de la familia que presiona para ser quienes decidan, favorece que los médicos podamos caer en el error de no dar información al paciente anciano. 

Las personas mayores quieren ser informadas para, conjuntamente con su médico, e incluso con su familia, tomar una decisión consensuada en relación a su salud. Pero esta información no siempre les llega. BIen por un problema de los sentidos, ya sea por la audición, que les impide escuchar bien las conversaciones, o ya sea por vista, que les impide leer si se les entrega un documento con información sanitaria, o bien por un problema de comprensión, si el médico utiliza un vocabulario excesivamente técnico o si ya presenta un componente de deterioro cognitivo o por determinadas patologías, principalmente neurológicas, que pueden dificultar la posibilidad de expresión verbal o escrita de la persona, sin que necesariamente tenga afectada la comprensión. 

Testamento vital

Este derecho a decidir se agrava en las personas con demencia. En las fases iniciales de la enfermedad no informamos al paciente probablemente por un paternalismo protector de no afectarlo negativamente a nivel psicológico. Y en las fases avanzadas no le podemos informar porque ya no dispone de la capacidad para comprender nuestra información.

A todo ello debemos sumarle la no comunicación involuntaria de los médicos motivada por una situación de presión asistencial que conlleva a dedicar escasamente diez minutos a las visitas de sus consultas, claramente insuficiente especialmente con personas ancianas que requieren una mayor dedicación. Si no informo al paciente que tiene una enfermedad, difícilmente éste podrá decidir sobre sus preferencias terapéuticas o su planteamiento de vida futura vinculada a su nueva situación de enfermo y, consecuentemente, le estamos negando su derecho a decidir. 

Si queremos garantizar que se respete nuestro derecho a decidir, incluso cuando no estemos capacitados para expresarnos, redactemos ya nuestro testamento vital o documento de voluntades anticipadas.  

Nuestro derecho. Nuestra libertad. Nuestros valores.