La contrarreforma laboral portuguesa: un campo de minas para los trabajadores mayores de 50 años

Hay una paradoja cruel en la política laboral europea: se habla sin cesar del envejecimiento demográfico, de la necesidad de prolongar las carreras profesionales y de la sostenibilidad de las pensiones, pero cuando se legisla sobre el mercado de trabajo, los mayores de 50 años brillan por su ausencia en las cláusulas de protección. Portugal ofrece esta semana un ejemplo de manual. El Gobierno de coalición de la Alianza Democrática (AD), liderado por el primer ministro Luís Montenegro, ha pasado los últimos nueve meses negociando una reforma laboral que, en su formulación original, constituye un auténtico catálogo de medidas regresivas: ampliación de los periodos de prueba, simplificación de los despidos, extensión de la duración de los contratos temporales, aumento del techo de horas extraordinarias y debilitamiento del derecho a la desconexión digital conquistado en 2021.

La semana pasada, las negociaciones llegaron a un punto muerto. La UGT —la central sindical históricamente vinculada al Partido Socialista— anunció su rechazo al acuerdo propuesto, sumándose de facto a la posición que la CGTP, la otra gran central, ya mantenía desde el principio. El detalle revelador es que la CGTP había sido directamente excluida de las rondas de negociación más recientes, un gesto que dice mucho sobre la concepción del diálogo social que maneja el Ejecutivo luso. Previamente, el 17 de abril, la CGTP convocó una huelga de la función pública y una manifestación en Lisboa que evidenció que el malestar no es solo sindical, sino social.

Para un trabajador español mayor de 55 años, lo que ocurre al otro lado de la frontera debería sonar inquietantemente familiar. Portugal comparte con España una estructura económica periférica dentro del orden europeo, dominada por sectores de bajo valor añadido —turismo, restauración, distribución alimentaria, servicios de proximidad— donde la mano de obra madura es abundante y, paradójicamente, la más prescindible cuando llegan los ajustes. El propio Banco de Portugal reconoce que desde 2018 se han instalado en el país 1,2 millones de inmigrantes que hoy representan una cuarta parte de la fuerza laboral, concentrados precisamente en esos sectores. La presión sobre los puestos de trabajo menos cualificados, que son los que ocupan muchos trabajadores mayores de 50, es evidente.

El contexto político añade incertidumbre. Las últimas encuestas de Aximage sitúan al Partido Socialista en cabeza con un 30,6 %, casi ocho puntos por encima de su resultado electoral de 2025. La Alianza Democrática de Montenegro cae al 24,3 %, en empate técnico con la ultraderecha de Chega (23,6 %). Es decir, el Gobierno que impulsa la reforma laboral pierde apoyo popular mientras depende, para aprobarla en la Asamblea de la República, del voto favorable de Chega o del Partido Socialista. El primero pone condiciones difusas —protección de lactantes, limitación de la externalización—; el segundo anuncia que votará en contra. El resultado más probable es un bloqueo parlamentario que deje la reforma en el limbo, pero que entretanto haya generado una enorme inseguridad jurídica para millones de trabajadores.

Lo que ningún partido portugués parece dispuesto a abordar frontalmente es la situación específica de los trabajadores en la última década de su vida laboral. Extender los periodos de prueba no es lo mismo a los 28 años que a los 56: a esa edad, cada contrato nuevo puede ser el último, y un periodo de prueba ampliado equivale a una invitación al despido libre. Simplificar los procedimientos de despido golpea desproporcionadamente a quienes tienen más antigüedad, mayores costes de indemnización y, para qué engañarnos, menor capacidad de reciclarse profesionalmente en plazos cortos. La ampliación de los contratos temporales perpetúa una precarización que, para un trabajador de 58 años, no es una etapa transitoria sino una condena al subempleo hasta la jubilación.

En España, la reforma laboral de 2022 limitó con éxito la temporalidad, pero no abordó con igual determinación la protección del empleo senior. La tasa de paro entre los mayores de 55 años sigue siendo estructuralmente elevada, los ERE siguen afectando desproporcionadamente a las franjas de edad más altas y la llamada «jubilación activa» sigue siendo más un eslogan que una realidad para la mayoría. Portugal nos ofrece, en este sentido, un espejo: distintas políticas, mismo resultado. Ni la desregulación que propone Montenegro ni la relativa pasividad del modelo español resuelven el problema fundamental: las economías del sur de Europa expulsan del mercado laboral a quienes más necesitan trabajar para sostener pensiones que serán insuficientes.

Queda una pregunta abierta que la política portuguesa está respondiendo por omisión: si realmente queremos que los europeos trabajen hasta los 67 años, ¿no deberíamos empezar por garantizar que el mercado laboral no los arroje a los márgenes a partir de los 50? Mientras el debate siga centrado en abaratar el despido y flexibilizar la contratación sin cláusulas específicas de protección para los trabajadores maduros, estaremos construyendo un sistema de pensiones sobre cimientos de arena. Y eso, a ambos lados de la Raya, debería preocuparnos a todos.