La reforma de la Ley de Dependencia ya es una realidad. 20 años después de su promulgación, la nueva norma ha superado su último examen en el Congreso, tras pasar por el proceso de enmiendas del Senado.

Ahora, tendrá que ser sancionada por el Rey y publicada en el BOE en los próximos días. Posteriormente, se aplicará progresivamente en las comunidades que son las que tienen la competencia de Servicios Sociales. 

Este cambio legislativo, que fue promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades de cuidado y de corregir los defectos de la anterior norma. 

Y es que, hasta la fecha, aunque los derechos de los dependientes estaban garantizados sobre el papel, en la práctica, miles de ellos morían cada año en las listas de espera sin atención y, en los casos en los que sí tenían la suerte de recibir una ayuda, esta no siempre resultaba suficiente ni se ajustaba a sus preferencias. 

De esta manera, la reforma nace con el propósito de intentar enmendar estos fallos y de adaptar la Ley a los deseos de las actuales generaciones de mayores de envejecer en el domicilio. Cabe recordar que la modificación se ha tramitado, en paralelo, con un cambio en la legislación sobre Discapacidad, donde el Senado introdujo la mayoría de enmiendas que este miércoles se han debatido en el Congreso. 

Desburocratización y listas de espera

Entre otras medidas, la nueva Ley elimina las incompatibilidades entre prestaciones –introducidas en el primer Gobierno de Mariano Rajoy–, para que se puedan usar varias al mismo tiempo –centro de día, ayuda a domicilio...–.

Además, se aprueba el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia, para aligerar la burocracia de este procedimiento, y se reduce el plazo para resolver una prestación a la mitad, de seis meses a tres –actualmente, se superan los 300 días de media en España, muy por encima de estos máximos legales–.

Nuevos servicios y figuras 

Por otra parte, el texto reconoce al cuidador principal y lo complementa con la figura del no profesional, introduciendo que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer estos apoyos. En esa misma línea, garantiza que la administración abone las cotizaciones de los cuidadores principales, así como la continuidad de su labor, en caso de enfermedad grave u hospitalización.

Además, la norma amplía las funciones que realiza la ayuda a domicilio, que podrán hacer ahora acompañamientos, entra a regular las viviendas colaborativas y reconoce la teleasistencia como derecho subjetivo. 

La reforma también regula el asistente personal y flexibiliza su uso, sin restringirlo a los ámbitos educativo y laboral. 

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Financiación

Otro de los puntos destacados de la reforma es que blinda la financiación: se establece que el Estado debe aportar el 50% de los fondos. Esta era una reivindicación histórica de las comunidades autónomas y de las organizaciones del sector.

Y es que, pese a que la Ley de Dependencia nació con el compromiso de una corresponsabilidad entre administraciones –regional y central–, esta no se llegó a materializar hasta hace pocos meses, cuando el Gobierno aprobó una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027. Cumplía así, al final de la legislatura y tras varios años con los presupuestos prorrogados, con la promesa hecha en el pacto de investidura PSOE-SUMAR en 2023.

Los mayores piden controlar su cumplimiento

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), a través de su presidente José Luis Fernández, ha respaldado la aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad, valorando positivamente su apuesta por un "modelo de autonomía personal" centrado en la "escucha activa y la personalización de los cuidados". Entre los avances más significativos, la entidad destaca el reconocimiento del asistente personal y la transformación de la teleasistencia en un derecho.

Por otro lado, aunque celebra el acortamiento de seis a tres meses en el plazo legal para resolver las prestaciones, advierte de que este periodo continúa siendo "insuficiente", sobre todo para la población vulnerable con pensiones más reducidas.

En el ámbito económico, la organización ve con buenos ojos que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación, aunque considera imprescindible estructurar un plan plurianual que permita alcanzar progresivamente el 1,6 % del PIB en Dependencia.

Igualmente, CEOMA exige mayor reconocimiento y formación para los cuidadores familiares, subrayando que asumen más del 80 % de la atención en España, elevar las exigencias a los profesionales para evitar malas prácticas, y crear comisiones junto a las entidades del sector que evalúen anualmente el cumplimiento de las medidas para asegurar que las ayudas asignadas sean "inmediatas".

Temor a que los derechos vuelvan a quedar en el papel

A raíz de la finalización de su trámite parlamentario, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, entiende que la clave ahora, "además de la aprobación de la Ley", es la gestión "con pericia" del incremento de presupuesto que ya "han recibido las comunidades". 

Sin esta correcta aplicación, indica, "la ley puede convertirse en derechos de papel". "Ahora la responsabilidad está en los gobiernos autonómicos y las decisiones que tomen para eliminar burocracia y reducir listas de espera, incrementar las cuantías de las prestaciones económicas y mejorar la intensidad y compatibilidad de servicios además de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector", indica. 

En un sentido similar se pronuncia Ignacio Gamboa, presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE). "Una vez aprobada la nueva Ley de Dependencia, lo más urgente es garantizar que el incremento de financiación llegue efectivamente a los servicios profesionales", afirma.

"Este dinero puede servir para aumentar el número de destinatarios de los servicios, reducir listas de espera y mejorar las intensidades de los usuarios que ya reciben atención, pero también debe mejorar las condiciones sociolaborales de los profesionales y para ello es imprescindible actualizar los contratos y precios de la ayuda a domicilio, adaptándolos a los costes reales de prestación y permitiendo seguir mejorando la atención a las personas dependientes y las condiciones de los profesionales", indica. 

Resolver el problema de la falta de personal

Y avisa de que, "a medio plazo, el gran desafío seguirá siendo la falta de profesionales". "El sistema sólo será sostenible si somos capaces de atraer e incorporar a miles de nuevos trabajadores mediante mejores condiciones laborales, mayor reconocimiento social y una agilización de los procesos de cualificación y acreditación profesional. Sin profesionales suficientes, cualquier reforma tendrá un alcance limitado y puede derivar en frustración ante la incapacidad de alcanzar las expectativas que se generan", argumenta. En concreto, desde el Gobierno se estima que serán necesarios casi 260.000 trabajadores más en el sector de aquí a 2030.

En un sentido similar se pronuncia Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). "La aprobación es un paso importante, pero ahora toca conseguir que se traduzca en mejoras reales", comenta. 

"Lo primero es que la financiación anunciada se materialice y llegue efectivamente al sistema y a los servicios. Pero debemos ir más allá y dotar a la Dependencia de un modelo de financiación estable, suficiente y previsible. Un derecho universal no puede estar condicionado cada año por la disponibilidad presupuestaria y el incremento de la aportación estatal debe ser adicional, sin que las comunidades autónomas reduzcan su esfuerzo. La Dependencia necesita certezas y capacidad de planificación para garantizar su sostenibilidad".

Asimismo, el presidente de la FED reclama afrontar la falta de profesionales, mejorar las condiciones laborales, actualizar las tarifas y buscar fórmulas para evitar trasladar los incrementos a las familias en las plazas privadas. 

"A partir de ahí, España debe abordar la sostenibilidad de la Dependencia a largo plazo ante el envejecimiento de la población y estudiar nuevas fórmulas de financiación y colaboración público-privada que refuercen el sistema manteniendo el carácter universal del derecho", propone.

Y concluye reclamando "actuar sobre las listas de espera y los tiempos de tramitación: no podemos normalizar que una persona espere de media 314 días para que se resuelva su expediente. Es imprescindible agilizar los procedimientos y garantizar, además, derechos equivalentes con independencia de la comunidad autónoma en la que viva cada persona".

Enmiendas a la reforma

Cabe señalar que el texto final ha sido criticado por la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), quien ha denunciado el "varapalo" que ha supuesto en los derechos de los pacientes de ELA el hecho de que se haya rechazado una enmienda para incluir, en el Proyecto de Ley de Discapacidad y Dependencia, un IVA reducido del 4% para adaptación de vivienda o vehículo.

"Hace unos meses fue la burocracia para tramitar las ayudas a los cuidados del Grado III+ de Dependencia en fases avanzadas de la enfermedad y ahora estamos indignados ante un nuevo recorte en los avances que prometía la nueva reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad que se estaba tramitando y que inciden directamente en la vida de las personas con ELA", ha indicado la organización.

Además, ha señalado que el rechazo de la enmienda se añade al de la ampliación de prestaciones a personas con hijos dependientes que eligen reducir su jornada laboral para centrarse en su cuidado. "Si la propuesta que aprobó el Senado era extender desde los 23 a los 26 años estas prestaciones, ahora se rechaza por el Congreso", ha explicado, agregando que "la ELA, desgraciadamente, también alcanza a los niños y niñas, y sus familiares han visto como se elimina una mejora aprobada (...) que mejoraba la economía familiar".

De este modo, se han vetado "las mejoras que se habían introducido en su tramitación ante el Senado" al renunciar a "enmiendas que suponían un avance social y mejora para las personas dependientes", ha explicado. De hecho, también se ha rechazado "una mejora en el tratamiento de la situación tributaria de las personas dependientes", por lo que no podrán beneficiarse "de las ventajas fiscales en su declaración" desde antes del diagnóstico, ha declarado.

Cabe señalar que estas enmiendas fueron vetadas por el Gobierno al suponer un aumento del gasto. "Nuestros pacientes y sus familias no entienden que se alegue un incremento del gasto para no aprobar estas mejoras sociales, porque precisamente las personas con ELA lo que padecen, además de una cruel enfermedad, son las dificultades económicas graves" asociadas a la enfermedad, ha continuado, al tiempo que ha afirmado que, casi dos años después de la aprobación de la Ley ELA, está muy lejos de conseguirse vivir con calidad de vida y dignidad.

Por todo ello, adELA ha vuelto a reclamar "una financiación real para la Ley ELA". "Si queremos una sociedad que atiende a las personas enfermas y dependientes con políticas sociales reales, claramente requiere medidas económicas y de apoyo", ha concluido.