El SNS portugués en números rojos: 1,56 millones de pacientes sin médico de familia
Además, tiene un déficit de 1.035 millones de euros
Hay informes que se publican y pasan desapercibidos, y hay informes que, por la contundencia de sus datos, obligan a un ejercicio de honestidad colectiva. El que el Conselho de Finanças Públicas (CFP) presentó el pasado lunes 29 de junio sobre la evolución del Serviço Nacional de Saúde (SNS) portugués en 2025 pertenece a la segunda categoría. Los números son inapelables: el sistema sanitario público cerró el año con un déficit de 1.035 millones de euros, una cifra que quintuplica los 217 millones previstos en los Presupuestos del Estado. El número de usuarios registrados creció hasta los 10,7 millones, pero 1,56 millones de ellos —41.000 más que en 2024— carecen de médico de familia asignado. Y en las urgencias hospitalarias, los tiempos máximos de atención recomendados solo se cumplieron en el 44% de los casos. La presidenta del CFP, Nazaré da Costa Cabral, lo dijo con la sobriedad que exige su cargo pero con la claridad que exige la situación: es «absolutamente crítico» evaluar si las reformas están produciendo algún efecto real.
Para quien tenga más de cincuenta años y viva a uno u otro lado de la raya ibérica, estas cifras no son abstracciones. Son la radiografía de un sistema que atiende a más gente con recursos que no crecen al mismo ritmo que la demanda, y donde el grupo más perjudicado es, inevitablemente, el que más necesita la sanidad pública: las personas mayores. Un dato lo ilustra con crudeza: el 70% de los pacientes sin médico de familia en Portugal se concentra en la región de Lisboa y Valle del Tajo, precisamente una de las zonas con mayor proporción de población envejecida urbana. No es casualidad. La distribución geográfica de los recursos médicos en Portugal arrastra décadas de desequilibrios que ningún plan de emergencia ha logrado corregir.
El informe del CFP pone el dedo en una llaga que los gobiernos sucesivos han preferido cubrir con tiritas presupuestarias: la diferencia entre las medidas de corto plazo —que sí avanzan— y las reformas estructurales, que se mueven con una parsimonia que roza la parálisis. El Plano de Emergência e Transformação na Saúde, aprobado por el Gobierno en 2024, ha producido «progresos relevantes» en lo operativo, pero las piezas de fondo —salud mental, atención primaria de proximidad, coordinación entre niveles asistenciales— siguen sin encajar. Es la vieja trampa de la gestión pública sanitaria: se apagan incendios con eficacia creciente, pero nadie invierte lo suficiente en cortafuegos.
La comparación con España resulta inevitable y, en cierto modo, desoladora para ambos países. El sistema sanitario español, con sus virtudes reconocidas internacionalmente, acumula sus propios problemas de listas de espera, déficit de médicos de atención primaria y una financiación que las comunidades autónomas consideran crónicamente insuficiente. En 2025, España contaba con unos 3,4 millones de pacientes en listas de espera quirúrgica, un problema que afecta desproporcionadamente a los mayores de 65 años, que representan más del 40% de esas listas. Portugal, con dimensiones más modestas, enfrenta un problema cualitativamente similar: un sistema sanitario que fue diseñado para una población más joven, menos numerosa y con patologías menos crónicas que la actual, y que no ha sabido —o no ha querido— adaptarse al envejecimiento demográfico que ambos países ibéricos comparten.
Las cifras financieras del SNS portugués merecen una lectura atenta. La despesa corriente ha crecido un 84% en la última década —más de 7.400 millones de euros adicionales—, y el esfuerzo del Estado se ha duplicado en ese mismo período, alcanzando los 16.253 millones de euros en 2025. Sin embargo, como señaló el economista del CFP Jorge Braga Ferreira, «el futuro del SNS depende menos del aumento del gasto y más de la capacidad de aplicar las nuevas políticas y de organizar y gestionar los recursos disponibles». Dicho de otro modo: Portugal gasta más, pero no necesariamente gasta mejor. La despesa con personal pesa ya un 44% del total, los productos farmacéuticos han pasado del 23% al 27% del gasto en bienes y servicios, y los contratos de tarefeiros —profesionales temporales contratados para cubrir vacantes— representan un 3% que revela la precariedad estructural del sistema. Entre 2016 y 2025, los reforços extraordinarios de capital —inyecciones de emergencia del Estado para tapar agujeros— han acumulado 7.900 millones de euros, una cifra que habla de un sistema crónicamente infradotado en su financiación ordinaria.
Hay un aspecto del informe que debería preocupar especialmente a las personas mayores: la reducción de las consultas médicas presenciales en atención primaria. Mientras las consultas no presenciales crecieron un 3,3%, el volumen total bajó un 0,9%. En un contexto sanitario ideal, la telemedicina es un complemento valioso. Pero para una persona de setenta años que necesita que un médico la explore, le mire a los ojos y evalúe síntomas que no se transmiten por teléfono ni por videoconferencia, la sustitución de lo presencial por lo telemático no es una mejora: es un deterioro disfrazado de modernización. La brecha digital, que en Portugal afecta de manera abrumadora a los mayores de 65 años —según datos del INE, cerca del 40% de los mayores portugueses no utiliza internet con regularidad—, convierte la consulta no presencial en una barrera de acceso adicional para quienes más necesitan ser atendidos.
La presidenta del CFP tuvo la honestidad de advertir contra un riesgo que suele pasar desapercibido: el de diseñar políticas públicas basadas en percepciones o en opiniones que «crean una imagen distorsionada» del sector. Es una advertencia que vale tanto para Portugal como para España, y que los mayores de cincuenta años —con su experiencia vital y su sentido crítico— están en condiciones de apreciar mejor que nadie. Cuando un gobierno anuncia que ha aumentado la despesa sanitaria, la pregunta pertinente no es cuánto más se gasta, sino en qué se gasta y con qué resultados. Cuando se celebra que hay más usuarios registrados en el sistema, la pregunta pertinente es cuántos de ellos tienen acceso real a un médico que les conozca y les haga seguimiento. Cuando se presentan planes de transformación con nombres grandilocuentes, la pregunta pertinente es cuántas de sus medidas se han ejecutado realmente y cuántas siguen durmiendo en un cajón ministerial.
Portugal tiene, en su sanidad pública, un espejo en el que España puede y debe mirarse. No para consolarse con los males ajenos, sino para anticipar los propios. Los dos países comparten una tasa de envejecimiento acelerado, una medicina cada vez más cara, una atención primaria debilitada y una tentación política de resolver con gasto lo que debería resolverse con planificación. El informe del CFP ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: que gastar más no equivale a cuidar mejor, y que las reformas que de verdad importan —las que reorganizan el sistema, las que acercan al médico al paciente, las que integran la atención social y sanitaria para los mayores dependientes— son precisamente las que más tardan en llegar. Quienes hoy tienen más de cincuenta años no pueden permitirse esperar otra década a que esas reformas maduren. El reloj biológico no entiende de legislaturas ni de comisiones de expertos.
