Manifiesto para exigir una Ley de Protección Integral a los Mayores

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Córdoba se suma a la ILP para una Ley de Protección Integral contra el maltrato a personas mayores (Bigstock) Miia

Con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio, ABTE Candelaria Granada hace público a través de la presente, un manifiesto institucional en el que exige la aprobación y el desarrollo efectivo de una Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores.

A través del mismo se denuncia la persistente invisibilización de esta realidad y la reclamación de respuestas urgentes para proteger a un colectivo que representa ya más del 20% de la población española.

Este manifiesto aborda el maltrato desde una perspectiva integral y multidimensional, destacando que no solo se expresa mediante la violencia física, sino también a través del maltrato psicológico, la explotación económica y patrimonial, la negligencia en los cuidados básicos y el edadismo o discriminación por razón de edad.

Según la entidad, la futura ley debe incorporar mecanismos eficaces de prevención, detección, denuncia y protección que permitan superar las actuales carencias del sistema y garantizar un acceso real y efectivo a la justicia.

Medidas para la prevención y detección temprana del maltrato

La propuesta plantea, entre otras actuaciones:

  • Prevención del maltrato a través de campañas de sensibilización, y políticas públicas que  fomenten el respeto a las personas mayores.
  • Formación obligatoria y continuada para profesionales sanitarios, sociales, judiciales y del ámbito residencial, con el fin de identificar indicios de maltrato físico, psicológico, patrimonial o social.
  • Creación de equipos multidisciplinares de detección precoz en centros de atención primaria, residencias y servicios sociales.
  • Implantación de sistemas de registro y notificación obligatoria de incidencias graves en centros residenciales y centros de día.
  • Desarrollo de campañas orientadas a la información de derechos, y protocolos de actuación del maltrato, accesibles para personas mayores, familias y cuidadores.
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Medidas para facilitar la denuncia

El manifiesto también reclama:

  • Canales de denuncia confidenciales y anónimos en organismos públicos, residencias y servicios asistenciales.
  • Protección legal efectiva frente a represalias para denunciantes, familiares y profesionales.
  • Designación de responsables independientes encargados de gestionar y supervisar las denuncias.
  • Procedimientos accesibles que permitan presentar denuncias de forma verbal, escrita, digital o a través de terceros.
  • Plazos ágiles de respuesta e investigación, con sistemas de seguimiento y trazabilidad.

Estas medidas deben complementarse con asistencia jurídica y psicológica gratuita para las víctimas, así como con la obligación de trasladar a la Fiscalía y a la autoridad judicial aquellos casos que pudieran constituir delito.

Asimismo, la organización considera imprescindible que la futura norma contemple un régimen sancionador claro para quienes obstaculicen las denuncias o ejerzan cualquier tipo de represalia contra las víctimas o denunciantes.

"El envejecimiento de la población constituye uno de los grandes éxitos de nuestra sociedad, pero a la vez un reto demográfico que hay que afrontar. Sin embargo, solo será un verdadero logro colectivo si garantizamos que las personas mayores puedan vivir esta etapa de sus vidas con seguridad, dignidad y respeto. Proteger sus derechos es una obligación ética y de derechos humanos que no admite demora", señalan los promotores del manifiesto.

ABTE Candelaria Granada hace un llamamiento a las administraciones públicas, fuerzas políticas, entidades sociales y ciudadanía para sumarse a esta reivindicación y acelerar el debate y la aprobación de la futura Ley Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores.

La iniciativa legislativa fue registrada en el Congreso de los Diputados el 12 de febrero de 2026 y actualmente se encuentra pendiente de su toma en consideración por los grupos parlamentarios, paso previo al inicio de su tramitación legislativa.