Jueves 28 de marzo de 2019
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Soledad y fraude. Estamos asistiendo en estos días a ejemplos de situaciones que producen gran inseguridad y relegan a un estado de vulnerabilidad a las personas mayores. Situaciones que evidencian la debilidad de nuestro sistema, pero también suponen un reto para reflexionar sobre las mejoras que se han de impulsar para paliar el estado de desprotección y corregir las situaciones de abuso.
Cada vez parecen normalizarse más a nuestros ojos titulares tan sorprendentes como "Detenida tras ocultar 11 años la muerte de su marido para cobrar la pensión" o "7 años de cárcel a un funcionario del INSS por cobrar durante 16 años la pensión de su abuelo muerto". Imagino que el lector puede plantearse cuál es la rigurosidad de los controles que se realizan cuando ha pasado más de una década para que el órgano competente tome conciencia de tales irregularidades. En el marco de la relación de la institución a la que represento con la Administración Pública, anualmente los habilitados tienen obligación de realizar un control de vivencia y aptitud legal de los pensionistas para evitar irregularidades en el pago de sus pensiones.
No es la primera vez que sucede, ni será la última, pero aumentan en frecuencia. Recuerdo cómo en los últimos meses hemos conocido el caso de la anciana de 99 años que ha sido desahuciada por orden judicial en Pozuelo de Alarcón, debido presuntamente a que un familiar había procedido a la venta de la vivienda en la que residía, sin su consentimiento. Como contrapartida el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Muragán, abría en el mes de enero una actuación de oficio para conocer en detalle el caso de dos ancianos que fueron desahuciados de su hogar en Oviedo pasando varios días en la calle.
Sabemos también del fraude millonario destapado por la Policía en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, en relación al cobro indebido de pensiones de personas fallecidas por un valor de casi 6 millones de euros. Una estafa a nivel nacional que afecta a diez comunidades autónomas, y en la que la mayoría de los implicados eran familiares de las personas fallecidas. Como contrapartida en este caso, el Tribunal de Cuentas detectó y recogió en un informe de 2014, que cerca de 30.000 personas habían continuado cobrando una pensión cuando figuraban como fallecidas. El órgano de fiscalización hace hincapié en las deficiencias detectadas en el control de la Seguridad Social sobre las defunciones de pensionistas, ofreciendo recomendaciones concretas para evitar el pago de prestaciones de manera indebida.
Con los ejemplos citados quiero poner de manifiesto que contamos con las dos caras de la misma moneda: por un lado el de los hechos indeseados, por el otro, el de las iniciativas institucionales que buscan prevenirlas, y en última instancia evitarlas.
Se producen situaciones inaceptables que han de ser revisadas y corregidas, adoptando medidas más contundentes y definitivas, medidas imprescindibles para detectar, controlar y evitar las situaciones como la descritas previamente. Y es que no solo hablamos de desfalcos con el consiguiente perjuicio económico de mayor o menor entidad, sino de una manifiesta vulnerabilidad en los procesos de control de nuestros sistemas, repercutiendo en terceros que generalmente responden al perfil de personas mayores y dependientes, de las que se aprovechan muchas veces las personas de sus círculos más cercanos.
El Defensor del Pueblo hace constar que en los últimos años se ha producido un aumento de quejas relacionadas con las personas mayores y el envejecimiento, muchas de ellas están conectadas con la aplicación de la Ley de Dependencia, la calidad de la atención asistencial recibida, la suficiencia de las pensiones o el copago farmacéutico.
Coincido con Fernández Muragán en la necesidad de abrir un debate político y social en relación a la situación de soledad indeseada de las personas mayores e impulsar políticas de prevención y concienciación social. Pero también considero imprescindible trabajar en el análisis de situaciones específicas, en muchas ocasiones estrechamente ligadas a la soledad no deseada que afectan a personas mayores, para plantear soluciones concretas revisables en el tiempo con un riguroso seguimiento ex post que permita mejorar los procesos para alcanzar los objetivos marcados en favor de un cambio a mejor. Para ello, tendremos presente el alargamiento de la etapa del pensionista, las facultades físicas y mentales y la consecuente necesidad de un apoyo profesional voluntario o impuesto en determinados casos, como es la discapacidad tutelada, paliando mediante este acercamiento humano, pero de corte profesional, que la persona se vea amparada y protegida.
El objetivo último es que no se produzcan abusos a este colectivo vulnerable e identificable, y que no sean perjudicados en lo material sin desatender, obviamente, lo que resulta del todo básico, evitar la profunda sensación de soledad en el entorno social y familiar, pues no se debe permitir habida cuenta del sufrimiento que supone para las personas mayores afectadas y por degradar a la sociedad que lo permite.
Jose Antonio Sánchez Lucán, Presidente del Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas
