Cada año ocurre lo mismo: la subida de precios de los productos y servicios hace que los ingresos para garantizar una vida digna pierdan poder adquisitivo. Los precios de los artículos básicos aumentan muy por encima del IPC, mientras que las pensiones solo se actualizan con el IPC oficial. Y aquí está la trampa.

Pan, fruta, carne, pescado, electricidad, gas, medicinas, servicios... Todo esto es mucho más caro que el IPC oficial. Esto significa que, cada año, somos más pobres; y que, cada año, hay más personas mayores, trabajadoras y trabajadores con empleo precario y salarios reducidos en el umbral de la pobreza.

Desde Coespe (@CoespeOficial) denunciamos que esta es una realidad social que puede verse en las calles, en los mercados, en las farmacias y en las colas de los servicios sociales. Una realidad que no necesita estadísticas para ser comprendida, porque es palpable en la vida cotidiana.

Cuando no llega una pensión pública o un salario suficiente, no es solo un problema económico, sino una fractura social. Una persona mayor que no puede permitirse la calefacción, que tiene que elegir entre comida o medicación, o que no puede asumir el coste de una residencia o de un centro de día, es una persona socialmente excluida.

Y esta exclusión es doblemente injusta porque recae en una generación que lo ha dado todo: ha construido barrios, ha apoyado a las familias, ha trabajado durante décadas sin derechos, ha luchado por las pensiones, la salud y la educación, y aún hoy cuida de hijos, nietos, personas dependientes y familias enteras. Es una contradicción brutal, ya que la generación que más ha contribuido al país es la que más sufre la precariedad.

Pérdida clara de poder adquisitivo

Cuando el precio de los alimentos básicos sube un 8%, 10% o 12%, y las pensiones solo crecen un 3%, 4% o 5%, el resultado es claro: pérdida de poder adquisitivo. Y esta pérdida acumulada, año tras año, es devastadora. Significa menos capacidad para comprar alimentos frescos, menos capacidad para pagar suministros, menos acceso a servicios esenciales, menos capacidad para ayudar a la familia y menos capacidad para vivir con dignidad. Y cuando se reduce la dignidad, el país retrocede.

Por esta razón, el aumento de las pensiones públicas y de los salarios debe tener en cuenta el precio real de los productos básicos, el coste de la energía, el coste de la dependencia y la función social de los mayores, para garantizar de forma efectiva una pensión pública digna y unos salarios suficientes.

El año pasado sufrimos una pérdida real en salarios y pensiones. Y este año, el panorama es aún más duro: de agosto de 2025 a agosto de 2026, la subida del coste de la vida ha sido del 4,3%, mientras que la subida aplicada a las pensiones este año ha sido del 2,7%. Por lo tanto, una evidente pérdida de poder adquisitivo.

Coespe reivindica, por lo tanto, el 6% de alza de las pensiones como una necesidad real, tanto de las pensiones públicas como de los salarios para el año 2027.

Los productos básicos, la energía y la vivienda se han encarecido. Esto significa que, si el Gobierno y el Congreso de los Diputados y Diputadas quieren garantizar el poder adquisitivo de salarios y pensiones públicas, deben legislar una subida real de las pensiones públicas y de los salarios, acompañada de una paga compensatoria y de una cláusula de revisión que los garantice.

No es una reivindicación maximalista; es matemática social. Si cada año los precios suben más que las pensiones públicas y los salarios, cada vez se empuja a más personas mayores, trabajadoras y trabajadores hacia el umbral de la pobreza.

La vuelta del verano nos sitúa en la cruda realidad y nos llena de razones y argumentos para seguir llamando a la movilización continua en todo el Estado: en plazas y pueblos con lunes al sol ante las instituciones (Gobierno, Congreso, administraciones autonómicas y municipales), caminando hacia la manifestación del 24 de octubre en Madrid.

¡Gobierne quien gobierne, los derechos, los salarios y las pensiones públicas se defienden!